En 2011, siendo contralora, Sandra Morelli decidió suspender al gobernador de Caldas. Hoy, 13 años después, se revela que esa decisión carecía de fundamento. Se ha determinado que “la medida no resultó necesaria” y que fue, en realidad, “desproporcionada”. Esta decisión afectó de manera “seria, grave e inmediata” los derechos del gobernador, Mario Aristizábal Muñoz, según el magistrado Alberto Montaña Plata, del Consejo de Estado. En consecuencia, el mes pasado ese tribunal ordenó a la Contraloría General de la República indemnizar al exgobernador. Aristizábal Muñoz fue suspendido en septiembre de 2011 y, dado que su mandato terminaba a finales de ese año, no pudo regresar al cargo.
La contralora Morelli justificó la suspensión alegando una posible manipulación de pruebas en una investigación fiscal. Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que esa posición no era razonable. “Aunque se sugirió una manipulación probatoria, la Contraloría no desplegó la actividad argumentativa y probatoria idónea y suficiente que permitiera arribar a esa conclusión”, afirmó el tribunal. En otras palabras, la contralora obró de manera caprichosa.
Aristizábal Muñoz tuvo que esperar 13 años para que la Justicia reconociera que fue víctima de un acto indebido. Antes de ser gobernador había sido concejal y durante gran parte de su vida se dedicó a la producción y exportación de café, como su familia. Dijo que demandó para limpiar su nombre y defenderse de la estigmatización que sufrió. Además, destacó que su caso –que le generó angustia tanto a él como a sus hijos y a sus nueve hermanos, además de embargos y vetos ante los bancos– es solo uno de muchos fallos politizados emitidos por los organismos de control. Existen otras demandas en trámite en los tribunales administrativos y en el Consejo de Estado contra actos abusivos de la entonces contralora. Sin embargo, esta es la primera sentencia que confirma que Morelli expidió un acto administrativo ilegal. La sentencia, que consta de solo 18 folios, es histórica: establece de manera clara y definitiva que la excontralora actuó fuera del marco legal. La investigación fiscal se abrió por una modificación al contrato del chance entre la empresa Susuerte S. A. y la Empresa Departamental para la Salud (Edsa). No obstante, como quedó demostrado en el expediente del Consejo de Estado, el gobernador ni siquiera asistió a la reunión de la junta de Edsa en la que se aprobó esa modificación. La Contraloría tendrá que pagarle a Aristizábal una indemnización de 107 millones de pesos, que equivale a los salarios que dejó de percibir y a los perjuicios materiales y el lucro cesante.
A pesar de la extensa formación académica de Morelli –que estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia, se especializó en derecho administrativo, realizó estudios de posgrado en Bolonia, París y Montpellier, fue profesora de derecho en el Externado, dirigió el programa de Doctorado en Derecho en ese claustro y el Departamento de Derecho Público, y fue durante casi diez años directora jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros–, su actuación en este caso demostró una clara transgresión del derecho. No actuó en derecho, sino apartándose del derecho, tal como lo ha declarado el máximo tribunal encargado de juzgar a los funcionarios públicos que expiden actos ilegales.
Esta sentencia también implica una descalificación moral para Morelli. En 2010, la Sala Plena del Consejo de Estado eligió a la doctora Morelli como su candidata para formar parte de la terna para la Contraloría. El Congreso en pleno escogió de esa terna a la elegida por el Consejo de Estado. Fue, pues, el Consejo de Estado el organismo que catapultó a Morelli al cargo de contralora. Esa decisión de la Sala Plena implicaba confianza en sus calidades de jurista y en su apego a la ley. Hace poco Morelli presentó su hoja de vida ante el mismo Consejo de Estado para aspirar a la Procuraduría, pero no fue seleccionada. En 2010 su nombre tenía prestigio; en 2024 está desacreditado. Las arbitrariedades que cometió en la Contraloría son una traición a la confianza que en 2010 depositó en ella el Consejo de Estado. Los títulos académicos no son suficientes si no van acompañados de honorabilidad, probidad y rectitud. Ella no es Enrique Low Murtra, el insigne y benemérito jurista, magistrado y ministro.