Cuando hace un año casi 12 millones de colombianos votaron la Consulta Anticorrupción, el Gobierno y los partidos tomaron la decisión política de acatar el mandato popular, sin importar que no se hubiera alcanzado el umbral. Congresistas en orillas opuestas se montaron en el bus de la victoria hablando en todos los escenarios sobre la necesidad de tramitar una ambiciosa agenda anticorrupción y crearon una esperanza generalizada de cambio impulsado desde la Rama Legislativa. Doce meses después, el humo se despejó, el resultado es malo y no parece haber voluntad de adelantar las reformas que el país demanda en materia de transparencia. De los proyectos que se presentaron para elevar los siete puntos de la Consulta a categoría de ley, solo uno ha sido aprobado: el que obliga a los congresistas a rendir cuentas de su gestión. Otras iniciativas simplemente se han hundido, por acción o por omisión del Congreso de la República: la que reduce el salario de los congresista, la que prohíbe reelegirse indefinidamente en corporaciones públicas y la que elimina los beneficios para los corruptos, incluyendo la casa por cárcel. Los otros proyectos siguen navegando el peligroso mar parlamentario, donde por la vía de las proposiciones se intenta dejar sin dientes las herramientas anticorrupción. Lo que está pasando con el proyecto que cambia el régimen de conflictos de interés de los congresistas refleja la actitud de algunos parlamentarios frente a la agenda anticorrupción y a cualquier iniciativa que implique sacarlos de su zona de confort. En medio de un ambiente de solidaridad de cuerpo, representantes a la Cámara se han opuesto a la medida que los obliga a declarar las actividades de sus familiares para dar un mayor grado de transparencia a la hora de votar los proyectos; han puesto el grito en el aire, llegando incluso a asegurar que un simple registro general de intereses pone en riesgo la vida de sus padres, hermanos o hijos. Eso sí, ni cortos ni perezosos, los congresistas aprovecharon el ‘papayazo‘ del proyecto para bajar el nivel de exigibilidad, obligándose a declarar sus conflictos de interés frente a los familiares en segundo grado de consanguinidad y no en cuarto, como hoy lo establece la ley. Pueden tener razón quienes piensan el paquete de proyectos que se tramita en el Congreso no ataca las causas fundamentales de la corrupción; sin embargo, la falta de credibilidad de los colombianos en las instituciones hacen necesarios mensajes, señales de sus legisladores que permitan retomar un camino de confianza. Los puntos de la consulta dejaron de ser un capricho de un sector político cuando millones los volvieron mandatos populares que no pueden ser ignorados por las fuerzas políticas. El camino que recorre el Congreso es peligroso. Pretender ir en contravía del clamor popular, descartando los proyectos anticorrupción y descalificándolos en medio de los aplausos de los compañeros de pupitre, terminará ampliando la brecha entre la clase política y los ciudadanos. Probablemente esa factura no la verán los congresistas en esta elección pero más temprano que tarde, la estantería se les caerá encima. Pildorita: El rearme de Iván Márquez, "El Paisa" y Jesús Santrich no es el inicio de una nueva guerrilla, es una aventura criminal que no pone en peligro el proceso de paz. Hoy, más que nunca, los colombianos tenemos que rodear a los miles de excombatientes que están cumpliendo.