Mientras aquí en Macondo al fiscal Martínez Neira, enredado hasta la coronilla en sus conflictos de intereses, lo sigue sosteniendo el statu quo, en Perú, a su homólogo, también cuestionado por lo mismo, no le quedó otra opción que renunciar. Chávarry intentó manipular la investigación y sacó de la Fiscalía a los dos fiscales –Rafael Vela y Jose Domingo Pérez–, que durante dos años estuvieron escuchando los testimonios de los exdirectivos de Odebrecht, como parte del acuerdo judicial que finalmente se firmó en diciembre pasado, pero no pudo con la indignación. Uno de los primeros interrogatorios que estos dos fiscales hicieron fue con Marcelo Odebrecht, en febrero de 2017, y por lo que contó quedó claro lo que podría suceder si los brasileños contaban toda la verdad. Aceptó que la “la política de la empresa era dar dinero a los candidatos presidenciales favoritos” y se refirió al caso de Colombia: “En Perú, teníamos acceso a los presidentes, pero en otros países no lo teníamos. Por ejemplo, cuando llegamos a Colombia y a la Argentina, se actuaba a través de lobistas o de empresarios locales”. En otro aparte de esa declaración afirmó: “Quien inventó los sobornos no fue Odebrecht. Si nosotros teníamos una relación política del grado 10, nuestros socios llegaban a 40, 50, 60. Si hubo pago de sobornos en algún proyecto, ese soborno fue acordado probablemente por los socios locales”. Puede leer: Sin hoja de ruta Gracias a la colaboración de los brasileños, la Fiscalía peruana ha logrado abrir cerca de 40 investigaciones que tienen en la mira no solo a peces pequeños, como sucede en Colombia, sino a tres expresidentes –García, Toledo, Humala– y a la candidata presidencial Keiko Fujimori, entre otros. Lo mismo sucedió con Graña y Montero, el socio de Odebrecht en varias licitaciones de infraestructura. A pesar de que se trata de una empresa perteneciente a una de las familias más poderosas del Perú –los Miró Quesada–, la Fiscalía les abrió una investigación penal desde febrero de 2017, cuando Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, reconoció ante los fiscales peruanos que pagó sobornos al expresidente Alejandro Toledo para obtener dos tramos de la carretera Interoceánica Sur, y que Graña y Montero, sus socios en esa licitación, estaban al tanto. (Aquí sucedió lo mismo con la coima pagada por Ruta del Sol II, pero la Fiscalía no le abrió ninguna investigación al Grupo Aval). El fiscal general, apoyado por el statu quo, se precia de no haber hecho ningún acuerdo con los brasileños. Gran triunfo que garantiza que la verdad sobre Odebrecht siga siendo esquiva en Colombia Aunque al inicio José Graña Miró Quesada, dueño de la reconocida firma constructora, afirmó ante el Congreso peruano que Jorge Barata mentía, semanas después, en un comunicado empresarial anunciaron la renuncia de sus más altos ejecutivos, entre los que estaba la del propio José Graña Miró Quesada, su gerente general corporativo y Hernando Graña Acuña, miembro del Directorio de la empresa. Hoy Graña y Montero están investigados por el delito de soborno, colusión y lavado de activos. José Graña fue enviado a la cárcel de manera preventiva y luego de un año de prisión salió libre. Gracias a otra declaración dada por los brasileños, la Fiscalía le abrió otra investigación relacionada con otro soborno. Le recomendamos: ¿Un títere ‘ad hoc‘? El acuerdo entre la justicia peruana y los exdirectivos de Odebrecht fue firmado en diciembre, pero el fiscal Chávarry no le dio el visto bueno con el argumento de que era demasiado ventajoso para los brasileños. (El acuerdo dice que, a cambio de esa colaboración, a los brasileños se les debe dar inmunidad; se acuerda el pago de unas multas y se le permite a Odebrecht seguir trabajando en el Perú). “Si el acuerdo con los brasileños fracasa, las declaraciones testimoniales se tendrían por inexistentes y se comprometería gravemente toda la prueba documental que ha sido entregada en estos años”, dijo Vela, una vez fue restituido en su puesto. Los acuerdos de colaboración judicial son un toma y dame: los que cometieron los delitos dan la información para que se sepa la verdad y a cambio ellos piden sus garantías. Así de simple. Le sugerimos: Un fiscal leviatán Para la justicia, saber la verdad es un imperativo ético, pero en Colombia ocurre todo lo contrario: el fiscal general, apoyado por el statu quo, se precia de no haber hecho ningún acuerdo con los brasileños. Gran triunfo que solo sirve para tapar una realidad: sin un acuerdo judicial con los brasileños, la verdad nos seguirá siendo esquiva en Colombia y nos quedaremos sin saber quiénes ordenaron los cerca de 50 millones de dólares en sobornos. Los que le temen a la verdad y la quieren sepultar son los únicos tranquilos.