Hace poco más de una semana, el canciller Álvaro Leyva solicitó en Nueva York, frente a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la creación de una comisión internacional de investigación o grupo de expertos independientes con el apoyo del secretario general de esa entidad para esclarecer casos como el posible entrampamiento a Jesús Santrich y el presunto sabotaje al proceso de paz.
De manera tajante el fiscal Barbosa cerró la puerta a esa posibilidad, pues considera que atenta contra la justicia colombiana y su autonomía. Frente a esto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, le respondió manifestando “¿Por qué le temen en Colombia a una Comisión Internacional contra la Impunidad, que le ayude a la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la corrupción, inclusive limitada a temas como lavado de activos y el gran contrabando vinculado al narcotráfico?”.
Velásquez lideró en Guatemala una comisión similar a la que propone Leyva, la cual tuvo unas repercusiones importantes en la política y en la democracia de ese país. No le fue bien.
Las últimas noticias que se tienen sobre nuestro actual ministro de defensa y su papel en la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) es que cursa ante la Fiscalía General de la Nación de ese país una investigación en su contra, y que podría ser juzgado y extraditado en cualquier momento a Guatemala.
También se sabe que el gobierno guatemalteco desde 2018 le tiene prohibido el ingreso a Guatemala, y que además, como consecuencias de sus actuaciones en calidad de jefe de la CICIG, fue declarado “persona non grata”.
Hay múltiples versiones sobre la labor que adelantó Velásquez en Guatemala, y en honor a la verdad, ninguna de ellas puede desestimarse. Algunos de los testimonios que he tenido la oportunidad de oír alaban su gestión, y reconocen que fue buena y positiva para Guatemala.
Otros, en cambio, la condenan y temen que algo similar pueda replicarse en Colombia. Señalan que ha sido uno de los capítulos más oscuros de la historia de ese país, del cual no han terminado de sanar como sociedad, pues dejo unas heridas dolorosas y profundas.
En una columna de un reconocido diario del país centroamericano, llamado El Periódico, encuentro la siguiente descripción de la situación: “Engolosinado, Velásquez comenzó a confundir los tiempos jurídicos con los tiempos políticos, se alejó de su mandato para politizar la CICIG, propiciando la candidatura de la entonces fiscal general para la Presidencia de la República, proponiendo para ello reformar la ley electoral y penalizar el financiamiento electoral ilícito, a la vez que auspicio la carrera de varios jueces ideológicamente comprometidos, reeditando así, un proceso de polarización nacional”.
Las palabras que acabo de citar, pertenecen a un exministro y excandidato presidencial guatemalteco, llamado José Luis Chea Urruela, quien adicionalmente indica que Velásquez se propuso refundar el sistema de Justicia, modificar la carrera judicial y los mecanismos de integración de las Cortes, para simultáneamente ir tomando el control de Ministerio Público, la Corte Constitucional y los Tribunales de primera instancia. Ni siquiera ningún guatemalteco se había atrevido a tanto.
Esta información pude cotejarla con fiscales y periodistas guatemaltecos, así como con abogados, como Giovanni Fratti, quien además es notario y columnista en Guatemala. En una de sus columnas, dirigiéndose a Velásquez, le dice “Usted, señor Velásquez, se alió con gente de la guerrilla en Guatemala, asesinos y secuestradores. Y es usted, señor Velásquez, el que le tiene que pedir perdón al pueblo de Guatemala, por decirle corrupto, por usar la CICIG como arma política y por faltarnos al respeto”. Pueden encontrar la columna en un medio de comunicación de ese país, llamado Publinews. Fratti tiene varios escritos que pude ver apuntan en la misma dirección.
Más allá de calificar a Velásquez como héroe o villano en Guatemala, creo que como sociedad debemos hacernos unas reflexiones profundas. ¿Conviene a Colombia una institución como la CICIG? ¿Nos hace un país más justo y mejor?
Luego de ver que como resultado de la gestión de Velásquez en ese país, la polarización se acrecentó y que la reconciliación entre los distintos actores políticos y sociales está por cuenta de la CICIG más lejana que nunca, creo que definitivamente una comisión internacional de investigaciones, promovida además por la misma persona, no conviene en absoluto a Colombia.
Espero sí, como ciudadana de a pie, que nuestro ministro de defensa respalde la labor de las altas Cortes y de los jueces. No es necesario acudir a instancias internacionales para validar o invalidar lo que ellas hacen o puedan hacer. La Fiscalía General de la Nación tampoco necesita de un órgano adicional para desarrollar sus labores. Nuestras instituciones son lo suficientemente sólidas y debemos confiar en ellas.
Es claro y se hace evidente que existe por parte de Velásquez, Leyva y seguramente otros miembros del gobierno un lobby en Naciones Unidas para promover la creación de una comisión de investigaciones tipo CICIG para Colombia. De prosperar sus intenciones, se vería seriamente comprometido el buen nombre y prestigio que goza Naciones Unidas en nuestro país, al igual que ante los ojos del mundo.
Se convertiría automáticamente la ONU en una policía política al servicio de intereses de la izquierda radical. Mala cosa para un organismo de esa clase. Sería un retroceso para esta organización avalar este tipo de iniciativas, nocivas para la democracia. Compromete el mandato de Guterres, su secretario general.
Por las razones anteriormente expuestas, respondo la pregunta planteada por el ministro Velásquez en Twitter, que expongo al inicio de esta columna. Por estas razones digo NO a la CICIG para Colombia