Cada vez parece más claro que la verdad será el eje de gravedad del posconflicto en Colombia. No sólo se trata de saber qué, cómo y por qué hemos tenido una guerra prolongada y sin límites, sino de establecer las responsabilidades históricas del caso. Así lo ha entendido el Grupo de Memoria Histórica en las 30 recomendaciones contenidas en su informe general. Quiero llamar la atención sobre la segunda de ellas (la primera es que el Estado reconozca su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos), que urge por la preservación, la protección y el acceso, según el caso, a los archivos de los organismos de seguridad del Estado.La experiencia internacional demuestra que cuando se acercan los tiempos de la verdad, aun en contextos de amnistías, muchos organismos de seguridad tienden a ocultar o destruir sus archivos. En Guatemala, por ejemplo, la Policía Judicial le negó a las comisiones de verdad el acceso a archivos que pudieran dar cuenta de las misiones en las que participaron sus miembros. Años después, por azar, estos fueron encontrados en una bodega y han servido para establecer planes y misiones ordenadas por este organismo que derivaron en graves violaciones de derechos humanos. No vamos tan lejos. Desde cuando se reabrió la investigación sobre la toma del Palacio de Justicia, los fiscales han tenido mil dificultades para acceder a los archivos de las brigadas involucradas en la retoma del Palacio. Aun así, han terminado encontrando por casualidad datos claves para entender qué paso en esos nefastos días de noviembre de 1985. La fiscal Ángela María Buitrago, por ejemplo, encontró la billetera baleada del magistrado Carlos Horacio Urán, dentro de una caja de cachivaches del B2 que nada tenían que ver con el caso. Esa pieza se volvió crucial para revaluar la idea de que Urán había muerto calcinado en el Palacio. Para evitar que cada quien desaparezca a su antojo los archivos que le son inconvenientes, la Ley de Inteligencia aprobada en abril pasado ordena que se cree una comisión asesora que defina como depurar los archivos. Será presidida por la Procuraduría, y que en ella tengan asiento, además de los organismos de seguridad, miembros de la academia, la sociedad civil, y del Centro de Memoria Histórica le da cierta independencia. Su labor será crucial para determinar qué se debe destruir, qué se debe salvaguardar y qué archivos se deben abrir para que contribuyan a la memoria histórica del conflicto y al esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos. Aclarando, de paso, que el presidente tiene la facultad de abrir incluso archivos top-secret que contribuyan a este fin.Lo malo es que esta comisión todavía no ha sido creada y el presidente debería convocarla de manera urgente antes de que el fuego dé cuenta, como ya ha pasado, de los documentos que desentrañan los momentos más oscuros de nuestra historia. Especialmente los de las décadas pasadas, cuando no había el mínimo control sobre ellos. Hay archivos muertos, como los del DAS, que son materia de inquietud, dado que en el pasado hubo probada destrucción y manipulación de ellos, y hasta tráfico y venta a las organizaciones criminales. Los archivos de esta entidad se encuentran bajo custodia de los liquidadores, con apoyo de la Procuraduría, a la espera también de que llegue la hora de la depuración. Estos documentos secretos, y por supuesto los que tiene el gobierno de Estados Unidos, que a juzgar por las revelaciones de Snowden son bastante jugosos, serán piezas claves para armar el rompecabezas de lo que ha ocurrido en este conflicto, cuyos días parecen estar contados.