La salud ha sido, desde el inicio del actual Gobierno, uno de los temas que más han estado en la agenda pública. Fue la reforma a este sector uno de los primeros anuncios hechos por el hoy presidente Gustavo Petro, y desde entonces lo que pasa en materia de salud colma los titulares diarios.

Es obvio que así sea. El actual Gobierno plantea cambios profundos al sistema de atención colombiano; en esencia, busca que se quite a las EPS la intermediación en la prestación de los servicios de salud y se le entregue al Estado. Y eso genera un choque.

No ha tenido disimulo el Gobierno en manifestar su malquerencia por las EPS, que alegan cada día una mayor estrechez económica y una imposibilidad de sostenerse en el futuro.

Pero no ha sido solo la reforma a la salud. El país está viviendo situaciones de las que no tenía antecedentes, tal vez la más preocupante, el desabastecimiento de medicamentos. Hoy los colombianos no sabemos muy bien cuál es la razón por la cual los pacientes no están encontrando todas sus medicinas; mientras sectores sostienen que la explicación está en la ausencia de nombramiento de un director en propiedad en el Invima, pues esto ha generado retrasos en licenciamientos y registros de medicamentos, desde el Gobierno se insiste en que se trata de una situación que obedece a factores externos. Frente a la escasez, por ejemplo, de tres medicamentos clave en el tratamiento de niños con VIH, el Gobierno ha sostenido que se debe a una pérdida de interés en el mercado por estos medicamentos y a la interrupción en su producción por la falta de materia prima a nivel internacional.

¿Es culpa del mercado o de que no haya director en propiedad en el Invima?

Se lo quisimos preguntar al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en la mesa de 6AM de Caracol Radio, pero de manera sorpresiva, cuando se cuestionó por qué la demora del Gobierno en el nombramiento en el Invima, el ministro Jaramillo se salió de casillas, acusó al medio de haberle hecho una encerrona, pidió respeto y colgó. “Le agradezco la oportunidad, pero no pueden asaltarlo a uno cuando lo llama José Luis (productor) a uno y me dice que me preguntarán una cosa y después me preguntan sobre lo divino y lo humano”, fue su razón antes cortar la llamada.

La molestia del ministro había empezado minutos antes, cuando se le preguntó por las críticas al nombramiento de Aldo Cadena como director de la Nueva EPS. Los cuestionamientos tienen que ver con que, para algunos opositores, Aldo Cadena tuvo responsabilidad en la mala gestión de la EPS Capital Salud en Bogotá. Además, en sus redes sociales, Cadena promovía marchas contra las EPS y ha sido un abierto contradictor de su gestión.

Pero el ministro Jaramillo desestimó estos señalamientos y afirmó que las críticas a Cadena se debían a que “no es blanco, grande, buen mozo y artista”. Para rematar diciendo que los cuestionamientos se debían a que el nuevo presidente de la Nueva EPS era “negrito y pobre”. Después vino la pregunta del Invima y la tirada de teléfono.

Esta no puede ser la posición de un ministro y mucho menos si es el encargado del sector que más preocupa a todo un país. Son muchas las inquietudes que tienen los colombianos sobre todo lo que está pasando en la salud: las deudas con las entidades prestadoras, que el Gobierno dice que no existen, pero que las EPS afirman que sí; el desabastecimiento de medicamentos; los trámites represados en el Invima; las razones por las cuales la entidad no ha tenido director en propiedad desde hace 19 meses; el plan para recuperar los Centros de Atención Primaria y un largo etcétera.

La Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 del 2014) obliga a los funcionarios a facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y a promover la transparencia gubernamental en todas las entidades del poder público, incluidos los entes territoriales, los organismos autónomos y los de control.

Así que, ministro Jaramillo, serénese, respire profundo y sepa que es deber de los medios de comunicación preguntarle por los temas que inquietan a los ciudadanos, así como es su deber también dar respuesta a las inquietudes, salvo que se trate, por supuesto, de asuntos reservados del Estado.

Sobra decir que este requerimiento de información siempre debe darse en el marco del respeto por la dignidad del funcionario, premisa básica que desafortunadamente algunos colegas han olvidado al confundir contundencia con grosería. No fue el caso, ni mucho menos, de la entrevista que cortó abruptamente el ministro Jaramillo en Caracol.

Preocupa que desde el Gobierno haga carrera la idea de que todo aquel que cuestiona alguna medida o decisión es un opositor. Algunos funcionarios han decidido bloquear a los periodistas, como me sucedió con la funcionaria del Ministerio del Trabajo, Luz Ángela Martínez, directora de Inspección, Vigilancia y Control, cuando le pregunté por las gestiones del ministerio ante el no pago de salarios a Marelbys Meza, la niñera de Laura Sarabia. Inmediatamente, bloqueó mi número en su celular. Otros ni siquiera responden los derechos de petición, como pasa con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Otros jefes de prensa a veces se molestan cuando se piden explicaciones y responden de mala manera.

La relación periodismo-funcionarios siempre es difícil. Pero hay que calmarse. Lo que no puede pasar es que se pase el ámbito del respeto tirando el teléfono.