Ante la incomprensión de muchos, la represión policial y una insistente movilización, estudiantes y profesores de las 35 universidades públicas lograron que el gobierno nacional accediera a presupuestar los $ 4,5 billones exigidos para los próximos cuatro años. El primer logro consistió en hacer entender al gobierno que el diálogo por sí solo no era suficiente. Que era menester negociar un acuerdo en el cual cada parte debía ceder. De ahí que el acuerdo contenga dos elementos esenciales: los recursos y la conformación de una mesa dónde se discutirá la política pública educativa y se le hará seguimiento al cumplimiento de lo pactado. Respecto de la política educativa, son muchos los temas que se estarán abordando: la reforma del Icetex y el crédito educativo que tiene ahorcados a tantos estudiantes y sus familias, la reforma del régimen de regalías y de la Ley 30 en lo atinente a la fórmula de la financiación de la educación superior pública, entre otros. Con tantos paros que se levantan a cambio de compromisos que luego se incumplen, la mesa técnica con participación de estudiantes y docentes estará atenta para verificar que los $ 4,5 billones se incorporen al Presupuesto General de la Nación y que esta vez sí se avance en los temas sustanciales del acceso y la calidad de la educación y su compromiso con el desarrollo social y democrático del país. En este punto se podrá a prueba el compromiso expresado por el presidente Iván Duque en su discurso de posesión cuando aseveró: “Tenemos que devolverle el valor a la palabra del Estado;” máxime que personalmente suscribió el acuerdo con los estudiantes en la Casa de Nariño. No se equivocaron los estudiantes cuando respaldaron el acuerdo sobre la base de la buena fe y su capacidad de movilización como prenda del cumplimiento de los acuerdos. El gran lunar en este proceso ha sido el retroceso en el manejo del orden público durante las marchas que se vivieron en varias ciudades del país, incluidas Bogotá, Cali y Popayán, sin que los alcaldes hayan tomado las riendas de la situación como les corresponde. Las tomas de la televisión dan fe de unas marchas multitudinarias, pacíficas, alegres y rodeadas de la solidaridad de padres de familia y de amplios sectores sociales. En ocasiones, cuando encapuchados interferían la protesta, el Esmad los aisló y protegió a los marchistas. Pero en otras instancias, el Esmad buscó disolver las marchas mediante el uso de gases lacrimógenos, bombas de aturdimiento y persecución de estudiantes ajenos a los desórdenes, con grave perturbación del derecho que debían proteger, en vez de agredir. A ello se sumó la insinuación del ministro de Defensa de que habría financiación ilegal de las protestas, que sumado a su propuesta de regularlas para que sirvan solamente a los intereses de las mayorías, se constituye en una clara violación de los derechos ciudadanos. Si algo caracterizó a las marchas estudiantiles fue su carácter masivo y pacífico. No obstante, por el exceso en el uso de la fuerza por parte de la Policía, terminaron con la trágica pérdida de su ojo izquierdo al estudiante Esteban Mosquera. Estamos ante un movimiento estudiantil que superó con madurez y realismo la vieja táctica del tropel y la reemplazó por la deliberación y movilización democrática, pluralista y disciplinada. Los métodos de deliberación utilizados por las organizaciones estudiantiles favorecen el consenso, las decisiones se toman con base en argumentaciones razonadas y su liderazgo colectivo ha logrado lo impensable, la unidad del movimiento, a pesar de las diferencias naturales que se expresan en su interior. Son ejemplo de la nueva generación y sus nuevas formas de participación activa alrededor de causas que se entrelazan entre sí. Son una nueva ciudadanía en plena formación y desarrollo. @claralopezobre