Sorprendió la noticia del acuerdo entre el gobierno nacional y el sector financiero, que resultó en el retiro de la propuesta de inversiones forzosas, que el presidente Petro había prometido presentar como proyecto de ley en las próximas semanas. Sorprendió porque ningún sector de la producción y la competitividad, de aquellos estigmatizados y perseguidos por este gobierno, había logrado un acuerdo de tal magnitud, en tan poco tiempo.

El proyecto de ley, que el gobierno ya había comenzado a ambientar en el Congreso, proponía redirigir los ahorros de los colombianos hacia inversiones “estratégicas”, con el objetivo de impulsar la reactivación económica en sectores como turismo, energías renovables, agricultura y vivienda. Sin embargo, la propuesta planteaba una serie de riesgos y desafíos significativos para el sistema financiero y para la nación, porque pretendía poner en manos del gobierno colosales recursos que podrían terminar en cualquier parte.

Las inversiones forzosas tienen importantes precedentes en América Latina, ya que eran parte de políticas de represión financiera usadas por gobierno de izquierda, principalmente, hasta los años 90. Brasil, Argentina, Honduras, Costa Rica, Bolivia y Venezuela implementaron 15 mecanismos que obligaban a destinar parte de los depósitos a créditos de fomento. En Colombia, se introdujeron en 1951, representando alrededor del 25% de los depósitos. Sin embargo, con la liberalización financiera de os años 80, estos mecanismos desaparecieron dada la inconveniencia y falta de resultados positivos, y hoy únicamente Venezuela y Bolivia las mantienen.

En el contexto que vive Colombia actualmente, los bancos fueron muy rápidos en entender que, más allá de que tuvieran que girar ahorros a bancos o cuentas estatales, como lo pretendía el gobierno, el riesgo era la intervención ideológica y el mensaje político de la medida. En otras palabras, los bancos vieron que el proyecto de inversiones forzosas materializaba la visión petrista de intervenir el sector bancario, casi confiscatoriamente, arrodillándolo de aquí en adelante a más políticas caprichosas. Hubiera sido el mayor triunfo de Petro sobre un sector próspero, que pese a tener una deuda importante con el país en materia inversión social, no reúne las condiciones para una intervención de las dimensiones que perseguía el gobierno con su propuesta de inversiones forzosas.

El acuerdo puede tener la lectura del triunfo del gobierno sobre la banca, pero dada la rivalidad del gobierno nacional con el sector privado, lo veo más como un gran logro sectorial y gremial en beneficio de la autonomía empresarial con un impacto social de gran escala.

Tras 19 reuniones entre la banca y el Gobierno, múltiples llamadas entre el alto gobierno y varios de los banqueros más importantes del país, y acuerdos colaterales que no han sido mencionados relacionados principalmente con más inversión social de algunos grupos financieros en La Guajira y Chocó, se logró un acuerdo que evitó las inversiones forzosas.

El llamado “Pacto por el crédito” incrementará el crédito hacia sectores productivos en $55 billones de pesos en los próximos 18 meses. En otras palabras, el gobierno aseguró recursos para los sectores de su interés estratégico que tendrán que ser ejecutados en lo que le queda de administración. La banca logró proyectarse como un aliado estratégico de sectores productivos claves manteniendo seguros los ahorros de los colombianos, bajando la presión del gobierno sobre el sector financiero, mientras pasa el tiempo y llega el 2026. Así lo vieron.

Este hito entre el gobierno nacional y el sector financiero contrasta fuertemente con la relación que el Gobierno mantiene con otros sectores, como el energético y el de salud. En el caso del sector energético, las tensiones han escalado debido a las recientes declaraciones del presidente Petro sobre la culpa de las grandes generadoras por las tarifas de energía eléctrica, que han sido contestadas enfáticamente por los gremios del sector. Lo mismo ocurre en el sector salud, donde las acusaciones del Gobierno sobre la gestión de recursos por parte de las EPS han generado un ambiente de desconfianza y conflicto.

Que los banqueros hayan logrado un acuerdo de tal magnitud con un Gobierno que ha mantenido diferencias significativas con el sector, no solo es destacable, sino que también envía un mensaje poderoso: es posible alcanzar consensos que, si bien no eliminan todas las diferencias, sí pueden mitigar los impactos negativos de políticas potencialmente perjudiciales para todos los actores. En un entorno donde las tensiones con el Gobierno pueden dar lugar a reformas que afecten negativamente al sector privado, la capacidad de negociar y alcanzar consensos se vuelve crucial.

Desde luego muchos alegarán que el sector energético y, mucho menos el de salud, tienen la gruesa chequera de los bancos para contener la avalancha ideológica intervencionista del gobierno nacional sobre esos sectores. Pero en el caso del sector salud, ya vimos que las EPS lograron mantenerse en el sistema tras negociar quedarse como Gestoras de Salud y Vida, si la reforma de salud es aprobada. Y mejor eso que quedarnos como sociedad en manos de los centros públicos de salud que planteaba la ministra Corcho. Ergo, sí es posible negociar sin abultada chequera y llegar a acuerdos en los que todos ganemos, o todos perdamos menos, cuando el gobierno tiene el sartén por el mango.

Es fundamental que se fortalezca el diálogo con el Gobierno desde todos los sectores, no solo para evitar políticas estructurales que nos costará desmontar a futuro, sino también para construir un marco regulatorio estable y beneficioso mientras llega el 2026. Además, algo nuevo se vio en las reuniones del gobierno con los banqueros: funcionarios de Petro reconocieron en conversaciones de pasillo que, con el gobierno desfinanciado, la plata del sector privado hay que aprovecharla. Eso, aunque obvio, no lo reconocían antes.