En un hecho que ha despertado profunda indignación en Bogotá, la juez 69 de control de garantías dejó en libertad a una banda de atracadores que había perpetrado un asalto masivo en un bus de TransMilenio. La organización delincuencial, conformada por siete hombres y seis mujeres de nacionalidad venezolana, celebró la decisión de la juez como si se tratara de un gol.
Y es que 9 de cada 10 venezolanos capturados por cometer delitos en Bogotá quedan en libertad. La impunidad es virtualmente toda. La ciudadanía se siente impotente ante esta trampa mortal en la que se convirtió la ciudad. Entre enero y octubre de este año, se han registrado 5082 hurtos en la capital. Es una cifra casi igual a la del mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 5077 hurtos: estamos estancados como ciudad en la inseguridad.
A decir de la juez, su decisión se tomó por dos motivos: primero, por fallos en el procedimiento por parte de la Policía; luego, porque según ella, “le sale muy costoso al Estado tener presos a estos individuos”.
Con el debido respeto que la Justicia merece, nadie en Bogotá podría estar de acuerdo con estas razones.
Para empezar, los delincuentes fueron sorprendidos en flagrancia, en posesión de armas y objetos robados. Fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad del sistema TransMilenio. Incluso hirieron en la cabeza a un pasajero, quien dio testimonio de lo ocurrido. Estos son hechos que deben pesar más que el fallo en un tecnicismo jurídico, que echó por tierra la captura de los 13 delincuentes.
En una ciudad donde da auténtico pavor tomar un bus o cruzar un puente peatonal de noche, los ciudadanos esperan que su seguridad sea más importante que cualquier tecnicismo. Pero de ahondaremos más adelante.
La segunda razón esgrimida por la juez es todavía más insólita: justificar la puesta en libertad de probados criminales, solo porque meterlos a la cárcel le cuestan alrededor de dos millones al mes al Estado, que somos todos. Si de costos se trata, con el hurto de solo dos equipos celulares estos atracadores ya le salieron más costosos a todos los colombianos que un mes entero de cárcel.
Pero esta banda no se limita a robar solo dos equipos al mes, pues se dedica al atraco masivo en buses de TransMilenio. Nuevamente, con el debido respeto que merece la juez, la Justicia en el país está para garantizar precisamente justicia, y no ahorro en gastos.
Pero la decisión de la juez está sustentada, en todo caso, en un tecnicismo, que pone la pureza del Derecho por encima de los hechos.
Es verdad que un Estado debe garantizar juicios justos como derecho universal. ¿Pero puede estar este derecho, evidentemente manipulado por el delincuente, por encima de la seguridad ciudadana de todos los bogotanos?
Las personas creen que las autoridades no hacen nada para mejorar la seguridad. Esta es una verdad que oímos día a día en nuestro trabajo en todas las localidades de Bogotá. Los ciudadanos seguirán con esa terrible percepción si se siguen tomando decisiones que alientan a los delincuentes y perjudican a las personas honradas.
Los amantes del dogmatismo jurídico responderán que a nadie le gustaría ser sometido a un juicio injusto. Ese es el sentido de declarar libertades cuando algo en el procedimiento falla. Tienen razón. Pero hay algo que desagrada aún más a las personas: que un delincuente reincidente las atraque, sea capturado, y por un tecnicismo vuelva a salir, dos veces reincidente, vuelva a atracar a las personas, sea capturado de nuevo, y se repita todo el ciclo sin que la justicia como derecho aparezca jamás para las víctimas.
Otro argumento esgrimido siempre es que el fin de la pena debe ser resocializar al delincuente. Nuestras cárceles, hacinadas y llenas de violencias internas, no contribuirían a ese propósito.
Por eso para algunos que un criminal vaya a la cárcel es irrelevante, y si en manos de ellos estuviera, no existirían las cárceles más que en casos excepcionales, como genocidas o asesinos en serie. De hecho, luchan por hacer excarcelables cada vez más delitos. El mismo ministro de Justicia espera que cosas como la inasistencia alimentaria no den cárcel. Estas son posiciones respetables, pero nuevamente no satisfacen la sed de justicia real de la ciudadanía y pierden de vista algo fundamental: desde tiempos remotos, el principal motivo de encerrar a alguien en prisión es evitar que esa persona siga cometiendo delitos; un violador, un asesino, un ladrón, se ponen tras las rejas para evitar que sigan violando, asesinando o robando; la cárcel es un modo práctico de vigilar, como lo demostró Foucault. La cárcel no es un spa.
Pero nuevamente debemos bajar el debate de las altas esferas del discurso y aterrizarlo a la calle o el bus donde los ciudadanos siguen siendo robados y asesinados. En Bogotá no hay barrio que no sea sometido a todo tipo de delincuentes. Es obvio que debe darse un debate profundo y una reforma a la justicia que dote de todas las herramientas posibles a las autoridades para garantizar que la ley sea algo a favor del ciudadano y no del fletero, y que los mensajes enviados desde la institucionalidad tengan la capacidad de disuadir a potenciales criminales, no de entusiasmarlos para cometer delitos.
Solo esperamos de todo corazón que no llegue a ocurrir una tragedia esperable por cuenta de la libertad de esta peligrosa banda: que un ciudadano sea asesinado en medio de un atraco por uno de estos 13 delincuentes impunes.