Si algo ha sido cuestionado en los últimos meses en nuestro país, es el famoso y esperado informe de la Comisión de la Verdad. Sus más de 890 páginas han generado, para muchos de los colombianos, una duda razonable y es si este informe es una muestra fiel de la realidad del conflicto o es solo la versión contada por un lado del mismo.

El texto final ha suscitado dos opiniones muy contrarias: hay unos que manifiestan que es el mejor resumen del conflicto armado que se ha generado en la historia del país, otros, como yo, consideramos que es una visión demasiado sesgada y es una verdad a medias que le falta mucho, pero mucho, por contar.

Por todos los lados llueven las críticas, incluso provenientes del Ex comisionado Ospina, que incluso fueron el motivo por el cual renunció y denunció que el texto final solo beneficiaba históricamente a las FARC y sus aliados, y responsabilizaba tajantemente a nuestras fuerzas militares; sin embargo, el análisis que quiero hacer sobre esto no va en este sentido. Quisiera contar una verdad irrefutable, y es las dudas que genera la persona que lideró esta comisión y sus informes: el sacerdote Francisco de Roux.

Quien debiera dar ejemplo por su liderazgo, terminó siendo quien profirió un texto colmado de irregularidades y palabras incompletas, y cuya legitimidad está diezmada por sus actuaciones, valiéndose de su condición de autoridad eclesiástica, para satisfacer sus intereses personales con relación a las fundaciones que él ha representado jurídica y administrativamente, antes de ser nombrado como el líder de la Comisión de la Verdad.

El Sacerdote De Roux escondió o no informó públicamente, lo cual era su deber ético y legal, la información de sus actividades profesionales y personales en años anteriores a la existencia de la Comisión, cosas que no le hubieran permitido ser comisionado de la verdad, y mucho menos, dirigirla.

El acto legislativo 01 del 2017, establece que la Comisión de la Verdad es un órgano extrajudicial del orden nacional, con personería jurídica y autonomía administrativa. Asimismo, el artículo 24 del decreto 588 del mismo año, indica que dicha Comisión estará conformada por once comisionados elegidos por un comité designado y que se posesionarían ante el presidente de la República para el ejercicio de sus funciones. Hasta acá nada distinto a la base jurídica de la existencia de la Comisión.

El régimen jurídico que se le aplica a estos comisionados, es el mismo que se le aplica a los funcionarios de la rama judicial. Es decir, cuando se trata de materia penal, aplica el mismo régimen que a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y en asuntos disciplinarios, el mismo régimen que se aplica a los Magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Después de hacer este preámbulo legal, vamos a contar esta verdad, que no es propiamente un pecado venial, del director de la Comisión de la Verdad, para demostrar que nunca fue apto para aceptar el cargo o que debió haber renunciado hace mucho tiempo al mismo.

El artículo 151 numeral 5 de la Ley 270 del 1996, expresa que es una incompatibilidad para ejercer cargos de la Rama Judicial “5. El desempeño de ministerio en cualquier culto religioso” y, basados en el Título Tercero del libro 2 del Código de Derecho Canónico, se establece que a quienes forma la Iglesia, por derecho propio y exclusivo, se destinan a impartir al ministerio sagrado, es decir, un sacerdote es un Ministro Ordinario de la Iglesia Católica.

Queda claro entonces, que el padre Francisco De Roux, como sacerdote católico, se encontraba, incluso, en una causal de incompatibilidad para ejercer el cargo.

Pero eso no es todo. El padre de Roux, antes de ser nombrado como comisionado, fungió como director del El Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, tal cual lo dice la misma página web de la Comisión de la Verdad. La Comisión recibió recursos, no solo externos, sino del presupuesto de la Nación.

Si buscamos la ejecución presupuestal de la Comisión, nos encontramos que esta, y aunque es la Secretaria General de la Comisión quien figura como Representante Legal, tiene adjudicados una cantidad gigantesca de contratos promovidos desde la fundación “RED PRODEPAZ”, como, por ejemplo, el proyecto para el “apoyo a la divulgación y apropiación del informe final y del legado de la Comisión de la Verdad”, la cual tiene un contacto muy estrecho con el CINEP (dirigido anteriormente por el padre de Roux).

Este es la ruta de la contratación de los recursos de la Comisión de la verdad en muchos de sus contratos, que están debidamente publicados en las páginas web de la Comisión y del Gobierno Nacional y que benefician, como ya lo dije, a PRODEPAZ que fue fundada en el territorio colombiano con apoyo del CINEP, el cual, también hace parte de los jesuitas, comunidad religiosa a la que pertenece el cura De Roux. Se ve, pues, claramente, que el presidente de la Comisión, tenía intereses en darle a la fundación que antiguamente presidía, dinero del presupuesto de la Comisión de la Verdad, que son los dineros de todos los colombianos.

Otro de los contratos que se firmó, fue la adquisición de la base de datos del CINEP, la cual fue vendida a la Comisión de la Verdad con el fin de ser utilizada para nutrir el informe de hallazgos y recomendaciones que hoy es público y es mejor conocido como “Hay futuro si hay verdad - Informe Final”.

Muchos recursos nuestros, invertidos en un producto final bastante ambiguo, que no garantizó la objetividad prometida y que tiene unas bases procedimentales muy cuestionables.

Podría haber hecho mucho más el sacerdote De Roux, podría haberle informado a la Comisión y al país que no era ni conveniente, ni ético, celebrar contratos con una fundación que él dirigió. Sumándole que el componente ético, para él como sacerdote, debería estar muy por encima de los preceptos legales.

La semana pasada el único exmilitar, Carlos Guillermo Ospina, que hacía parte de la Comisión de la Verdad, manifestó que sus informes no fueron tenidos en cuenta en el Informe Final que fue presentado hace algunos días por el padre De Roux y los demás comisionados. Qué bueno sería conocer este informe, es la única manera que podríamos hacer un análisis objetivo, y que, de haberlo incluido, estoy seguro, como muchos de ustedes, que el sentido del informe oficial presentado sería completamente distinto al que estamos conociendo.

Si no hay verdad en el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, mucho menos podremos tener garantía de la Verdad en sus informes.

Temo pensar que el daño que esto le va causar al Acuerdo de La Habana, en el que muchos colombianos teníamos fe, con la verdad como principio de paz, será irreparable, y que la poca confianza que nos quedaba respecto al mismo, evidentemente, pueda ocasionar una ruptura de credibilidad en la sociedad colombiana.