Tenemos mucho que aprender sobre el verdadero valor del territorio marítimo de la nación y lo que sus aguas representan para el progreso, la prosperidad, la calidad de vida de la población y en general para el futuro de Colombia. Este territorio olvidado por los políticos, pues no les generan votos, es fundamental para producir empleo, energía, alimento y es parte integral de nuestra soberanía; el mar y sus recursos son básicos para la subsistencia de la humanidad.
Con preocupación se observa que la agresión contra nuestra soberanía por parte de Nicaragua, ha sido permanente durante las últimas cuatro décadas e intenta por medio de artimañas vulnerar nuestro territorio, contando además con decisiones jurídicas amañadas por parte de la CIJ, como lo mencionado en el fallo de 2012, donde posiblemente bajo presiones políticas internacionales esta Corte le amplía el espacio marítimo a ese país en detrimento de nuestra soberanía.
Parece que el país no se ha dado cuenta de la gravedad de esta amenaza y lo que representa para la herencia de las futuras generaciones. El próximo 13 de julio, la CIJ se debe pronunciar sobre la última demanda, la cual es a todas luces absurda, pues Nicaragua pretende que se le extienda la plataforma continental más allá de las 200 millas, usurpando así los derechos de Colombia sobre el lecho y subsuelo de las áreas submarinas, estrangulando nuestra soberanía.
Las demandas del régimen nicaragüense, así como su desconocimiento unilateral del Tratado Esguerra Bárcenas, son sin lugar a duda una agresión contra Colombia que los políticos no han sabido enfrentar oportunamente y, como ha manifestado Alfred Mahan, “No hay nación que pueda conservar lo propio si permanece inactiva”; debemos preguntarnos por qué los políticos no han buscado unir al pueblo colombiano alrededor de estos temas de interés nacional o porque no se ha respondido con firmeza ante estas provocaciones.
Lo paradójico del caso es que Nicaragua no presentó títulos de pertenencia o posesión sobre la costa de Mosquitos para respaldar la solicitud que hizo en 2001, origen del fallo de 2012, como lo menciona el investigador Juan Roberto Serrano Ochoa, demanda ante la cual buscaban entre otras declarar inválido el Tratado Esguerra-Bárcenas y que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina les pertenecía, demanda que fue aceptada por la CIJ sin cumplir los mínimos requisitos y sobre la cual entonces se pronunció ilegalmente, aunque no aceptó todo lo que aspiraba Nicaragua.
El mismo investigador Serrano Ochoa ha hecho varios requerimientos al Gobierno nacional y solicitó a la Presidencia que el Estado se pronunciara ante la Corte para lograr la Reparación y Rectificación del mencionado fallo dentro de los términos legales, lo cual parece no se ha hecho. Sin duda, los planteamientos de Serrano Ochoa buscan que la soberanía de Colombia sea respetada dentro de su territorio marítimo y que las pruebas por él aportadas, además de formar parte integral del proceso, sean la espina dorsal sobre la que descansan los derechos inalienables de nuestra nación.
No está de más mencionar lo establecido en el artículo 186 de la Constitución, donde en el numeral 6 se le asigna al Presidente la responsabilidad de mantener la inviolabilidad del territorio y, en el artículo 455 del Código Penal, cuando se habla de delitos contra la Existencia y la Seguridad del estado, particularmente hace mención del Menoscabo de la Integridad Nacional y establece una pena de prisión de 20 a 30 años a quien contribuya a fraccionar el territorio. Quien por acción u omisión no cumple su deber para mantener la soberanía de nuestro territorio, deberá responder ante la ley sin importar su cargo.
No podemos entregar un solo centímetro cuadrado de nuestro territorio marítimo; ya hemos perdido gran extensión de nuestro territorio continental por ineficiencia, ineficacia, indiferencia e irresponsabilidad de muchos políticos que no se han dado por enterados. Los colombianos no podemos perder de vista el resultado de la CIJ sobre la plataforma extendida que reclama Nicaragua y aunque una Corte no puede establecer nuestros límites, nunca cedamos un solo palmo de nuestro territorio soberano. Colombia unida nunca será humillada.