Una actitud frecuente de algunos Estados, desde Rusia a Nicaragua, es la de, no obstante ser lobos, mostrarse con piel de oveja. Funcionarios y amigos de Daniel Ortega en Nicaragua han señalado que Colombia debe cumplir el fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 2012. Independientemente del tema, vale recordar que Nicaragua no se ha distinguido por el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y menos frente a nuestro país.
Se le olvidó que, en un hecho sin precedentes y aunque Colombia venía ejerciendo desde 1821 su soberanía y jurisdicción sobre las islas de San Andrés y Providencia, en forma exclusiva, pacífica e interrumpida, en 1913 de la noche a la mañana resolvió reclamar todo el archipiélago.
En 1928 firmó un tratado en que reconoció la soberanía colombiana sobre las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos del archipiélago. Sin embargo, puso la absurda condición de que se mantuviera el tratado en secreto aludiendo a problemas políticos internos. Colombia accedió. Sin embargo, ocho meses después, el Gobierno colombiano tuvo que presentarlo a la aprobación del congreso. Nicaragua se indignó y pidió ayuda a Estados Unidos.
Optó por “engavetar” el tratado y no lo sometió al congreso, ni en 1928, ni 1929, ni en los primeros meses de 1930, en que Estados Unidos nuevamente le sugirieron que lo sometiera a la aprobación del Congreso para que el tratado pudiera entrar en vigor.
Managua de mala gana accedió, pero nuevamente quiso enredar las cosas y puso como condición que se dejara una constancia de que solo las islas que se encontraban al oriente del meridiano 82° pertenecían al archipiélago. Colombia volvió a acceder, porque era un asunto absolutamente menor.
Posteriormente, y sin importar que el tratado de 1928 estaba vigente, en 1969 sorpresivamente uno de los muchos dictadores que Nicaragua ha tenido, el general Anastasio Somoza, resolvió reivindicar el cayo de Quitasueño. Tiempo después reclamó también los cayos de Roncador y Serrana. Volvió a pedir ayuda a Estados Unidos.
Como si fuera poco, en 1980, Daniel Ortega resolvió reclamar todo el archipiélago, desconociendo el tratado de 1928. Pero la actitud inamistosa hacia Colombia continuó y no obstante las propuestas de nuestro país de dialogar, en el 2001 nos demandó ante la Corte Internacional de Justicia reclamando la totalidad del archipiélago y un límite que iba por lo que consideraba el borde externo de su plataforma continental.
La Corte reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago y todos los cayos. No aceptó ni el límite marítimo que Colombia invocó, ni el que Nicaragua pretendía y trazó el que consideró ajustado a las normas del derecho internacional.
El Gobierno colombiano manifestó que el fallo no era aplicable hasta que no se reflejara en un tratado bilateral con Nicaragua. Managua, otra vez en retaliación demandó a Colombia ante la Corte, reclamando, con cualquier pretexto, que el alto tribunal debía reconocer como límite, la línea que le negó en 2012.
Nicaragua ha demostrado durante 120 años, algunas veces vestida con piel de oveja, su antipatía hacia nuestro país. No obstante las negociaciones, los tratados e incluso los fallos de la Corte Internacional de Justicia.
Siempre tendrá un argumento para pretender las áreas marítimas y los territorios que pertenecen a Colombia en el Caribe,
Ha demostrado no ser un estado confiable. Grave condición.