Desde el pasado 7 de agosto, ha venido siendo costumbre en Colombia que el poder presidencial, por primera vez en la historia del país y quizá del continente, utilice todas las herramientas del Estado para privilegiar a los criminales y castigar a los honestos. Por ejemplo, aquí tenemos un ministro de Defensa que, ante una masacre que dejó seis militares muertos a manos de las Farc, echó toda la culpa a los altos mandos del Ejército y no tuvo media sílaba para condenar a los guerrilleros. Es la misma lógica que impera en la anunciada liberación de los cientos de presos de la primera línea para antes de Noche Buena: a toda costa, premiar al criminal si es de izquierda.
La primera línea no es un grupo de jóvenes soñadores que emprendieron una revolución justa contra una tiranía. Están imputados de delitos graves como secuestro, homicidio y tortura, y el mismo poder judicial del país ha declarado que las medidas de aseguramiento en contra de los miembros de esta organización “están fundamentadas”.
Gustavo Bolívar, autodenominado escritor y principal defensor de estos encapuchados, ha declarado que la primera línea debe ser liberada, pues “salvaron al país de la reforma tributaria de Duque”. Curiosa tesis, no solo porque lo que castigan los jueces es la infracción a la ley, no unos supuestos méritos sociales, sino además porque la primera línea entró en acción mucho después de que el mismo Duque retirara la reforma tributaria ante la presión política y social previa al paro nacional, más específicamente el 2 de mayo del 2021: la primera línea no salvó de nada al país.
El paro nacional fue un hecho violento que llenó de muerte y ruina a Colombia. Debió detenerse en el preciso momento en que fue retirada la reforma tributaria citada. En lugar de eso, se extendió hasta diciembre del año pasado. Fueron meses de bloqueos, disturbios, incendios y asesinatos que buscaban desestabilizar al gobierno de turno de cara a las elecciones que iban a producirse al año siguiente, cuando la izquierda conquistó posiciones en el Ejecutivo y el Legislativo como nunca antes. No puede pensarse en el afán de Petro y Bolívar para liberar a los sindicados de la primera línea sin considerar la comunión de estos hechos.
Y es que Petro ha intentado, por todos los medios desesperados, la liberación de estos presuntos delincuentes: indultos y amnistías han fracasado en su trámite Legislativo, por lo que la última opción es retorcer la ley y declarar a los presos como “gestores de paz”.
Esta figura ya había sido utilizada antes en el país. Era aplicada a reconocidos cabecillas de la guerrilla para excarcelarlos, a fin de que su liderazgo dentro de las filas subversivas legitimara las negociaciones de paz. En otras palabras, liberaron guerrilleros para que encabezaran diálogos. ¿Cómo puede ser este el caso de la primera línea? No son líderes de organización alguna y no están en una negociación de paz con el Gobierno. Solo pueden estarlo si reconocen que hacen parte de estructuras más amplias como las Farc o el ELN, una tesis que desmiente esa supuesta espontaneidad del paro nacional, pero que los haría de inmediato culpables del delito de rebelión.
Nombrar a la primera línea como “gestores de paz” es un embeleco. Por eso, el Gobierno ha barajado cosas insólitas: que no es un indulto ni una amnistía, pues no se les suspenden sus procesos judiciales con la esperanza de que los miembros que sean encontrados culpables ante un juez, vuelvan mansamente a prisión; también se ha dicho que serán nombrados como guardianes del patrimonio, como si no fueran expertos precisamente en destruir bienes públicos; incluso el presidente mismo dijo que se les debía liberar, pues merecían pasar Noche Buena con sus familias, como si en un trámite penal la Navidad fuera más relevante que el esclarecimiento de los delitos. Todo es insólito, en efecto.
Bogotá fue una ciudad particularmente afectada por el paro nacional. Por ejemplo, la primera línea se tomó durante meses el Portal Américas, haciendo que dicho vacío de poder resultara en casos de homicidio, microtráfico, abuso sexual y bloqueo absoluto de los derechos a la movilidad y de empleo de las personas que tuvieron la desgracia de vivir en las inmediaciones del lugar.
El viernes 25 de junio, es decir, 47 días después de que Duque retirara la reforma tributaria, miembros de la primera línea tendieron una guaya de extremo a extremo en una calle cercana al Portal Américas. Su objetivo, se entiende, no era el mejor. Un motociclista civil, ingeniero, habitante del sector y totalmente ajeno al paro nacional, tuvo la desgracia de pasar por el lugar a bordo de su vehículo. La guaya lo degolló de inmediato. Se llamaba Camilo Vélez, tenía 27 años, y su familia espera que los asesinos responsables de arrebatarle la vida no sean exonerados de su responsabilidad por cuenta de un presidente que pretende saltarse al poder Judicial del país y graduar a los criminales como gestores de paz sobre la sangre de Camilo.