Esta es una oportunidad significativa para combatir la corrupción y evitar una desbordada reforma tributaria, que fue aprobada en su primer debate a pupitrazo limpio, tras 48 horas después de ser presentada con cambios estructurales en más del 80 % de su articulado, es decir, una reforma nueva que no fue debatida con la rigurosidad que todos los colombianos merecemos.

Desplegar una decidida cruzada por cada dependencia del Estado, por cada ciudad y cada departamento en la optimización de los recursos públicos no da espera, donde la ciudadanía, las veedurías y la academia, además de los medios de comunicación, jueguen un papel protagónico.

Los líderes y fuerzas políticas, que por convicción acompañen esta cruzada, tendrán una oportunidad única de ser avalados por la ciudadanía para corregir el rumbo del país de cara a las próximas elecciones regionales.

Es el momento para que la Contraloría, Procuraduría y la Fiscalía le regresen la confianza al pueblo colombiano con investigaciones sólidas y sanciones ejemplares.

Los carruseles de la contratación deben experimentar todo el peso de la ley para que la administración pública pueda tomar el rumbo de la integralidad y la generación de confianza de cara a la ciudadanía.

Es la oportunidad de ir más a fondo en una verdadera política pública de optimización de recursos, buscando reducir y financiar responsablemente el Presupuesto General de la Nación, sin necesidad de empobrecer a la clase media y trabajadora, y evitar anuncios o medidas que frenen o ahuyenten el interés inversionista en nuestro país.

Esta política de optimizar los recursos públicos debe tomar fuerza como nunca antes, en el rigor de la eficiencia.

El Plan Nacional de Desarrollo, en coherencia con lo anterior, debe mostrar como una de su principales fuentes de financiación la optimización de recursos enfocados a disminución de los costos unitarios y el mejoramiento en el índice de rendimiento en los recursos utilizados, además de una priorización que permita el desarrollo integral de las regiones.

Un reto importante sería disminuir en al menos un 10 % el Presupuesto General de la Nación, sin sacrificar los derechos básicos y compromisos adquiridos con la ciudadanía. Con esto nos ahorraríamos como mínimo la inflación que equivaldría a una cifra cercana a los 40 billones de pesos para el primer año, superior a los 22 billones que pretende recaudar la antidemocrática reforma tributaria.

Esta reforma debería enfocarse en optimizar los impuestos ya existentes, y no inventarse nuevos; debería eliminar beneficios tributarios caducos e ineficientes, sin cambiar las reglas de juego de estabilidad jurídica que afectarán el interés inversionista del país.

No se puede seguir gastando más de lo que ingresa y se debe tomar ventaja al pago de la deuda externa, buscando abaratar el costo del dinero e incrementar el poder adquisitivo de los colombianos, y el interés de inversión en nuestro país.

Al final de la jornada el avance de la agenda de infraestructura, desarrollo social y económico, la garantía de los derechos constitucionales, y el cumplimiento de los deberes para todos los ciudadanos, junto a la financiación Estatal, hará que la ciudadanía independiente de su condición social, económica o política sea la gran ganadora, en especial nuestras nuevas generaciones. Debemos entender que la única manera de generar riqueza, es promoviendo la generación de empleo.

El llamado es a construir un Estado íntegro, eficiente, y no amparar un día más a estructuras políticas corruptas, que lo único que hacen es destruir y empobrecer la nación.

Esa es la grandeza de una nación, que todos los ciudadanos que respetan la Constitución y la Ley sean ganadores, proveyendo un mejor futuro para las nuevas generaciones.