El decreto (546/2020) que firmó el presidente Duque para la atención de la pandemia en las cárceles está varado y no tiene fuerza en el motor para contener la emergencia. Las cifras son contundentes, se propusieron excarcelar 20 mil, después lo bajaron a 5 mil, y al final solo van a lograr unos mil. ¿Qué pueden hacer en el Gobierno para salir del callejón en el que se metieron al intentar contener la crisis carcelaria generada por la pandemia? Primero dar reversa, reconocer el error y volver a declarar la emergencia social y económica, con este amparo legal medírsele a tramitar un nuevo decreto de excarcelación. Deshacer y hacer también es hacer, dice el refrán. Tienen muy poco tiempo para dar el “reversazo”, no se pueden volver a tomar un mes para hacer consultas y pedir conceptos. Segundo, no pueden seguir girando a la derecha. Hay que superar el falso dilema de seguridad versus salud pública, donde se sacrifica la salud en nombre de la seguridad. Aquí la voz y las acciones del Ministro de Salud son tan importantes y necesarias como las del Fiscal y la Ministra de Justicia. En el nuevo decreto se le deben dar facultades extraordinarias (y por tanto temporales) a las cabezas del sector salud para intervenir algunos centros penitenciarios y pabellones. Tercero, en el Palacio de Nariño tienen que apagar el GPS ideológico y dejarse guiar por quienes mejor conocen el tráfico (la rama judicial). Hay tres rutas posibles, una que no han usado es la autopista de las decisiones administrativas, esta opción consiste en facultar al Inpec para tomar decisiones de traslados a casa por cárcel, sin que intervenga un juez. Tiene la ventaja de ser la más rápida y la de mayor escala, pero también la de mayor riesgo de corrupción. Esta ruta aunque es explicita y legal, se debe considerar en casos extremadamente puntuales y de emergencia, muy bien definidas por condiciones objetivas y con suficiente supervisión. Por ejemplo, para el manejo de detenidos de la tercera edad. La otra ruta es seguir por la trocha destapada de la vía judicial, seria seguir excarcelando de a uno por uno en los despachos de los jueces. Desde antes de la pandemia, ya venían bien congestionadas las solicitudes en los escritorios de los jueces de control de penas, llegó el virus y un mes y una semana más tarde el anuncio (bastante inflado) de una excarcelación masiva. Aunque el decreto solo terminó cubriendo a una minoría de los detenidos (tal vez menos del 1%), el anuncio desbordó las expectativas de excarcelación de la mayoría y masivamente han venido radicando sus solicitudes antes los jueces. Así fue, como el remedio del gobierno empeoró la enfermedad, el decreto aumentó la congestión judicial y por eso no ha mejorado la tasa de hacinamiento. Hay una opción intermedia que no es tan riesgosa como la autopista (administrativa) ni tan lenta como la trocha (judicial). Consiste en eliminar la competencia de interpretación subjetiva de los jueces de control de penas. En esta vía alterna, la decisión de excarcelación la siguen tomando los jueces, pero dentro de un marco exclusivo de verificación de condiciones. Esto le daría mayor celeridad y certeza al proceso de excarcelación. Frente a la actual emergencia esta es la opción más coherente de todas. Cuarto paso, en paralelo a lo anterior toca mandar a reparar el tablero de indicadores del vehículo. El Sisipec que es el sistema de información del Inpec ha tenido serios problemas de actualización y confiabilidad, en el último mes han trabajado para solucionarlos, pero están todavía lejos de tenerlo funcionando. Un carro al que no le sirve el tacómetro ni el indicador de la gasolina, se vuelve mucho más difícil de manejar. Quinto, el conductor no debe distraerse por los ruidos del camino. La excarcelación es muy impopular en este país, nuestra cultura de la venganza y el castigo ejemplar hace más rentable vender pánico que soluciones, y más atractivo promocionar cadenas perpetuas en vez de generar medios de prevención y resocialización. Un nuevo decreto se justifica (y se defiende) de manera sencilla: Las cárceles son hoy el principal foco de propagación del virus en varias ciudades, un problema mayúsculo de salud pública, que afecta tanto a los que están adentro como a los que están afuera de los centros de reclusión, un nuevo decreto se hace pensando en la salud y la vida de todos. *** Anticipo: A propósito del escándalo de la central de inteligencia militar. Lo importante no es solo a quienes ni porque los chuzaron, lo interesante está en el manejo de la plata para pagar fuentes, comprar equipos de inteligencia y cobrar millonarias recompensas. Ahí está la bolita, en los pesos y en los dólares.