El 13 de diciembre de 2004 fue capturado en Caracas el guerrillero de las Farc y hoy negociador de paz, Rodrigo Granda en una operación conjunta de la Guardia Nacional y la Fuerza Pública colombiana. Quien comandó la operación por parte de Venezuela fue el teniente coronel Humberto Quintero, quien era comandante de la Unidad Anti-extorsión y secuestros GAES del estado Táchira. Chávez ordenó detener a Quintero el 12 de enero de 2005, acusado de traición a la patria, abuso de autoridad, ofensas al decoro militar y privación ilegitimad de libertad. Quintero fue torturado de acuerdo a Wikileaks. Fue condenado a 3 años y 8 meses, pero pagó 4 años y 3 meses, mas de lo que estipulaba la condena. Fue liberado el 30 de abril de 2009. No han corrido con tan buena suerte los ex comisarios de la Policía Metropolitana de Caracas Ivan Simonovis, Henry Vivas y Lazaro Forero. Acusados de complicidad en homicidio intencional y lesiones personales gravísimas en los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002, el seudo golpe que llevaría a la breve remoción de Hugo Chavez de la presidencia de Venezuela. Simonovis fue arrestado el 22 de noviembre de 2004, mientras que Rivas y Forero fueron arrestados el 3 de diciembre de ese mismo año. Fueron acusados de la muerte de tres personas durante los confusos hechos en que murieron 19 personas, muy posiblemente a manos de francotiradores y miembros de la milicia chavista. Su caso ha pasado a ser uno de los más emblemáticos de la era chavista. El juicio, en el cual se realizaron 231 audiencias, duró 3 años y 14 días, aun cuando la ley venezolana estipula que el juicio debe celebrarse en un solo día, y si es necesario debe continuar de forma consecutiva hasta su conclusión en los días siguientes. No obstante la incapacidad de la fiscalía de establecer culpabilidad, mas de 190 testigos declararon a favor de los inculpados, y las múltiples violaciones al debido proceso, los comisarios fueron condenados a 30 años de cárcel. El caso es un viacrucis de abusos, atropellos y violaciones a todas las normas legales vigentes en Venezuela,El caso de la juez Maria Afiuni es el mas dramático y simbólico. Afiuni era jueza del tribunal 31 de primera instancia de Caracas. Según el Codigo Penal venezolano (art. 230), ninguna persona imputada de un hecho punible puede ser privada de su libertad por más de dos años sin que se le escuche en audiencia. Afiuni debía celebrar el 8 de diciembre de 2009 una audiencia preliminar del caso contra Eligio Cedeño, preso en los calabozos de la DISIP y acusado de fraude financiero. Debido a tácticas dilatorias similares a las empleadas en el caso de los comisarios (negativa del Ministerio Público a presentarse en audiencias), la jueza Afiuni pospuso la misma para el 10 de diciembre, cuando, basada en el Codigo Penal vigente y en opinión oficial del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, decidió suspender la medida preventiva de mantener preso a Cedeño, quien para el momento ya llevaba 2 años y 10 meses privado de libertad. La acción de Afiuni tuvo consecuencias inmediatas. Tan sólo 20 minutos después de que Cedeño recobrara su libertad, unos 10 agentes del SEBIN (servicio de inteligencia de Chavez) se presentaron en el tribunal y arrestaron a Maria Afiuni sin presentar una orden judicial, ni explicar cual era el motivo de la detención, o qué autoridad había ordenado dicho arresto. El siguiente dia, 11 de diciembre, Chavez acuso a Afiuni de ser una “bandida” en una de sus muchas cadenas nacionales, y exigió a sus autoridades judiciales 30 años de cárcel.Han pasado unos 3 años y 3 meses desde que arrestaron, ilegalmente, a la jueza Maria Afiuni. El Codigo Penal actual sigue conteniendo la previsión de 2 años como periodo máximo permitido para estar en prisión previa a la sentencia. No obstante Afiuni sigue privada de su libertad. El caso le ha dado la vuelta al mundo, y es causa de criticas constantes al régimen del recién fallecido caudillo. La jueza Afiuni fue violada en la cárcel, tuvo que abortar posteriormente, y ha sido sometida a todo tipo de ataques y humillaciones por parte de presas a quienes ella misma condenó como juez. Para rematar le diagnosticaron un cáncer. Su situación es de tal precariedad que hasta el apólogo de Chavez, Noam Chomsky, pidió públicamente su libertad. En este momento tiene casa por cárcel.Los casos descritos son algunos de los más conocidos, no por ello los únicos. Hay muchos más, como Franklin Brito, encarcelado después de que sus tierras fueran expropiadas, que murió en una huelga de hambre. La persecución de la que fue objeto el político Biagio Pilieri, enjuiciado tres veces por la misma causa, o a Otto Gebauer, quien fue condenado a más de 12 años de presidio por la dizque “desaparición forzosa” de Chavez en abril de 2002.Muchos han cumplido condenas y hay muchos todavía presos: el agente Erasmo Bolívar y otros cuatro policias, condenados por homicidio y lesiones en una marcha oposicionista, tres personas condenadas por supuestamente haber participado en el atentado al fiscal Danilo Anderson, el empresario Gustavo Arraiz que antes era de la entraña de Chávez, el economista Antonio Márquez -ex director de la Comisión de Valores- que no cometió ningún delito, Mario Ricardo Dickson Gutierrez también de la Comisión de Valores, César Ramón Medina y César Camejo Blanco. A ninguno de estos dos se les ha iniciado juicio pese a estar presos desde 2010 y 2011 respectivamente. Sobre el caso Afiun, ver el informe de la Human Rights Foundation.Lista de presos políticos: http://www.fundepro.com.ve/fundepro/PDF/Lista detallada de presos politicos enero 2012.pdf