Los gobernadores del país, así como muchos líderes nacionales y ciudadanos, están cansados de que el país no dé muestras de progreso ni de cambios que nos permitan avanzar. En días pasados, enviaron un mensaje muy claro al presidente Gustavo Petro, al que se sumaron muchos ciudadanos y miembros de la institucionalidad preocupados: acompañamos los esfuerzos de paz, pero sin ceder la autoridad del Estado y de la Fuerza Pública para proteger a la población civil del terror y la violencia ejercida por los grupos armados ilegales que pocas veces han demostrado una verdadera voluntad de paz. Por el contrario, están aprovechando el beneplácito de este Gobierno y la sociedad para atentar contra la libertad y el orden que deben siempre prevalecer.

Durante la última semana, la imagen de nuestro escudo nacional fue el símbolo que le recordó al presidente la necesidad inaplazable de recuperar la autoridad perdida frente a la criminalidad y la responsabilidad constitucional de garantizar la libertad y el orden en todo el territorio nacional. En 1834, el presidente Francisco de Paula Santander sancionó la ley que adoptó como símbolo patrio nuestro escudo, que reza “libertad y orden”. Hoy, ese clamor no puede estar más vigente: pedimos libertad para no correr el riesgo de acabar sometidos a una tiranía y orden para sentirnos tranquilos en los lugares que habitamos. Esos dos principios deberían guiar a cualquier gobierno en la construcción de un país estable. Nuestro escudo es un símbolo que, en lugar de ignorarse y catalogarse como “intento de golpe de Estado”, debe entenderse como una exigencia pacífica y legítima de los colombianos. Una manifestación genuina de líderes políticos y sociales no puede catalogarse de manera simplista como una incitación a la violencia por parte de un sector de la población; debe entenderse como una exigencia del pueblo donde no caben las ideologías extremas de izquierda ni de derecha.

Y es que más allá de la discusión política, las cifras por sí solas dan muestra de un país que no encuentra el rumbo: el desempleo se ubica en 13,7 por ciento, la inflación en 13,28 por ciento, el mercado de la vivienda de interés social cayó 64 por ciento, el Banco de la República estima que la economía en Colombia solo crecerá 0,2 por ciento este año, el secuestro se disparó en un 43 por ciento, los robos han crecido un 22,4 por ciento y la extorsión un 33 por ciento. Lo más lamentable es que, mientras los colombianos sufren, los criminales y grupos armados se sienten confiados y respaldados por la irresponsabilidad de un gobierno que busca darles libertad, garantías y beneficios como la suspensión de órdenes de captura y de las acciones de la Fuerza Pública contra ellos.

Es importante repetirlo: nunca hubo un cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo. El único que suspendió operaciones militares fue el Estado colombiano, por orden de Petro. Una rendición que aún genera daños grandísimos al dejar a la población civil indefensa durante tanto tiempo. Frente a esto, me uno y respaldo la petición del fiscal Barbosa de suspender todos los decretos firmados entre el 30 y 31 diciembre para un cese al fuego bilateral con grupos al margen de la ley. No se puede continuar en este peligroso error. Se deben suspender para replantearse, evidenciar la voluntad de paz de estos grupos, establecer mecanismos de verificación, contar con una georreferenciación clara y dar instrucciones precisas a la Fuerza Pública. Así mismo, replantear toda la política de paz y seguridad, que parece estar beneficiando únicamente a los violentos.

Ante crisis como la que atravesamos es cuando más debemos unirnos alrededor de un diálogo amplio que nos permita llegar a consensos para retomar el rumbo. En gran medida, la democracia se sostiene sobre dos pilares: libertad y orden. La descompensación entre un pilar y otro la hace frágil hasta el punto de destruirla. Orden sin libertad es autoritarismo; libertad sin orden es caos. Por eso se necesitan un equilibrio y un diálogo integrador entre estos dos componentes esenciales para la estabilidad y el progreso de nuestro país. La autoridad se debe vigilar, controlar e incluso frenar. Pero jamás se puede ceder o entregar a quienes por años han intentado destruirla para imponer los intereses que le son útiles en detrimento de los de todos los colombianos.

En sus meses de gobierno, Petro ha demostrado ser incapaz de mantener el orden y la libertad. Los indicadores sociales y económicos, el incumplimiento rotundo al cese al fuego por parte de las estructuras criminales y el incremento de la violencia armada en los territorios son una clara muestra de que el presidente debe reconsiderar sus políticas, su visión y su rumbo, pues no le está funcionando ni a él ni a los colombianos. El país está pidiendo un gobierno que no negocie la justicia, la autoridad, los logros alcanzados, la prevalencia del Estado de derecho y la protección de la población civil en cada uno de los territorios. Libertad y orden son hoy exigencias de millones de colombianos para lograr recuperar el norte y detener este salto al vacío.