El decreto que expidió el gobierno para modificar el sistema de inspección, vigilancia y control (IVC) de la carne y habilitar los mataderos municipales es excesivamente laxo en condiciones sanitarias. Por ejemplo, no les exige a estos lugares conservar la cadena de frio ni cumplir con el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, no los obliga a hacer la inspección oficial permanente por parte del Invima, nada dice del manejo de residuos (vertimientos y emisiones), como tampoco de medidas para reducir el sufrimiento de los animales (por matanzas sin tecnificación). En cambio, les deja a los entes territoriales las tareas de IVC, cuando ni siquiera han podido controlar eslabones como el transporte y el expendio ilegal. En suma, estimula la apertura de mataderos chabacanes en municipios categoría 4, 5 y 6 (casi todo el país) y la conversión de mataderos nacionales (tecnificados) a mataderos municipales.
Es lamentable, puesto que, si algo se logró con el decreto 1500 de 2007 fue cerrar más de 1000 mataderos que incumplían medidas ambientales y exigencias de inocuidad y salubridad. De esos, 229 eran municipales que fueron clausurados por autoridades ambientales o por el Invima, y que hoy, dramáticamente, podrán reabrirse con el nuevo decreto bajo el brazo y sin mayores restricciones.
Si la medida fuera abrir mataderos en departamentos donde no hay plantas (Chocó, Vichada, Amazonas, Putumayo, etc.) y con todas las de la ley, otro sería el análisis. Pero el gobierno se ha limitado a expedir un decreto para que los alcaldes hagan lo que les venga en gana, causando, a la vista, más problemas que soluciones. En fin, los funcionarios generando desgobierno.
Lo cierto es que no se baja el costo de la carne abriendo mataderos ¿Será que los asesores del gobierno ignoran que el precio de la carne depende directamente del precio de los animales? Explicado en detalle: el costo de un kg de carne depende del costo de los animales en un 93%, del transporte en un 5%, de los impuestos y las tasas en un 1.5 % y de la transformación en un 0.5%. O sea que la apertura de mataderos municipales no reducirá el costo de la carne en más de un 5%.
En cambio ¿Por qué será que los funcionarios se niegan a mirar las exportaciones de ganado en pie (barcos de la muerte) que es donde puede estar la verdadera causa del alza del precio de la carne? Entre 2019 y 2022 Colombia pasó de exportar 75.370 animales a 387.500. Obviamente, este crecimiento tiene un efecto especulativo en la comercialización, puesto que se exportan animales flacos (de menos de 300 kg), lo que causa un desabastecimiento en el inventario de animales que afecta la oferta de “ganado gordo” en el futuro. Además, los exportadores no pagan impuestos ni tasas, pese a que el negocio se beneficia de los parafiscales del Fondo Nacional del Ganado. En fin, un negocio redondo que se lleva hasta las “vacas flacas” y se abre camino sin inspección, vigilancia ni control. Ahí está la bolita.
Hay quienes, buscando alguna bondad en la medida, señalan que resucitar los mataderos municipales reducirá las matanzas ilegales. ¿Pero será que quienes hoy matan a los animales en potreros, planchones y establecimientos clandestinos están dispuestos a pagar los costos del transporte de la finca al matadero y del matadero al expendio, de las guías de beneficio y movilización sanitaria, el impuesto por degüello y la cuota de fomento? La respuesta es no.
Los funcionarios del gobierno se inventaron una medida populista que más parece un anuncio efectista y taquillero, pero inútil. Si el presidente quiere bajar el costo de la carne debería suspender las exportaciones marítimas de animales vivos. Y si quiere luchar contra la crisis climática debería dejar de buscar que se produzca más carne y, más bien, metérsela toda a la agricultura. Es decir, invertir la ecuación: que los 39 millones de hectáreas en las que hoy hay vacas sean para cultivos y que las 5.3 que hoy se cultivan sea para vacas.