La despenalización del aborto hasta la semana 24 es un hito histórico para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de millones de mujeres y personas gestantes en Colombia. Sin embargo, cada conquista que alcanzamos abre paso a un nuevo universo de escenarios sobre los cuales trabajar para que las decisiones, por las que hoy somos referente en la región y en el mundo, trasciendan del papel. Y es que la implementación del fallo será exitosa en tanto proyectemos una mirada integral alrededor del aborto, que extienda la prestación del servicio y que lo entienda en un marco de derechos humanos, equidad y justicia social.
¿Qué hay de la semana 24? ¿No será demasiado? Esas son las preguntas más recurrentes que he recibido durante estos días. Pero poco se pregunta sobre qué factores inciden para que un embarazo no deseado avance, poco se indaga sobre por qué en un país con 16 años de jurisprudencia sobre el aborto, las mujeres siguen enfrentando todo tipo de barreras para poder decidir sobre su futuro y su proyecto de vida. Nadie pregunta por qué teniendo una Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, nuestros jóvenes ven limitado el acceso servicios de salud, incluyendo la anticoncepción; o por qué no hacen parte de procesos continuos en Educación Integral en Sexualidad y aún se les señala con el peso del dogma por vivir y disfrutar de su sexualidad.
Nuestras investigaciones han puesto en evidencia cómo las barreras de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto, afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Son las más vulnerables, las que por su situación económica, su raza, su estatus migratorio o incluso por su ubicación geográfica no pueden acceder a servicios oportunos de aborto. La Corte no omitió esa realidad del país que a veces es tan invisible a los ojos del privilegio y por eso fijó un plazo amplio que permitirá mitigar las consecuencias de un sistema que les sigue fallando a nuestras niñas, jóvenes y mujeres cuando de garantía de derechos humanos se trata.
Infortunadamente, el debate se ha centrado en una interpretación inadecuada de las 24 semanas. Voces de todo tipo y con distintos y evidentes intereses, desde la búsqueda de réditos políticos hasta la acostumbrada imposición de creencias, castigan el plazo omitiendo que la mayoría de abortos se realizan en las primeras semanas de gestación y no reconocen que el rango amplio de semanas que definió la Corte es un acierto para proteger a aquellas mujeres que por alguna razón no pudieron acceder a un aborto en un momento anterior.
Y si nos preguntamos: ¿cómo hacer la mejor lectura posible del fallo y así implementarlo en beneficio de todas las niñas, mujeres, hombres trans y personas no binarias? ¿Cómo logro separar mis convicciones personales y en un ejercicio de verdadera empatía, entender que la existencia del derecho no me obliga a ejercerlo?
Definitivamente, hay que ver más allá del fallo C-055 de 2022. Como directora ejecutiva de la organización que ha dedicado más de cinco décadas a la lucha por la garantía del derecho universal de la salud y el goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en Colombia, puedo asegurar que una mirada integral, que trascienda a la prestación del servicio de aborto y se enfoque en la autonomía reproductiva, es fundamental para la implementación del fallo.
Así las cosas, el que cada vez sean menos personas las que necesiten un aborto exige un esfuerzo decidido y continuo por garantizar procesos de Educación Integral en Sexualidad, de un acompañamiento que empiece desde la infancia y se adapte al respectivo ciclo de vida. Requiere, asimismo, la garantía de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva oportunos, libres de toda barrera y sesgo particular. Con la despenalización del aborto en Colombia, sentamos las bases de una sociedad más justa y equitativa, en la que la eliminación de la criminalización nos permitirá avanzar con un enfoque de salud pública para la prevención de los embarazos no deseados. Nos exige que, en esta época convulsionada por los ánimos políticos, fijemos nuestros ojos en quienes proponen más allá de la mera reacción; en quienes analizan y proyectan una visión realmente democrática y garante de los derechos humanos, una mirada que va más allá del fallo, que tenga en el centro de la decisión a las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes más vulnerables, afectadas por las violencias de género, la crisis migratoria, la trata y un sinfín de vejámenes y condiciones de vida en las que un embarazo no deseado se convierte en una verdadera tragedia.