Voy a soltar una fuerte para arrancar: Gustavo Petro y el progresismo no son de izquierda. La izquierda, como la conocemos, ha buscado ayudar a los más desamparados por medio de la acción del Estado, privilegiando la repartición del bienestar social sobre la optimización del desempeño económico. El Pacto Histórico no actúa con intención de favorecer al pueblo colombiano, antepone a ello otros intereses que mencionaremos más abajo. La prueba está a la vista, pero tanto escándalo, actuar displicente y telenovelas de sus exponentes no nos permiten percibirlo claramente.
El pueblo colombiano ha visto cómo Petro ha destrozado la atención de salud: los servicios médicos a la población, dada la crisis explícita que propuso la doctora Carolina Corcho, han caído treinta por ciento. Las clínicas y los hospitales están quebrados con deudas de más de 16 billones de pesos que tienen con ellas las EPS, controladas en su gran mayoría por el propio Gobierno. Eso no es favorecer al pueblo colombiano, es quitarle un derecho básico.
El crecimiento del producto interno bruto ha sido y seguirá siendo incipiente en el Mandato Petro. Esa es una mala noticia para la mayoría de los colombianos de a pie que no tienen un empleo formal y para quienes la menor actividad implica menos ingresos y peor calidad de vida. Obviamente, a nivel individual, como la rana que no siente cómo el agua en que está la llevará a cocinarse al calentar, los colombianos no notamos este cambio que se va materializando a cuentagotas día tras día.
Los campesinos tampoco la han tenido fácil, el nivel de extorsión de los grupos al margen de la ley está disparado y la migración de los municipios afectados a las ciudades es masiva. El responsable es el Gobierno que, con su inexistente paz total y su desmantelamiento de las fuerzas armadas, le niega a la población su derecho fundamental a la libertad y el orden (justo, si así lo quiere poner el mandatario).
La migración de colombianos al exterior es masiva desde que el Pacto Histórico subió al poder. Los jóvenes capacitados salen del país por la falta de oportunidades y el sombrío panorama que ven en Colombia. Cuando al presidente le importa más la guerra en Palestina y Siria y el bienestar de la humanidad que el futuro de los colombianos, es normal que se vayan, como lo hace un adolescente al huir, al cumplir la mayoría de edad, de una casa en donde no lo quieren.
Son múltiples los ejemplos adicionales que describen el desprecio del Gobierno hacia el prójimo: el secado de fondos del Icetex, la restricción a los subsidios de vivienda, el incremento al precio de la gasolina, el IVA impuesto a los alimentos con la disculpa de que son comidas poco saludables; todas estas acciones implican extirparle más dinero de la sociedad y gastar menos en ella, consecuencia del derroche del Gobierno y la clase política que marrulleramente lo apoya.
Sin embargo, castigar al pueblo no es un objetivo del Gobierno, es un efecto colateral de su estrategia que dicta que primero va la plata para beneficiar a la clase política con contratos y puestos, que primero está subir la planta por honorarios del Gobierno en alrededor de 100.000 puestos, que es más importante llevar un avión lleno de víveres a Cuba que atender el hambre en el país. Primero pasa el Ministerio de la Igualdad y sus 6 viceministros con su ejecución del 0 %. Primero está para fondear la Unidad Nacional de Protección para que cuide a los altos mandos de las guerrillas que cumplir con los compromisos de fondear el metro de Bogotá. Primero va la corrupción para apoyar sus proyectos en el Legislativo.
Detrás de esto hay una alianza entre el Pacto Histórico y la clase política tradicional para avasallar a los colombianos, que pasa por tiranizar y amedrentar a los demás grupos sociales que estén en capacidad de oponerse a sus objetivos. Por eso, las superintendencias se han transformado en una Gestapo que ataca al sector privado y a las entidades que no dependen del Gobierno central, por ejemplo a la revista SEMANA o a la Registraduría. Por eso la desfachatada intención del Gobierno de tomar control de las cajas de compensación, las cámaras de comercio, la federación de cafeteros, las comisiones de regulación, las cortes y la junta del Banco de la República, entre otros.
Esa alianza macabra ha entendido que por medio del dinero, pero no exclusivamente a través de él, se controla la sociedad y se coarta sus libertades, así como ocurre en Venezuela, Cuba y Nicaragua, o como ocurrió en la Argentina de antes de Milei. Exigir que para acceder a la salud se necesite pasar por los Centros de Atención Prioritaria copiados del Gobierno Chávez, crear dependencia de los ancianos a los subsidios del Gobierno, reducir las fuerzas armadas y mantener en la zozobra el campo colombiano hacen todo parte de la misma estrategia para perpetuarse en el poder a costa de la voluntad de los colombianos. Por eso la verborrea radioactiva del primer mandatario en contra del sector privado, la prensa, las cortes, los congresistas que no le funcionan, las superpotencias, quienes lo critican y todo aquel que pueda defender al prójimo de su estratagema político.
Podrá sonar duro en una columna de Navidad, pero esto que están haciendo Petro y la clase política tradicional colombiana que le copia es lo mismo que hicieron antes los autócratas del mundo, ya sea en los reinados de la Edad Media, en la Alemania nazi, en la Unión Soviética estalinista, en la China de Mao, en la Cuba castrista o en la dictadura de Idi Amín Dada en Uganda. Lo que vivimos, señores, no es un conflicto entre la izquierda y la derecha, es un conflicto entre los colombianos y un Gobierno que los quiere amordazar con el apoyo de la clase política tradicional y los grupos criminales.