Los niños wayúu que están pereciendo en La Guajira de hambre y de sed, no se están muriendo por cuenta del fenómeno de El Niño, ni a causa del cierre de la frontera y mucho menos por falta de plata, como nos quieren hacer creer la gobernadora del departamento, Oneida Pinto, y el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Deluque, ambos dignos representantes de esos poderosos clanes familiares que han ordeñado por años a La Guajira y sus riquezas.Los niños wayúu en La Guajira se están muriendo porque la corrupción les quitó todo, hasta dejarlos en los huesos: no vieron ni un peso de las regalías, pese a que el departamento recibió entre 2002 y 2011 el equivalente a la plata que le falta a Bogotá para construir la primera línea del metro es decir cerca de 4 billones de pesos. Tampoco les llegaron los aportes destinados para las comunidades wayúu porque gran parte de ese dinero se quedó embolatado en las cabeceras municipales. Y por si esto fuera poco, el dinero destinado en el ICBF, para la alimentación de los niños, terminó dilapidándose en contratos con fundaciones ficticias que en realidad eran mamparas para desviar dineros a campañas políticas a costa del hambre de los niños.¿En dónde se quedó esa plata que hoy tiene en la pobreza absoluta a la comunidad wayúu y que ha cobrado la vida de 7.000 niños?Pues en obras inconclusas, en elefantes blancos, en niños fantasmas, en contratos ficticios, en fundaciones sin ánimo de lucro que servían de mampara para los intereses de los políticos corruptos. Por eso resulta un tanto absurdo ver a la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, y al presidente de la Cámara, Alfredo Deluque, convertidos de buenas a primeras en los portadores de la solución a los problemas de La Guajira, saliendo muy orondos al lado del presidente Santos, el día en que se anunciaron las medidas de emergencia. El hecho de que los mismos políticos que participaron del festín se conviertan en los héroes que van a sacar a La Guajira de su encrucijada, le da la razón a Gabo cuando dice que en Colombia la realidad supera a la ficción. Como me dijo un amigo guajiro: “Eso es como poner a los ratones a cuidar el queso”.En sus declaraciones a los medios, la gobernadora Oneida Pinto ha sido muy frentera para responsabilizar al Estado colombiano y al ICBF de la muerte de los niños wayúu, pero muy hábil para evitar asumir la responsabilidad que le cabe a ella y a Alfredo Deluque en esta crisis humanitaria que se vive en esa región.El ICBF se ha vuelto la caja menor de los políticos y en La Guajira el nombre del representante Alfredo Deluque ha salido a flote como uno de los políticos con más cuotas en ese instituto. Aunque él ha negado su relación con fundaciones que estarían vinculadas con los contratos irregulares en el ICBF, mis fuentes en La Guajira aseguran que Deluque es uno de los dueños de ese instituto y que anda en la brega de ver cómo saca de la dirección a Cristina Plazas, quien de manera valiente ha denunciado la corrupción dentro del ICBF, aunque sin dar nombres. Por su parte, a Oneida Pinto, que ahora está tan preocupada por exigirle cumplimiento al ICBF en sus entrevistas, se le olvida que los primeros capturados por cuenta del desfalco en el ICBF en La Guajira, que ascendió a más de 2.217 millones de pesos, fueron funcionarios que trabajaron en su Alcaldía en Albania. Oneida Pinto ha sido incapaz de pronunciar siquiera la palabra corrupción en sus declaraciones, y el presidente de la Cámara solo ha atinado a pedir que los dineros provenientes de la venta de Isagén deberían ser destinados a La Guajira, sin que nos haya podido explicar por qué se dilapidaron las regalías de su departamento. No obstante, por estar donde están, y por haber sido elegidos, ellos son ahora parte de la solución. ¿Podrán serlo?Deluque, hijo de Hernando Deluque, un gobernador que fue destituido por la Procuraduría por haber falsificado cédulas en su elección, pertenece al clan que se hace llamar la Nueva Fuerza Guajira, cuya cabeza es el dos veces gobernador Jorge Pérez Bernier. Y la gobernadora Oneida Pinto es apoyada por el grupo de Jorge Ballesteros, el mismo que apoyó al cuestionado Kiko Gómez. Son dos castas políticas que funcionan como mafias y que a veces se unen y a veces se pelean.La filigrana con que se teje la corrupción en Colombia da para todo: estamos eligiendo a políticos que no deberíamos haber elegido para solucionar los problemas que ellos mismos causaron.