El presidente Duque le debería decir al país por qué está de acuerdo con la construcción del cuestionado puerto de Tribugá, en el municipio de Nuquí. Y lo debería hacer rápido, antes de que las playas de este paraíso terminen convirtiéndose en el muladar donde los violentos arrojan los cuerpos sin vida de los líderes de la comunidad que ellos matan porque se les vuelven incómodos.
Eso le sucedió a Juana Perea, la líder ambiental cuyo cuerpo fue arrojado en la playa frente a la estación de Policía de Nuquí. Lo dejaron allí para intimidar a los pobladores y para llenarlos de miedo. Ese ha sido siempre el propósito de los usurpadores: desplazar a la fuerza a la población para que los expoliadores puedan disponer de unas tierras que de pronto han cobrado un inusitado valor ante la posibilidad de que allí se vaya a construir el puerto de Tribugá. Esas tierras no les pertenecen a los expoliadores porque sus dueños son los consejos comunitarios y los resguardos indígenas. Pero como lo prueba la historia del conflicto en Colombia, a estos despojadores eso nunca les ha importado. “Vamos a por ellas”, como dirían los mosqueteros.
Este proyecto, que fue suprimido del plan de desarrollo por la bancada parlamentaria que reconoció la importancia de los temas ambientales, ha sido cuestionado por todas las organizaciones medioambientales debido al devastador impacto que tendría sobre uno de los lugares más ricos en biodiversidad del planeta. Además, en esas aguas es donde las ballenas llevan a parir sus ballenatos, una maravilla que ha impulsado una infraestructura ecoturística que les da sustento a muchas familias y un tejido social que se ha ido construyendo alrededor de la sostenibilidad y de la preservación del ecosistema. En Nuquí existe la cooperativa de pesca artesanal más grande del país y sus pobladores son defensores de un modelo de desarrollo verde que quedaría arrasado si se termina construyendo el puerto. El asesinato de Juana Perea hace parte de una cadena de hechos violentos que se han intensificado desde que el presidente Duque llegó al poder con la idea de construir el puerto de Tribugá.
Antes de la pandemia fue asesinado un líder indígena al que se le señalaba de ser colaborador del ELN, crimen que forzó a la comunidad a desplazarse hacia Tribugá. Durante la pandemia, el poder de las autodefensas gaitanistas –los pobladores creen que detrás de esta fachada está el Clan del Golfo– se ha incrementado de manera exponencial. Quince días antes del asesinato de Juana se había producido otro homicidio en las mismas circunstancias, además de que el primero de octubre, en una acción coordinada en varios municipios del Pacífico, las Autodefensas Gaitanistas empapelaron y pintaron las paredes de Nuquí.
El Gobierno Duque, en lugar de tomar correctivos y de reforzar la Policía, la disminuyó. Hoy, Nuquí tiene solo nueve policías de los 14 que tenía antes de la pandemia. Así lo reveló el alcalde de Nuquí, el pasado mes de junio, en una inquietante carta al comandante de Policía del Chocó. En ella además dice que los múltiples crímenes que se suceden en su municipio “no tienen quién los investigue y absolutamente todos quedan impunes”.
Mientras que Nuquí caía bajo el manto de la impunidad y en manos del Clan del Golfo, casi que simultáneamente el gobernador del Chocó –el mismo que fue destituido por la Procuraduría y que luego volvió a su puesto– convocaba a la asamblea departamental para que declarara de utilidad pública el puerto de Tribugá. Esa movida, que contaba con la anuencia de Duque, facilitaría el desarrollo del proyecto pese a que carga desde su inicio serios problemas de estructuración. La Anla no le dio la licencia ambiental de alternativas porque no cumplía los requisitos; la ANI, la agencia encargada de entregar las concesiones, le negó la póliza de seriedad y cumplimiento a Arquímedes, que es la sociedad promotora. Y por si esto fuera poco, Codechocó dictaminó en junio de este año que este proyecto no era viable por sus impactos ambientales.
Duque se autoproclamó como el presidente defensor del medioambiente ante las Naciones Unidas, pero sigue impulsando la construcción de un puerto como el de Tribugá, considerado no viable hasta por sus propias agencias y que puede acabar con uno de los lugares más biodiversos del planeta.
En este ambiente tan caldeado y tan lleno de espejismos a Juana Perea la asesinaron. Ella había llegado cuatro años antes a Nuquí y se había convertido en una voz muy importante dentro del tejido social de esta comunidad tan particular. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar desde que escuchó por primera vez que en el municipio de Nuquí se iba a construir el puerto de Tribugá. “Desarrollo sí, pero no así”, decía ella para acallar los espejismos con que los promotores del proyecto emocionaban falsamente a muchos de los pobladores para que apoyaran esta iniciativa en una eventual consulta previa.
Su pecado fue promover un modelo alternativo distinto, basado en el desarrollo comunitario, en la pesca artesanal, en los bonos de carbono y en la protección del medioambiente. A pesar de que no fue la líder que organizó la resistencia al puerto, sí empezó a construir alternativas distintas a las que pintan los promotores del puerto. Ella sabía que ocultaban lo que pasó y sigue pasando en Buenaventura, un puerto construido sobre el desplazamiento, que hoy sigue dominado por las bandas, la miseria, la pobreza y en donde el desarrollo que prometieron terminó en las casas de pique. Por eso mataron a Juana; por soñar. Habría sido un honor haberla conocido.