El nombramiento de Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general de la nación, con asonada y todo contra la Corte de Suprema promovida por el presidente Gustavo Petro, sigue sin crear la certidumbre y la confianza sobre la imparcialidad de la Justicia en Colombia, en general, y de la Fiscalía, en particular.
La nueva fiscal se crio en la Rama Judicial. Subió sola peldaño por peldaño hasta llegar a uno de los puestos más importantes de la Rama Judicial. En medio de la polarización que hoy existe y de un presidente que desconoce las reglas mínimas de respeto a la separación de poderes, el papel de la Justicia en la defensa de la democracia se ha convertido en un bálsamo y en un ejemplo de cómo se puede actuar para defender esa rama del poder público y generar credibilidad.
Hoy la fiscal debe tener claro el papel que juega. Y la medida de generar en menos de un mes la acusación al expresidente Álvaro Uribe de manipulación de testigos deja, por lo menos, un sinsabor en un sector importante de la opinión pública. Por el bien de la democracia, debe dar la cara y explicar con claridad cómo fue el proceso que llevó a la entidad a tomar esa determinación.
La Fiscalía está en todo su derecho de tomar esa decisión. Pero para generar confianza en la entidad y en la persona, que, no nos digamos mentiras, no la hay, la fiscal Camargo debe contestar las preguntas que todos nos estamos haciendo.
La primera y la más obvia: ¿qué evidencias nuevas existen para cambiar la petición de preclusión que anteriormente hicieron ante un juez dos fiscales de carrera de la entidad y tres procuradores?
Si la respuesta es ninguna, y creo que es así, debe contestar con claridad qué nueva interpretación les da a las pruebas que hoy tiene esa entidad para cambiar la posición. La fiscal no puede escudarse en la reserva del sumario, que ya fue filtrado por magistrados muchas veces, y, al contrario, debe reafirmar su posición. ¿Valida testigos que se retractaron y que mintieron o que están condenados? ¿Por qué? Puede hacerlo y está en su derecho, pero los colombianos queremos saber el raciocinio de la jurista que hoy está al frente de la entidad.
Otra pregunta: ¿la fiscal y los fiscales encargados revisaron el testimonio de los dos testigos fundamentales en el proceso contra el abogado Diego Cadena? Uno de ellos, Carlos Enrique Vélez, afirmó que Diego Cadena le ofreció dinero, lo que fue el titular de los medios, en especial de aquellos que tienen agenda política. Se les olvidó decir que ante las preguntas del abogado defensor cambió la cifra tres veces y cuando habló de un adelanto que le dieron dijo que eran 500.000 pesos. ¿En serio? La credibilidad de este testigo quedó en cero. Y tanto Monsalve como su esposa dijeron que Cadena siempre les pidió que dijeran la verdad. Fueron tan claras las evidencias que La W tituló, más o menos, que los testigos quedaron valiendo cero. Un excolumnista de SEMANA con un odio visceral por Uribe llamó para que cambiaran el titular, pero no lo logró, pues la evidencia era contundente.
Una más: ¿es cierto que Hernando Barrera Ardila, el coordinador de fiscales ante la Corte, es cuota de Petro? Él es el responsable de hacer la acusación, un escrito muy precario, por cierto, lo que deja mal parada a la institución, y deberá responder por el tema. Pero quien carga con toda la responsabilidad política es la fiscal, de esa no se puede librar.
La verdad, la fiscal estaba entre la espada y la pared. Había podido manejar mucho mejor la situación, pero por ahora queda no como una funcionaria independiente y seria –que, según he investigado, lo es–, sino como un subrogado del ministro de Defensa, Iván Velásquez, su anterior jefe en Guatemala. Un error del que puede recuperarse, pues con este paso ya no le debe nada a nadie. Es libre para hacer una gran fiscalía, imparcial, eficiente, y que recupere la confianza del ciudadano.
Independientemente de los titulares que duelen en el alma y forman parte de la estrategia que usan los ‘progres’ para acabar al ser humano que se les enfrenta, el presidente Álvaro Uribe ya queda en la recta final de su proceso. Los jueces de circuito son quienes tienen la palabra, y lo que he podido averiguar con distintos abogados penalistas es que son de primera, con carácter y no se dejan presionar, que es lo que se necesita en este momento. De la inocencia de Uribe no tengo duda alguna.
La Justicia, sí, con mayúscula, pues con lo que ha hecho para defender la democracia lo merece, tiene la palabra. Un país donde criminales de guerra y de lesa humanidad están libres y no han pagado nada en ningún sentido por sus delitos, y otro que por lo menos sí pagó 16 años de cárcel, como Mancuso, el Gobierno lo convierte en ¡gestor de paz!, es un país que tiene sus valores y sus principios patas arriba. Más aún cuando el presidente que acabó con los paramilitares –la muestra es el anterior botón– y salvó a Colombia de ser un Estado fallido con plena vigencia de la democracia está siendo acusado de manipulación de testigos, en un proceso lleno de arbitrariedades e ilegalidades procesales, lleno de presiones políticas y con terribles actores de la justicia –esa sí en minúscula, pues forman parte de esa mafia negociante y politiquera de exmagistrados–.
Esperemos. Pero creo en la Justicia. Ojalá la fiscal entienda el papel que le toca jugar en bien de TODOS los colombianos. Además, ya no le debe nada a nadie.