El triunfo del No a las actividades mineras en la consulta popular de Cajamarca, Tolima, el pasado 26 de marzo, ha metido al gobierno nacional en una encrucijada mayor. Si anula el título minero que le otorgó a la empresa AngloGold Ashanti, atendiendo a esta expresión democrática de la población, quiere decir que empieza a ceder la propiedad que tiene la Nación sobre los recursos del subsuelo, que se arriesga a una demanda internacional de la compañía y que se priva de recursos valiosos para el presupuesto nacional. Pero si desconoce la consulta ciudadana, como lo ha planteado el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, en sus primeras reacciones ante la prensa, si hace como si nada hubiese ocurrido, agudiza y prolonga este conflicto social con el enorme riesgo de que derive en acciones de hecho. Es una muy mala estrategia del gobierno decir que es una simple acción política sin ninguna implicación legal, que todo seguirá como antes.Ahora bien, el voto negativo en las consultas no ha sido la única ni la principal, manifestación del conflicto que se ha ido tejiendo entre las comunidades y las empresas, entre lo local y lo nacional, entre las actividades mineras legales y las ilegales. En un libro que saldrá al mercado a finales del mes de abril damos cuenta de un minucioso estudio de 179 conflictos sociales originados en las industrias extractivas entre el año 2000 y el año 2016 y allí se pueden ver los paros, los bloqueos, la destrucción de bienes, los choques con autoridades, los desplazamientos forzados, los innumerables homicidios presentes en las explotaciones de petróleo, carbón, oro y otros materiales.Lea Uribe: seis campañas, seis escándalos En la base de estos conflictos están la violencia y la ilegalidad presentes en la extracción de los hidrocarburos y minerales, especialmente en la minería del oro donde la explotación ilegal alcanza el 70 por ciento según datos oficiales; las limitaciones y deficiencias de la legislación y la institucionalidad que controlan y regulan las actividades minero-energéticas, o, dicho de otra manera, los graves problemas en la gobernanza del sector que no permiten una vigilancia y control de los impactos ambientales y sociales de estas industrias; la corrupción y la inequidad en la distribución y en la utilización de las regalías provenientes de la explotación de estos recursos naturales no renovables pertenecientes por derecho a la Nación; y la urgencia de un reajuste al ordenamiento territorial.El gobierno ha respondido siempre a estos conflictos de la misma manera que respondió el ministro Arce a los promotores de la consulta ciudadana en Cajamarca. Siempre, desde el olimpo en Bogotá, se dice que el subsuelo es de la Nación, que la ley le autoriza al gobierno nacional la concesión de títulos mineros, que en los paros y las protestas sociales están infiltrados los guerrilleros, que las consultas locales no son vinculantes, que la explotación de estos recursos es indispensable para el desarrollo.Las grandes empresas a su vez han tomado como único interlocutor de su actividad al gobierno nacional, han confiado que de su mano pueden adelantar la exploración y la explotación de los recursos y han obviado un diálogo constructivo con las comunidades y los gobiernos locales. Solo unas pocas se han interesado en mirar lo regional y local, pero han incurrido en prácticas clientelistas y paternalistas que en vez de solucionar los problemas han terminado por ahondarlos.Lea 100 días del acuerdo de pazPero la votación de Cajamarca ha tenido una inesperada resonancia y ha puesto entre los palos al gobierno nacional. No creo que sea fácil ignorar el hecho. El contagio sobre otras diez consultas probables en los próximos meses será enorme. (Ver consultas realizadas y consultas en curso). La inestabilidad jurídica que producirán estas manifestaciones ciudadanas, el desafío que implican para las empresas será inocultable, la inversión nacional y extranjera tendrá muy malas señales.Sin embargo, el momento no es del todo negativo y el gobierno nacional y las empresas deberían aprovechar la situación para superar la encrucijada en que se encuentra la explotación de los recursos naturales no renovables. La Corte Constitucional en una sentencia reciente señala que si bien el subsuelo es de la Nación, su explotación exige la concertación con los gobiernos y las comunidades locales. A su vez en el país se está gestando un ambiente de concertación con motivo del acuerdo de paz con las Farc y las negociaciones con el ELN, fuerzas ilegales que han tenido mucho que ver con la violencia y la ilegalidad en el sector.El presidente Santos tendría que abrir las puertas a un diálogo nacional minero-energético, a un proceso de concertación estratégica con todos los actores locales y nacionales decisivos en el sector, orientado a suscribir un gran pacto nacional. Los objetivos de esta concertación democrática serían sacar la violencia y la ilegalidad del sector; reformar la legislación y la institucionalidad que regulan la exploración, la explotación y el cierre de los proyectos minero-energéticos; hacer ajustes al ordenamiento territorial en función de una explotación sostenible de los recursos naturales; y generar un acuerdo para el manejo transparente de las regalías y para la inversión de las empresas en el posconflicto.Vea más columnas de León Valencia aquí