La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) advirtió esta semana que el presidente Petro estaba excediéndose en el uso de su cuenta de Twitter y que a través de sus mensajes recurrentes (35 diarios) estaba señalando a los medios de comunicación, poniendo en riesgo la libertad de prensa. Desde su posesión como mandatario de Colombia, al ordenarle a la Casa Militar “traer la espada de Bolívar”, Petro dejó muy claro su talante como gobernante, que es independiente de que esté o no acorde con la Constitución y las leyes.

De hecho, como dice el propio director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, a los funcionarios que le han hecho recomendaciones respecto al proyecto del Plan de Desarrollo, cuando algún artículo del “cambio” va en contravía de la legislación vigente, “si no está en la ley, pues se cambia la ley”.

En el proyecto del Plan de Desarrollo que será radicado esta semana que comienza, la paz total no será tan importante, como sí el “cambio total” del Estado colombiano que hasta hoy conocemos. Y para lograr estos propósitos, el presidente Petro, más que funcionarios con una alta capacidad técnica, reclutó a un grupo de activistas para convertirlos en los ejecutores de sus caprichos.

Acá no importa si las cosas funcionan bien o no, lo importante es refundar la patria amparado en los 11 millones de colombianos que votaron por el Pacto Histórico. El problema es que se olvidan de que más de 10 millones votaron en contra del proyecto que pretende llevar al país por el triste camino de Venezuela y Argentina.

La transformación del Estado que ambiciona la izquierda no es en materia de progreso, sino de retroceso, y qué mejor ejemplo de ello que la oposición al metro de Bogotá. El presidente mandó a decir, a través de su ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que se construye la opción subterránea, que, al igual que la reforma a la salud, nadie conoce, o el Gobierno nacional suspende el flujo de recursos de la nación hacia Bogotá para otros proyectos.

¿Perdón? Pero ¿qué arbitrariedad es esa? Y eso que Bogotá ¡aporta el 25 por ciento del PIB de la nación!

¿Cómo se va a detener una obra que ya está en ejecución? Como acá el asunto es político, pasando por encima de la ley y los contratos jurídicos, la realidad es que a Petro lo que le interesa es que sea su candidato a la alcaldía de Bogotá el que entregue la primera línea y no la actual mandataria, Claudia López. ¿Y los bogotanos? Bien, gracias.

Por los lados de la reforma a la salud, el tema es igual. Nada importa que las asociaciones de médicos, enfermeras, los gremios de las EPS, los científicos y un largo etcétera de los agentes que conforman el sector quieran mostrar los aspectos de mejora que necesita el sistema. Lo importante es acabar con todo lo que la ideología de extrema izquierda considera como creación “neoliberal” y, por supuesto, esa es la Ley 100.

Para lograrlo convocó a la activista Carolina Corcho, que, como ministra, ha sido incapaz de traer la primera vacuna en contra de la viruela del mono. Un hecho que denota total incompetencia. Ella, al lado de Fecode, quiere defender la reforma en las calles. Y es algo incomprensible que la funcionaria se sienta más cómoda con un sindicato que no tiene idea del sector y que sea incapaz de debatir con los especialistas y técnicos en la materia. ¿Será por eso que llaman el complejo del impostor?

La que si no sufre de ese complejo es la ministra Irene Vélez, a quien no le ha importado demostrar su reconocida incompetencia para dirigir la cartera de Minas y Energía. Ha sido una funcionaria irresponsable y que falta a la verdad sin que se le note un milímetro de cargo de conciencia. Estos son tres ejemplos concretos de cómo el gobierno del “cambio” no pretende construir sobre los avances que, como nación, se han alcanzado en los distintos sectores. El objetivo pareciera ser la destrucción, con una gran falencia, y es que se quedan en los titulares, porque poco o nada explican cómo serían los cambios que proponen.

Del metro subterráneo, que no se contrató durante la alcaldía de Gustavo Petro y que tuvo cuatro años para hacerlo, solo se conoce una maqueta en papel cartón. De la reforma a la salud, no se conocen ni los considerandos, ni el articulado, ni la sustentación técnica. Se sabe, eso sí, que las EPS serán eliminadas para que los recursos sean manejados por alcaldes y gobernadores. Es que los 70 billones de pesos del sector son una platica importante para la creación del imperio “progresista” con miras a las elecciones regionales.

Lo mismo sucede con Irene Vélez, que dice que no se va a explorar más hidrocarburos, pero es incapaz de decir cómo y con qué es que se van a reemplazar los ingresos que dejaría la explotación de petróleo y gas. Y el presidente, absorto en su Twitter, no está leyendo lo que sucede en las calles sobre la inconformidad que hay por la inflación, la especulación de precios y el incremento sin piedad del precio de la gasolina. Nunca en la historia de un imperio o nación la gente ha salido a apoyar en las calles que se les cobre más impuestos. Por ahí es por donde se derrocó, para no ir muy lejos, el Imperio español. Ese que tanto les gusta.