El desempleo y la informalidad siguen siendo el principal problema económico y social de Colombia. Tenemos ambas tasas muy por encima del promedio de los países de la región o con producto interno bruto similar. Volvimos a tener tasas de desempleo abierto por encima de 10 por ciento y cerca del 50 por ciento (algunos cálculos indican que puede ser por encima del 60 por ciento) de los trabajadores están en el sector informal. Eso repercute, obviamente, en los niveles de pobreza del país. Llegó la hora de hacer una reforma a fondo para promover el empleo formal y la protección social. El primer paso para pensar la reforma es cambiar el modelo de cálculo. Tener como base el mes y la jornada de 48 horas no se ajusta a las realidades de la economía colombiana. Es un modelo inspirado en los siglos pasado y antepasado, pensado para el trabajo en fábrica. Hoy, el empleo manufacturero solo ocupa a un poco más del 10 por ciento de los trabajadores, mientras que los servicios dan empleo a más del 60 por ciento de los colombianos. Y estos números seguirán creciendo. Cada día hay más personas, profesionales, artesanos (carpinteros por ejemplo) e independientes que trabajan contra entrega de productos o servicios terminados o por horas. Ellos ya cotizan a salud y pensiones sobre el monto total de sus ingresos, independientemente de quienes sean sus empleadores/clientes ( o por lo menos deberían hacerlo). En el campo, esa fórmula también se aplica con mucha frecuencia. El objetivo debe ser garantizar que a todos los trabajadores agrícolas reciban los aportes correspondientes para pensiones y salud. Ahí debemos concentrar los esfuerzos para reducir la informalidad, y en algunos casos, el abuso. Como en muchos otros países, Colombia debería adoptar como unidad de pago la hora de trabajo. Esto debe incluir la aplicación y pago proporcional de todos los derechos y subsidios de los trabajadores. Es un error estigmatizar el cambio con la teoría de que hacerlo es una forma perversa de eliminar derechos o fragilizar el empleo formal. Los problemas de cotización suficiente para la pensión no dependen de la forma como se calcula el aporte. La gran mayoría que no logra pensionarse ha tenido que sufrir el desempleo o la informalidad. El equilibrio de las pensiones se logra con más cotizantes, mayor control a los empleadores que no hacen los aportes y con mayor pedagogía para que el ciudadano entienda que su aporte es un ahorro y no un impuesto. Este cambio tampoco significa que se acabe el trabajo a tiempo completo. Se trata de abrir opciones para que muchas personas que hoy no tienen empleo o tienen uno informal, puedan acceder a un trabajo digno y con todas las prestaciones. En Colombia son cientos de miles, por no decir millones, los que se beneficiarían de tener un ingreso formal y con aportes a la seguridad social, en vez de estar totalmente desamparados en el desempleo o el rebusque. El otro elemento que debería cambiarse es el proceso de negociación y determinación del salario mínimo legal. Debe desacoplarse el aumento de muchas tarifas y costos del incremento del salario mínimo. Los precios de los demás bienes y servicios deben ajustarse de acuerdo a la inflación. El salario debe incluir un elemento de productividad y mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores sin que esto incida en los demás precios. Ese vínculo hace más compleja la discusión del salario mínimo y limita su aumento por el impacto en cascada que tiene sobre otros precios. Finalmente, si para algo debe servir la tecnología es para mejorar los sistemas de información que permitan combatir la evasión del pago de las prestaciones sociales por parte de los empleadores, así como las cotizaciones de los independientes. Si logramos combatir con éxito la evasión y la elusión, habrá más empleo formal, se garantizarán los derechos de los trabajadores y esto contribuirá a la financiación de la seguridad social de los colombianos. En los temas sociales y laborales el inmovilismo no resuelve los problemas. Es urgente una reforma justa y responsable que promueva el empleo digno y garantice de verdad los derechos de todos los trabajadores.