La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3 establece: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Este principio fundamental ha sido recogido en diferentes artículos de nuestra Constitución, correspondiendo a las autoridades el sagrado deber de protegerlos.

Todo está claro en nuestra carta magna, en la cual se establecieron no solo los responsables, sino las garantías necesarias para hacer valer los derechos consagrados. Nuestra Constitución del 91, garantista como es, trazó la ruta para que todo se cumpla de parte de las instituciones responsables de lo que en cada uno de sus artículos se dispone. Sin embargo, hoy los colombianos estamos preocupados porque vemos en riesgo lo que en ella está escrito.

Son muchos los factores que llevaron a los colombianos a ilusionarse con el “cambio”, gobernar un país como el nuestro es muy complejo, y la oposición de entonces diseñó una estrategia de comunicaciones mediante la cual aprovechó todas y cada de una de las coyunturas que vivimos para convencer al pueblo de que ellos podían ofrecer algo mejor.

Hoy, 51 millones de colombianos estamos viendo cómo incumplen sus promesas: quienes prometieron el cambio nos han mostrado que no llegaron al poder para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, sino para enriquecerse acudiendo a prácticas que antes criticaban.

Escándalos como el de los carrotanques en La Guajira, parlamentarios que dicen luchar por los derechos de los trabajadores mientras violan los más fundamentales derechos de sus propios equipos, o funcionarios del gobierno del cambio que no cumplen con sus obligaciones para con sus empleadas de servicio doméstico; burocracia desmedida para satisfacer su apetito, viajes, lujos y excentricidades que nunca vimos en mandatarios anteriores. Todo esto está acabando con las ilusiones de quienes creyeron en el mejor país que les ofrecieron bajo el encantador eslogan “Colombia humana”. Los colombianos en las urnas castigarán fuertemente a todos aquellos que prometieron muchas cosas y después de llegar al poder, de manera que aún está por esclarecer, engañaron al pueblo. Hoy, además, todos estamos claros de algo mucho más delicado: no estaban preparados para gobernar.

La vida de los colombianos está más amenazada que en cualquier época de la historia de Colombia debido a las malas decisiones del actual gobierno; al sentarse a unas mesas de negociaciones con varias estructuras criminales, que no muestran interés alguno en querer buscar caminos de paz.

No se ven, de parte del gobierno, unas líneas rojas claras, ni se ven, por parte de las estructuras criminales, acciones y postulados que den muestra de una intención sana y responsable con la vida de quienes, hoy, aún permanecen secuestrados por estas organizaciones al margen de la ley:

  • 93 masacres en 2023, con 300 víctimas, corte al 22 de diciembre de 2023
  • 47 masacres en 2024, con 168 víctimas, corte al 11 de septiembre de 2024.

Y no hablemos de las estadísticas de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz que han sido asesinados; el panorama no es nada alentador, por el contrario, se puede percibir que todo está peor que ayer. No quiero profundizar ni entrar en detalle, porque esto le compete al gobierno actual, que prometió tantas cosas basadas también en su frase de cajón “Colombia, potencia de la vida”.

Lo hecho, hecho está, y no podemos quedarnos lamentando las malas decisiones del pasado. Hoy, nos corresponde aprender de estos cuatro largos y dolorosos años, prepararnos para —de manera consciente— escoger a quien nos represente con decoro y compromiso nacional, ¡sí!, una persona con principios éticos, valores morales, una persona virtuosa y totalmente entregada a servirle al país, y no que llegue a servirse de él. Por eso, con el ánimo de aprender de lo que nos está pasando, este corto análisis de los que vivimos frente al mandato constitucional y la Declaración de los Derechos Humanos:

  • La libertad, esa anhelada libertad con la que todos los colombianos soñamos para de esta manera movernos a lo largo y ancho de nuestro bello país, cada vez está más limitada, y no hablo de los límites legales que contribuyen a la convivencia sana y pacífica de los habitantes, sino de los que imponen las estructuras criminales. Al igual que hace más de treinta años, cuando vivíamos una de las peores crisis de seguridad, hoy los colombianos estamos confinados. Las condiciones de seguridad no nos permiten viajar por tierra al interior del país para conocer y disfrutar de sus atractivos. No somos libres y lo puedo escribir con la certeza de no equivocarme porque, continuamente, me llaman y escriben contándome que no han podido volver al Vichada a pescar, ni navegar por el río Magdalena, ni desplazarse tranquilamente por las carreteras. Las temibles “pescas milagrosas” de otras épocas han regresado, el secuestro, la extorsión y el abigeato despertaron de nuevo para sumir al país en el miedo. Los colombianos antes de desplazarse de un lugar a otro deben consultar si es posible hacer ese desplazamiento en esa ruta, es muy lamentable que hayamos retrocedido tanto en tan poco tiempo. Hoy el gobierno, preocupado por mantener la libertad, desconoce que el orden hace parte de esta, y mientras propende por las libertades de unos, dejando en libertad a quienes fueron capturados por cometer diferentes delitos durante las protestas de 2021, desconoce el derecho de millones de colombianos que cada vez ven más menoscabada su propia libertad.
  • ️La seguridad, que con tanto sacrificio logramos recuperar para los colombianos las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, a punto tal que las nuevas generaciones desconocen los caminos tortuosos que debimos recorrer para alcanzarla. Esa seguridad en las veredas, ciudades, territorios, carreteras, parques, estadios y demás lugares de recreación (centros comerciales) etc., etc., que permite a los ciudadanos vivir de manera tranquila, trabajar, formar una familia, cada vez es un recuerdo más lejano. El deterioro de la seguridad en los últimos dos años ha sido de tal magnitud que, nuevamente, vemos el desplazamiento forzado, las masacres y la extorsión como parte de la cotidianidad de los habitantes de los pueblos. Conocí, hace menos de una semana, la triste historia de un amigo de Valledupar que fue víctima de desplazamiento forzado en su finca en San Juan del Cesar. Le hicieron dos robos seguidos con personal armado, con la orden de desalojar. Les tocó desocupar la finca y llevarse todo el ganado. Esa finca está ubicada en San Juan del Cesar, en donde hay varios grupos al margen de la ley disputándose el territorio que se recuperó del frente 59 de las Farc ante el vacío que deja la paz total.

Como general en uso de buen retiro, respeto el trabajo de quienes fueron mis subalternos y hoy están al frente de las brigadas o divisiones, no los llamo para alertarlos, pues estoy seguro de que conocen bien la situación en sus territorios. Mi invitación para los ciudadanos es que se acerquen directamente a los comandantes territoriales (comandante de brigada o división, así como el comandante del Departamento de Policía.) Para que ellos actúen y puedan sentirse apoyados y protegidos por la Fuerza Pública. La cercanía de la ciudadanía con los comandantes de los territorios es fundamental para lograr recuperar la seguridad. No podemos dejar que todo lo que con tanto esfuerzo se ganó en seguridad, hoy lo dejemos debilitar, o peor aún perder.

La irresponsabilidad de este desgobierno es incalculable, por ello, es necesario que todos sigamos concientizando a las personas que se sientan con la capacidad y las cualidades de representarnos en cargos de responsabilidad nacional, para que lo hagan no pensando en ellos, ni en cálculos politiqueros, sino en recuperar los derechos que hemos perdido como nación. Llegó el momento de tomar conciencia y hacer un alto, para pensar más en país, en nación, en república.

Finalmente, a mis compañeros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, quiero decirles que, en las charlas y conferencias que estoy desarrollando en diferentes ciudades, me preguntan con insistencia y preocupación por ustedes y de su actuar en el compromiso con el pueblo colombiano. Sin dudarlo siempre respondo a los asistentes, que jamás pierdan la fe y la esperanza en las instituciones que por años han mantenido intacta la democracia de nuestro país y han hecho respetar nuestra Constitución Política, que nuestras Instituciones son fuertes, sólidas y muy bien estructuradas. Ellas están formadas, educadas, capacitadas, entrenadas y equipadas para defender la patria, y que jamás podrán cambiarlas por caprichos perversos.

Lo que estamos viendo hoy en el país no nos define como nación. Creamos no solo en las instituciones, confiemos también en nosotros como sociedad, que desde ya estamos trabajando para no volver a caer en engaños, trampas y discursos mediocres, que no muestran planes de gobierno. Nuestro próximo gobernante debe generar las condiciones que nos permitan tener un país justo, próspero y seguro, debe garantizar que vamos a recuperar nuestros derechos, esos que nos han menguado con las desacertadas políticas del gobernante de turno.