Se han realizado audiencias en la Corte Internacional de Justicia en el caso de la pretensión de Nicaragua a la plataforma continental extendida. Un capítulo más de sus pretensiones sobre el archipiélago de San Andrés.

Nicaragua ha utilizado siempre la estrategia de presentarse ante el mundo como un país pobre e indefenso, fiel cumplidor de las normas y principios de derecho internacional. Bajo la amenaza permanente de países “poderosos” como Colombia, que ―según ella― ha tratado de borrar su jurisdicción marítima en el Caribe con unas “puntas de alfiler” como las islas de San Andrés.

Un drama parecido al de David contra Goliat; aunque ha sido en realidad un lobo con piel de oveja, ya que Nicaragua se ha apoyado en los Estados Unidos para obtener ventajas frente a Colombia.

Los Estados Unidos tuvieron siempre un interés muy especial por Nicaragua debido a su condición de ruta fundamental para la comunicación interoceánica y llave para el control del Caribe.

Después de que Washington gestó la separación de Panamá para continuar la construcción del canal interoceánico, el 8 de febrero de 1913 concertó con Nicaragua un tratado secreto mediante el cual, esta le aseguraba el derecho de construir un nuevo canal por territorio nicaragüense y le alquilaba por 99 años las islas Mangles, que eran parte del Archipiélago de San Andrés y habían sido reconocidas expresamente como colombianas en el Laudo del presidente de Francia Emile Loubet en 1900.

Como Colombia protestó por ese convenio secreto, los Estados Unidos, molestos, empujaron a Nicaragua a que respondiera reivindicando no solo las islas Mangles, sino todo el archipiélago. Desde ahí comenzó la controversia colombo-nicaragüense, que no se ha cerrado definitivamente. Es decir, llevamos 109 años en esas, con diferentes modalidades. Ni siquiera el conflicto árabe-israelí o el de India y Pakistán llevan tanto tiempo.

Durante los 15 años de negociaciones que siguieron a la formulación de su pretensión sobre el archipiélago en 1913, Nicaragua lo solicitó, y los Estados Unidos accedieron a empujar a Colombia un arbitraje sobre la soberanía del archipiélago. Nuestro Gobierno aceptó, pero si se incluía igualmente la Costa Mosquitia, lo que afortunadamente Managua rechazó.

Siempre las administraciones norteamericanas tuvieron una consideración muy especial, no solo con el régimen de los dictadores de la dinastía Somoza, sino ―y aunque no se crea, en un principio― con el gobierno sandinista.

Cuando Colombia en los setenta solicitó a los Estados Unidos la concertación de un tratado que derogara el condominio sobre los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, vigente desde 1928, los norteamericanos, para negociar, dieron explicaciones a Nicaragua y le dijeron discretamente que apoyan sus pretensiones sobre los cayos.

Siguiendo esa línea, en el tratado que firmaron con Colombia en 1972, los Estados Unidos se negaron a reconocer la soberanía colombiana sobre los cayos y solamente retiraron sus pretensiones sobre los mismos, pero manifestando que el cayo de Quitasueño, no era susceptible de soberanía, como sostenía Nicaragua.

Luego, primero por las gestiones de los amigos de Somoza y después para congraciarse con los sandinistas, el congreso norteamericano aplazó la aprobación del tratado por diez años. Incluso al aprobarlo insinuaron que la controversia de Colombia con Nicaragua debía someterse a la Corte Internacional de Justicia.

Nicaragua seguirá vendiendo ante el mundo su condición de David frente a Goliat, que le ha dado tan buen resultado, no obstante, que desde 1930 ha sido la campeona en la violación de los derechos humanos y que por décadas ha amenazado militarmente a Costa Rica y a Honduras.

(*) Decano de la facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.