La opinión pública asocia al Ministerio de Justicia únicamente con el tema carcelario desconociendo el verdadero fondo de esta entidad pública. Esta cartera no está diseñada solamente para manejar el tema carcelario, aunque debe señalarse, se cumplió de manera responsable, toda vez que después de 40 años de abandono estatal, se dio inicio a una nueva etapa carcelaria con la construcción de modernos centros carcelarios como los de Valledupar (Cesar), Acacias (Meta), San Isidro(Cauca), y Cómbita (Boyacá), y la proyección de construir 16 nuevas cárceles para ampliar los cupos carcelarios en 29.000 disminuyendo el hacinamiento del 40 por ciento al inicio del cuatrienio a un 3 por ciento a diciembre del presente año. A lo anterior hay que agregar que estos modernos centros penitenciarios han obtenido el reconocimiento en normas Icontec a la calidad, así como felicitaciones del Bureau de Prisiones de Estados Unidos. Además del tema carcelario, este Ministerio lidera los proyectos de las Casas de Justicia, que cumplen una de las funciones sociales del Estado, cual es la de acercar la justicia al ciudadano. Actualmente existen 21 casas con un estimativo de 34 casas a inicios del año 2003. Es tal el éxito de este programa que los habitantes de Medellín han solicitando una segunda Casa de Justicia (El Colombiano, 10 de marzo de 2001), y a través del contacto directo con la comunidad neivana sé que ésta ha abogado porque su funcionamiento se prorrogue las 24 horas del día o en su defecto se extienda los fines de semana. A lo anterior hay que sumarle, el fomento a los procesos de capacitación y asesoría a los Jueces de Paz, así como el impulso y desarrollo de los Métodos Alternativos de Solución de conflictos (Masc) y de la Ley de Conciliación, De lo mencionado se desprende la importancia del Ministerio de Justicia y la necesidad de continuidad en los programas que adelanta, además si se tiene en cuenta que esta cartera es la conciencia jurídica del gobierno, este Ministerio se hace necesario por los temas que deberá afrontar el país como un posible acuerdo humanitario, la expedición de una legislación penal y administrativa que permita manejar la delicada situación de orden publico, la lucha contra la impunidad, el apoyo a las víctimas, y la administración de justicia (ahora con mayor razón si se habla de suprimir el Consejo de la Judicatura y reformar la Fiscalía General), entre otros varios temas. Los anteriores aspectos no son de menor importancia para dejarlos a un Ministerio fusionado, teniendo en cuenta, además, que se tiene a un ministro ocupado en los temas del referendo, de la reforma política, la reforma del Estado, temas propios del Ministerio del Interior, dejando al garete la cartera de Justicia. Así las cosas, el gobierno del presidente Alvaro Uribe debería valorar nuevamente este proceso y colocar a la justicia en el lugar que le corresponde, porque no es través de simples podas burocráticas como se obtiene mayor eficiencia, sino que ésta también se pierde por falta de funcionarios. * Profesor Universidad del Rosario. Especialista en derecho penal Universidad del Rosario. Maestría política criminal y derecho internacional penal London School of Economics and Political Science r.e.sanchez@lse.ac.uk