“Nos hundimos todos, nos vamos presos”

Los procesos jurídicos por el asomo de irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro, por superar los topes legales, tienen encartados, al menos, a tres de sus más allegados.

El primero es Nicolás, su hijo, quien admitió en medios y audiencias preliminares que captó dineros con pretexto electoral de fuentes irregulares, como exnarcotraficantes y aprovechados contratistas; que se enriqueció con ellos y algún saldo, no bien precisado, dejó para lacampaña. Aunque se retractó de la confesión inicial, tiene como testigo en contra a su exesposa, Day Vásquez, que le puso la soga en el cuello.

El segundo es Euclides Torres, el gran mecenas económico del petrismo en el Caribe, jefe del clan político y económico de su mismo apellido, que ha constituido un emporio con base en el control, casi monopólico, de negocios alrededor de los servicios de trámites en tránsito y transporte y el alumbrado por todo el país. Torres rehuyó la citación del Consejo Nacional Electoral para esclarecer por qué tampoco aparecen en las cuentas electorales sus cuantiosos aportes para la iniciativa de Petro en 2021 y 2022. “Euclides era quien financiaba la campaña”, dijo Nicolás.

Armando Benedetti, cercano amigo de Torres por años, hizo a SEMANA dolidas declaraciones que refuerzan los indicios del desatino, al manifestar que, “si sabe la verdad, nos hundimos todos, nos vamos presos”. Nicolás y Euclides Torres también han sido llamados a declarar a la Corte Suprema de Justicia, donde los congresistas del Pacto Histórico Agmeth Escaf y Pedro Flórez, salpicados por Petro hijo, tienen expedientes iniciados.

El tercero en el ojo del huracán es Ricardo Roa, exgerente de la campaña Petro y hoy presidente de Ecopetrol. Roa –más que ningún otro– está comprometido en el embrollo, no solo por los casos de Nicolás y Torres, sino por varios problemas, como el “cambiazo” de las facturas de la compañía de seguridad, los pagos no registrados para testigos electorales y asesores extranjeros, la falta de claridad en el costo y uso de aviones para desplazamientos del candidato y operadores políticos y la incorporación de los dineros contribuidos por Fecode con confuso registro contable. El Consejo Nacional Electoral anda en las pesquisas correspondientes.

Gustavo Petro, en la idea de que todo se reduce a un intento de “golpe blando”, aplica, para contrarrestarlo, su estilo discursivo, en el que, acorde con el politólogo Mateo González, acude a tres elementos recurrentes: 1) “Diferenciar entre ellos y nosotros”, 2) “Identificar el problema y dar la solución institucional” y 3) “Llamar a la movilización” (Uniandes, 2018).

En consecuencia, pone el foco en “la toma mafiosa de la Fiscalía”, “sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos”, que buscan “tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo”, a quienes les contrapone “las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo”, frente a lo cual solicita “al pueblo la máxima movilización popular por la decencia” (X, @petrogustavo, 2/2/24).

Incluye en la querella que piensan “procesar penalmente al presidente de Ecopetrol” y al “superintendente de servicios públicos, por haber sido presidente de Colombia Humana” y rechaza la suspensión del canciller Leyva (ídem). Todo, al final, se salvaría con el nombramiento de otro fiscal.

El “juicio político”, que según Petro se fabrica, está lejano. El juez instructor es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en la que, tras la denuncia, una terna, con tiempo ilimitado para recibir cargos de terceros, de la Fiscalía y del Consejo Nacional Electoral y hacer sus propias pesquisas, decide si avanza o archiva.

De haber méritos, todos los miembros de la Comisión deliberan sobre precluir o presentar la acusación ante la plenaria y, si procede en esa instancia, se decide por mayoría cerrar el proceso o trasladarlo al Senado. Este, como juez último, definiría por mayoría absoluta entre los votos de todos los integrantes si amerita suspender o destituir al presidente. Trámite “sumamente complicado” (Cuervo).

Petro se blinda, además, con el aval de Estados Unidos al acatar las políticas dictadas para Colombia y oficiar por los intereses económicos y geoestratégicos de la superpotencia en el hemisferio, como lo refrendó en la reunión con el asesor de Biden, Jon Finer (https://www.whitehouse.gov/, 6/2/24).

Lo desvela la suerte de Nicolás y de Torres y que Roa no termine sancionado como Prieto, el de Santos, o como García Arizabaleta, el de Óscar Iván Zuluaga, que lo hundió cuando afirmó que el candidato sabía todo. Sí, lo desvela.