Desde el 28 de abril de 2021, con el inicio de las convocatorias del Comité del Paro en plena pandemia, fuimos testigos de las aglomeraciones, los bloqueos, y conocimos a las primeras líneas como grupos organizados, financiados y -en algunos casos- armados que se adueñaron de tres zonas de la ciudad bajo la mirada cómplice del gobierno distrital, del que nunca hubo un pronunciamiento contundente rechazando lo actos violentos contra los residentes de Kennedy, Usme y Suba.
El fortín ha sido sin duda el Portal Américas. Allí, van ocho meses de intranquilidad, desidia y daños multimillonarios a la infraestructura pública y privada; los residentes de este sector ya no tienen defensa alguna cuando llegan los 28 de cada mes para proteger su integridad o la de sus viviendas, ya no son suficientes las tablas o polisombras, porque todas son destruidas o reutilizadas para atacar a la Policía que se ha visto sin respaldo de la Administración para actuar en favor de los vecinos. Las calles tras los disturbios hablan por sí solas del caos que propician los violentos: andenes sin adoquines, cámaras de seguridad de la calle y conjuntos que son hurtadas y dañadas, señales de tránsito arrancadas y usadas contra el Esmad; parques que se ocupan como bases y escondites, para entrenarse, para distribuir armamento y hasta droga. Los pocos residentes que han decidido denunciar están amenazados y cada vez son más frecuentes los avisos de Se arrienda y Se vende, pues por los constantes enfrentamientos se abrió paso al desplazamiento forzado.
Ni la Administración Distrital ni la justicia les han cumplido a los vecinos de los portales, son reiterados los llamados a la alcaldesa, la Secretaría de Gobierno y la Personería para que reconozcan el caos que se vive cada mes, y de la justicia seguimos esperando respuesta por las tres acciones jurídicas que hemos impulsado junto a los afectados. Del 18 de mayo, tan pronto se inició con la violencia de las protestas, la acción popular del 9 de junio y una última tutela del 3 de noviembre que no han tenido una respuesta a favor de los derechos de los habitantes de esta localidad.
La ciudad terminó el año con un balance de más de 30.000 millones de pesos en daños por el vandalismo, la mayor parte de esta cifra relacionada con los ataques al Portal Américas y por lo menos cuatro estaciones circundantes, como la de la Biblioteca El Tintal que permanece todavía sin servicio; afectaciones a redes semafóricas, el SuperCade y a buses de Transmilenio articulados y zonales que fueron atacados e incinerados.
Hoy a estos daños se suman los intangibles de las afectaciones a las personas que fueron sometidas a bloqueos que les obligaron a caminar por horas para regresar a sus hogares, acudir a sus trabajos, estudios o citas médicas; amenazas, porque les ubicaron peajes ilegales frente a sus conjuntos, por los que deben pagar para transitar o atenerse a ser víctimas de la acción de los encapuchados; o por la incertidumbre, miedo y desolación que viven al ver que la ayuda en ocho meses no viene de ninguna parte, pero que sí se engaña a la opinión pública con pronunciamientos cínicos de la alcaldesa como el del pasado 26 de noviembre, en el que afirmaba que el Portal estaba totalmente recuperado, negando lo evidente, mientras que la primera línea continúa mandando en el sector.
Y es que es gracias a la acción de la Policía Nacional es que ha sido posible la captura en esa zona de 114 personas, ocho que permanecen en prisión. Con ello se ha logrado establecer que sí hay una acción organizada y criminal, que ha dejado a un policía atacado con bomba incendiaria en una UCI y otro más apuñalado, vándalos que además cuentan con apoyo de algunos residentes de la zona que actúan y dan provisiones en las protestas.
Son ocho meses de sentirse secuestrados en sus propias casas, en hora buena llega el respaldo del Gobierno nacional, que debe demostrar que -contrario a lo que ha hecho la Administración Distrital- no se queda en palabras, sino que emprende y adopta medidas como garantía de que el próximo 28 de enero los vecinos estarán protegidos de las garras del vandalismo.
Lucía Bastidas – Concejal de Bogotá