Todo el esfuerzo del Gobierno, tanto en la fallida reforma como en las acciones que emprendió para reformar a la fuerza el sistema de salud, conducen a un solo camino: estatizar la salud en Colombia. El esfuerzo más extremo lo representa la reforma efectuada al sistema de salud del magisterio. Eso es lo que propuso la reforma original de Carolina Corcho: un modelo centralizado en el que el Gobierno maneja los recursos, los riesgos, la enfermedad y coordina a su antojo los recursos físicos y humanos que atienden a la población. Todo ese paquete se vendió con el eufemismo de “aseguramiento social”, un término técnico que en la literatura científica representa todo lo contrario a como ha querido venderse en Colombia.

Los regímenes excepcionales fueron una concesión política que se hizo en 1993 para lograr que los estamentos más fuertes, sindicales y políticos aceptaran la Ley 100 de 1993, como al final hicieron los congresistas, los maestros y los sindicatos petroleros. Las Fuerzas Militares –en la mayoría de los países– tienen regímenes de excepción dados sus riesgos particulares, el tipo de lesiones que pueden ocurrir y, en especial, la necesidad de una respuesta unificada en caso de confrontación, lo cual hace preciso que ese sistema esté separado del que atiende a los civiles.

Sin embargo, no existe ninguna justificación técnica para que existan los demás regímenes especiales. Se convirtieron claramente en generadores de inequidad entre las poblaciones y, al final, terminaron afectando a sus afiliados. Esto sucedió porque al ser poblaciones limitadas no logran los números necesarios y suficientes para mancomunar los riesgos. En poblaciones pequeñas es más difícil que el aseguramiento tenga y alcance un equilibrio financiero. Si una compañía de seguros cubriera sólo dos personas y cada una paga un millón de pesos anual por su seguro, si una de ellas contrae una enfermedad que requiere un tratamiento que cuesta 300 millones, no habrá manera que ese asegurador no se quiebre. No obstante, si ese mismo seguro cubre un millón de personas, es más probable que se mantenga en equilibrio.

Por esa razón, el valor de asegurar la salud de un maestro no debería ser más costoso que asegurar a un colombiano del común y no quiere decir que se esté bridando una salud de mejor calidad. De hecho, el modelo de atención en salud de los maestros ha sido deficiente frente al de los colombianos que viven en la zona urbana. Esto fue evidente durante la pandemia, cuando el sistema de salud de los maestros estuvo a punto de naufragar en la atención de cuidado intensivo, en el plan de vacunación y en el acceso a terapias avanzadas para el covid-19.

En todo caso, vemos que el régimen de excepción de los profesores tiene 818.000 afiliados por quienes el Gobierno paga 2.349.094 pesos por persona. Es 62 % más costoso que el régimen contributivo, registra las mayores tasas de mortalidad infantil y presenta el doble de quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud que el promedio de todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Acumula 20 % más quejas que la peor de las EPS que hacen parte del sistema actual.

Pero lo mal que está puede empeorar. El nuevo modelo del Gobierno, en lugar de avanzar hacia el aseguramiento individual, retrocede hacia la salud estatizada, a la salud de caridad de antes de la Ley 100. Fecode siempre ha sabido vender. Ese poder omnímodo le permitió el mayor abuso: aceptar una reforma por razones ideológicas, lesionando a los maestros a partir de un sistema basado en concesiones territoriales a operadores privados seleccionados de manera cuestionable. Se pasó a un sistema en el que el Gobierno centraliza y estatiza el manejo del riesgo –de salud y financiero– bajo un supuesto “aseguramiento social”.

Este “nuevo” modelo, en su frenesí ideológico y dogmático, eliminó los operadores privados que mal que bien acumulaban alguna experiencia y una red de servicios. Transformaron al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) junto con la Fiduprevisora en aseguradores públicos únicos; entidades sin ninguna experiencia en aseguramiento. Ahí tienen los resultados: maestros quejándose hasta las lágrimas por el servicio y evidentes situaciones de desatención, con altos riesgos de severidad y mortalidad. Hasta ahora están empezando a visualizarse las consecuencias. Maestros como verdaderos conejillos de Indias.

La propuesta del Ministerio de Salud está plagada de eufemismos y vanas promesas de mejor calidad. La verdad sea dicha: lo propuesto desconoce de manera rampante el aseguramiento de las personas y su verdadero riesgo de salud. Es como si los maestros hubiesen declinado al derecho “irrenunciable” a la seguridad social que prevé la Constitución Política de Colombia para todos los connacionales. Bonita contribución de Fecode a sus afiliados.

Pero este lamentable hecho también es un anticipo de lo que sucederá a todos los colombianos si el Gobierno logra la aprobación de la neorreforma de salud que negoció anticipadamente con algunas de las EPS más importantes del país. El sistema que nos espera será aún peor que el antiguo sistema de los maestros. No será un régimen de concesión, sino uno sin aseguramiento, en que las EPS se transforman en gestoras. Serán intermediarias puras en que se les pagará por hacer auditorías y otras labores menores, adicionando un costo al sistema. Esto sucederá mientras los colombianos naufragaremos buscando salud para nosotros y para nuestros seres queridos.

Este será un nuevo reto que ahora tiene el Congreso de la República frente a la salud de todos los 51 millones de colombianos.