El 22 de marzo de 2022 en la vía que de Bucaramanga conduce a Málaga, la capital de la provincia santandereana de García Rovira, se presentó el trágico accidente de un bus escolar. En una carretera difícil, en la topografía común de tantas carreteras colombianas de montaña, el bus que trasportaba 21 niños rodó 200 metros a lo más profundo de un abismo. Esto sucedió en un punto ubicado entre el corregimiento de Laguna de Ortices y el municipio de San Andrés, en el oriente santandereano.
En el lugar de la tragedia fallecieron 6 niños. Diez y seis escolares más el conductor del bus quedaron heridos. Varios de ellos de gravedad. La llegada de los cuerpos de socorro y el penoso rescate se realizó en medio de la agonía de todos, incluyendo los familiares, el personal de auxilio, los vecinos, así como de todos aquellos que voluntariamente quisieron colaborar.
Los niños que no presentaban lesiones severas fueron atendidos en San Andrés. Pero nueve heridos de gravedad pusieron en un extremadamente complicado dilema a los cuerpos de socorro y de atención prehospitalaria que habían arribado. La condición de los niños era crítica y cuatro de ellos estaban en riesgo vital inminente. Era muy posible que su condición no diera tiempo al transporte vía terrestre a Bucaramanga, que tomaría 7 horas. En medio de una situación tan compleja se tomó una acertada decisión: movilizarlos al Hospital Regional de Málaga, localizado a algo más de dos horas del sitio del accidente.
El 13 de noviembre de 2020 se había abierto al público la unidad de cuidados intensivos del hospital de Málaga con el fin de atender pacientes enfermos de COVID. Se hizo para proteger a la población de la región más apartada del departamento, en una provincia con más de 100,000 habitantes, asentados en 12 municipios.
Gracias a la existencia de esas UCIs fue posible estabilizar y salvar la vida de los 4 niños. Dos de ellos fueron aerotransportados el día siguiente hacia Bucaramanga.
Las UCIs del Hospital Regional de Málaga tienen 5 camas de cuidado intensivo y 8 de cuidado intermedio. Su atención es coordinada por un médico internista y cuenta con recurso médico y de enfermería que fue entrenado por la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo durante la pandemia. Hasta el día de hoy, han atendido más de 1,300 pacientes de la región. La disponibilidad ha permitido también la expansión de los servicios hospitalarios de ortopedia, la atención de cuadros agudos abdominales y de preeclampsias en mujeres embarazadas. Se han podido abrir para los garciarovirenses servicios que antes no existían.
El proyecto de construcción, dotación y puesta en marcha costó $5,000 millones de pesos -50% financiado por el ministerio y 50% por el departamento- . Las UCIS de Málaga se diseñaron, contrataron, construyeron y dotaron en 75 días en un gran esfuerzo mancomunado. Una ejecución seguida, minuto a minuto, entre el ministerio de salud, la gobernación de Santander, el hospital y la alcaldía municipal. También la Procuraduría y la Contraloría, que durante la pandemia abrieron una auditoria especial para el seguimiento de la ejecución y de las adquisiciones.
Esta historia se repitió en San Gil y Barranca en el departamento. Pero también en Puerto Carreño, La Plata, Puerto Boyacá, Moniquirá, Inírida, Mitú, Leticia, Maicao y en muchos otros lugares de Colombia. El plan de acción durante la pandemia permitió cerrar brechas que nunca debieron existir. Por ejemplo que en los hospitales públicos de Quibdó y Buenaventura no contaran con UCIs antes de la pandemia. Hoy la gran mayoría continúa funcionando. Generan salud para sus comunidades y esas comunidades han querido que se mantengan.
Una historia puede ser más poderosa que miles de argumentos. Y a veces existen historias que permanecen allí en el trasfondo, esperando ser contadas. Para que la sociedad valore en toda su extensión los esfuerzos que esa misma sociedad es capaz de hacer en momentos de máxima crisis.