En Colombia hay dos aficiones que defi-nen muy bien el talante de nuestras encumbradas e inamovibles elites políticas: su elasticidad ética para hacer alianzas non sanctas y el afán por mantener siempre las formas democráticas, es decir por ocultar sus distorsiones y sus arbitrariedades con impecables ropajes jurídicos de forma tal que las violaciones a la Constitución puedan ser fácilmente presentadas como avances democráticos. Así nos vendieron la reelección de Uribe, los mismos que hoy la quieren acabar, y así nos quieren vender hoy la destitución de Petro: como si su salida a empellones y a sombrerazos de la Alcaldía fuera un triunfo de la democracia. En realidad, la forma en que el sistema ha intentado deshacerse de Gustavo Petro ha sido aterrador y nos deja mal parados a casi todos los estamentos de poder, comenzando por los grandes medios que lo sentenciaron a muerte y se ensañaron contra él, incluso antes de que se posesionara. Los periodistas perdimos los estribos de lado y lado. Varios colegas que tenían claros conflictos de intereses para abordar el tema, se ensañaron contra Petro y le exigieron a esa administración un rasero ético y una pulcritud que ni ellos mismos cumplían. Para la historia quedará el día de la destitución de Petro, cuando ninguno de los canales privados registró el hecho y en cambio sí se canibalizó a Canal Capital por haberlo transmitido. Pero también quedó mal el periodismo de Canal Capital que perdió el norte y se convirtió en un periodismo activista, intolerante a la crítica y dirigido a defender una administración que tiene muy pocas cosas que defender. Otro gran perdedor fue el procurador Alejandro Ordóñez, así hoy celebre al lado del presidente Santos su decisión de no acatar las medidas cautelares que la CIDH le otorgó a Petro. Es cierto que el procurador tenía las facultades para destituirlo pero eso no significa que su destitución no hubiera sido arbitraria. Si la Procuraduría le hubiera aplicado el mismo rasero que le aplicó a Petro a todos los alcaldes de Colombia por lo menos un centenar debería estar destituido comenzando por el de Cali que tiene a la población indignada por cuenta de la mala implementación del sistema de transporte MIO. Una Procuraduría que está utilizando su poder sancionatorio para fines políticos y para sacar del juego a los políticos que piensan distinto a Ordóñez no habla bien de nuestra democracia.El presidente Santos también pierde porque no pudo encontrar una solución dialogada con el petrismo para evitar que su destitución no lo convirtiera en el verdugo de Petro, como efectivamente sucedió. Y ahora le va a tocar en medio de un ambiente crispado, de la desconfianza de los progresistas, en la mitad del trance de su reelección y con unas encuestas muy poco favorables, ser el garante de un proceso que debe desembocar en unas elecciones de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 1475. Y para enderezar las cargas, lo primero que debería hacer es decirle a su ministro del Interior que se leyera la ley para que dejara de decir imprecisiones como las que dijo el viernes en El Tiempo cuando afirmó que si el petrismo no enviaba una terna el alcalde encargado (Rafael Pardo) podía llamar a elecciones. Eso no dice la ley ministro: con terna o sin terna al presidente le toca nombrar un alcalde provisional que debe ser del mismo grupo que ganó las elecciones y ahí sí ir a comicios. Así se evitaría lo que ocurrió con la Gobernación del Valle en una oportunidad cuando se hicieron toda clase de artilugios jurídicos luego de la destitución del gobernador Abadía para que no hubiera elecciones y se le entregó esa Gobernación a Angelino Garzón, quien puso una ficha suya. Esas maniobras ya no se pueden hacer ni maquilladas porque la reforma electoral del 2011, lo impide. Afortunadamente Santos nombró como alcalde encargado a un político decente como Rafael Pardo, quien, tengo entendido, ha llegado a la Alcaldía con la intención de respetar la decisión de las urnas y de tender puentes. Pero tal como está el ambiente, cualquier intento por dilatar el proceso –tres meses duró su gobierno para aceptar la terna que finalmente encargó a Clara López en Bogotá–, será entendido por los petristas como una argucia para tomarse a la capital, pero no por las urnas. Y finalmente perdimos los bogotanos. Salimos de un alcalde con serios problemas para gobernar, para ser ‘rescatados’por los mismos partidos que se robaron la ciudad de la mano de Samuel Moreno. Y atérrense: para muchos este rescate es un avance de la democracia.