¿Los muertos de la paz?

Íngrid Betancourt tiene razón cuando les pide a las dos partes que negocian en La Habana -Gobierno y guerrilla- una mayor responsabilidad con el país, con las futuras generaciones, con los ciudadanos de Colombia. Lo que se ha visto en el Catatumbo en las últimas dos semanas no es ni más ni menos que el desprecio que ambas partes sienten por los campesinos. Según los informes de prensa, las protestas han dejado cuatro muertos y 37 heridos. Y la cosa sigue. Este incendio social demuestra que la mentalidad que ha alimentado al conflicto armado durante tantas décadas sigue vigente. La guerrilla, a la vieja usanza, da incentivos al movimiento campesino para que se radicalice. Supone que eso respalda sus posiciones en la mesa de conversaciones. El Gobierno, como siempre, se muestra incapaz de entablar un diálogo razonable con sus ciudadanos. Los trata como delincuentes.   La protesta tiene causas objetivas que la justifican. Las ha tenido siempre, pues este no es el primer levantamiento del Catatumbo. Ya en el 96 y en el 98 hubo marchas a las que también se les acusó de estar infiltradas por la guerrilla, que terminaron en acuerdos con el Gobierno. La promesa era que el Estado llegaría por fin a la región. Pero los que llegaron fueron los paramilitares. La coca se disparó, tanto como la violencia, hasta el día de hoy. Al punto de que el 20% de los habitantes de esta zona ha sido víctima directa del conflicto.  Hay un fuerte consenso en que los problemas que agobian al Catatumbo desde hace 30 años siguen intactos. Así lo pudo comprobar el consejero presidencial Lucho Garzón que, como líder sindical, los conoció en el pasado de primera mano.  Según la Fundación Progresar, la pobreza en los 11 municipios de esta región alcanza el 73%, el analfabetismo es del 30% y a pesar de ser una zona con gran potencial agrícola, el 68% de las vías terciarias están por fuera de los planes de infraestructura.  “Hay casos dramáticos como los municipios de El Tarra, Ábrego y Convención, que presentan coberturas de acueducto del 12,3%, el 14,2% y el 17%, respectivamente; además de las vergonzosas coberturas de alcantarillado rural del 1,7%, el 2,4% y el 3,6% para los municipios de Ábrego, San Calixto y Hacarí”, dice Progresar. Todo ello en una zona que produce petróleo a borbotones, adyacente a una rica y activa frontera y con un potencial minero y agroindustrial que les tiene abiertas las agallas a inversionistas de toda laya.  En un país que le está apostando al fin de la guerra, una protesta como esta debería ser el escenario para empezar a “construir la paz en el territorio”, como pomposamente hablan las partes sentadas en La Habana.  Sin embargo, han optado por lo contrario. Por mostrarse los dientes, usando a los campesinos del Catatumbo como carne de cañón. Como siempre.