El Movimiento Social E24 nació a finales de diciembre del año pasado. Es un grupo de ciudadanos indignados que el 24 de enero (de ahí su nombre) se movió de la queja virtual al plantón en las calles. Con tan solo dos meses de creado, este grupo ya suma más de 87 mil miembros en su página oficial. Protestan por diversas causas: la venta de Isagen, el poco aumento del salario mínimo o la privatización de hospitales. Pero hace unas semanas el subdirector de la Aeronáutica Civil, coronel Luis Carlos Córdoba, alertó sobre la posible toma de algunos aeropuertos del país a manos de este movimiento.Así fue la cosa. Darío Arizmendi entrevistó al subdirector de la Aerocivil, no sin antes afirmar que las protestas del E24 no han sido pacíficas. Luego habló el subdirector: “recibimos una información […] de la cual se manifestaba por algunas fuentes de inteligencia […] que este grupo E24 que ha protagonizado protestas acompañadas con actos vandálicos, pretendían tomar este tipo de acciones en algunos aeropuertos importantes del país”. Y concluía: “el contenido de la protesta no lo conocemos […] no tenemos una información puntual que nos pueda corroborar que esto se esté haciendo”.Iliana Bermúdez, una de las creadoras del E24, me comentaba que no entendía el alboroto: “Nosotros nos dimos cuenta por televisión e inmediatamente salimos a aclarar que no somos ningunos vándalos y que promovemos protestas pacíficas, nada de bloqueos. Lo más raro es que le hemos pedido la carta oficial al de la Aerocivil y nada. De la Blue lo llamaron y no contesta el teléfono”. Este hecho sorprende. Al Estado y a los medios se les olvida que la protesta es una de las piedras angulares de la democracia. Si bien es cierto que el gobierno tiene la obligación de proteger a los ciudadanos, también lo es que no puede desprestigiar –y los medios tampoco- a una iniciativa ciudadana sin antes informarse apropiadamente de ella y de sus formas de movilización.Si el posconflicto supone y busca la apertura democrática a manifestaciones ciudadanas que critican al gobierno, este no puede responder con estigmatización. Al contrario, el Estado tiene una enorme responsabilidad histórica con los movimientos sociales y está en la obligación de reconocerlos y de escuchar y negociar sus demandas. Y los movimientos sociales están para mostrarle al gobierno eso que se esfuerza en ignorar.Pero lo paradójico de este y otros casos es que permite ver lo selectivo que es el Estado al poner la mira en ciertos temas y no en otros. El Estado se alarma sin fundamento aparente con un movimiento de ciudadanos que sale a las calles, pero no se alarma por aquello por lo que protestan. No entiende la indignación de una persona que al ganar el mínimo o menos del mínimo, tiene que pagar dos mil pesos por usar un Transmilenio en el que será empujado una y otra vez; o la desesperación de una persona que va numerosas veces a urgencias a rogar atención, para que luego de horas de espera le repitan la dosis de acetaminofén antes de descubrir, meses después, que tiene una enfermedad grave.El gobierno tiene una gran capacidad para desplegar el ESMAD o infiltrar inteligencia militar en las protestas, pero no la tiene para evitar que niños mueran de hambre en la Guajira o en los cinturones de pobreza de las ciudades. Esa misma inteligencia no le dio para diferenciar a los vándalos que dañan Transmilenio, de un grupo ciudadano que apoya protestas pacíficas. Esperemos que iniciativas ciudadanas como la del E24 se multipliquen y vivan más allá de la coyuntura del momento y que le muestren al gobierno que sus arengas sí tienen cabida en la vida democrática nacional.* Investigadora de Dejusticia