Desde hace varios meses el Gobierno nacional decidió que la ocupación máxima del transporte público debía ser del 35 por ciento. Esto generó dos situaciones bien problemáticas. En primer lugar, puso en aprietos las finanzas locales al obligar a las alcaldesas y alcaldes a sacar plata, de donde no tenían, para pagar la reducción de pasajeros y garantizar la operación de los buses. A esto ya me referí en una columna anterior (https://www.semana.com/opinion/articulo/fernando-rojas-columna-de-opinion/667055). En segundo lugar, como en otros lugares del mundo, le cargó a los buses el mote de foco de contagio de covid-19. Esto generó miedo en la ciudadanía y la impulsó a buscar nuevas posibilidades de movilidad: caminar, bicicleta, taxis y transporte informal, por mencionar algunas. Pero tal vez la situación más grave es que esta decisión fue una invitación para que los que pudieran y quisieran compraran carro o moto. Según datos de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), mientras que en abril la venta de carros tuvo una reducción del 98,9% con relación al año anterior, en mayo (-59,9%), junio (-38,5%) y julio (-36,8%) hubo un repunte. Tal vez no logren la meta de ventas anuales, pero en la medida en que más sectores retomen sus actividades, más carros se venderán. Al revisar la evolución mensual de la venta de motos, la situación crítica fue similar, pero la recuperación fue mayor. Así, mientras que en abril la reducción fue del 99,6%, en mayo (-65%) y en junio (-11,6%) se dio un repunte importante, marcando una tendencia que hacía final de año podría llevar a que se cumplan las metas comerciales. Hay que recordar que Fedesarrollo, en un estudio realizado en 2014, calculó en 52 billones de pesos el impacto del sector automotriz en la economía colombiana. En ese sentido, el Gobierno nacional se saborea, en medio de una crisis social y económica de la magnitud de la generada por la covid-19, porque se aferrará a todo lo que mueva plata o genere empleo sin importar los impactos colaterales de sus decisiones. Eso significa que la recuperación de la venta de carros y motos, más los negocios agregados, serían una importante tabla de salvación para un Gobierno nacional desfinanciado. Al mismo tiempo, será un dolor de cabeza para los gobiernos locales que saben de los interminables trancones que se cocinan en la movilidad postpandemia. Sin embargo, hay que recordarle al Gobierno nacional que el transporte público es el eje fundamental de la movilidad. Difícilmente una ciudad funcionará únicamente en bicicleta o caminando. La crisis financiera del transporte público en diferentes ciudades y la incapacidad de la nación para ayudar, obligarán pronto a aumentar el nivel de ocupación de los buses. Para eso tendrá que vencer el miedo ciudadano. Aunque ya hay evidencia internacional que confirma que el riesgo en los buses se reduce sustancialmente si se toman las medidas de cuidado necesarias, el Gobierno nacional no logra inspirar confianza ni tranquilidad en la ciudadanía. La ausencia de liderazgo en el debate sobre el futuro del transporte público es total, ni qué decir en cómo garantizar su operación más allá de la tarifa que pagan los usuarios. Es una lástima que el Gobierno nacional no aproveche este momento de cambio y transformación para modernizar su visión de la movilidad y del desarrollo urbano.