Asume un nuevo Congreso de la República que, en su primera fase, estará condicionado por una serie de acuerdos políticos que han permitido que fuerzas y movimientos de distinto espectro se sumen a las bancadas del gobierno y anuncien su respaldo a las iniciativas que hacen parte de la agenda legislativa del Ejecutivo.

La expectativa ciudadana es creciente y no es ajena a algunas preocupaciones naturales. Está bien que haya un espíritu de unidad, pero no lo estaría si las mayorías que se han construido, al amparo de los acuerdos políticos, son utilizadas para que las cámaras actúen de manera impositiva o caigan en el riesgo de desbordar las órbitas de su competencia constitucional.

Si en verdad las reformas anunciadas se basan en el espíritu democrático de los acuerdos que la animan, entonces han de estar orientadas al beneficio general de los ciudadanos -sin el sesgo de las divisiones por clases- y a potenciar las capacidades de las regiones que cada día son depositarias de nuevas responsabilidades en los ámbitos del desarrollo económico y social.

Los enunciados no deben entrar en conflicto con las intenciones que hacen parte del espíritu de los proyectos. Entonces, si es cierto que abogaremos unidos por el ordenamiento del aparato productivo del país, debemos comprometernos a respetar los derechos fundamentales, a la propiedad privada, al emprendimiento y a las libertades consagradas en la Carta Fundamental.

No sobra recordar que el artículo 58 de la ley de leyes establece que está garantizado el derecho a la propiedad privada y que lo están también los demás derechos “adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.

La expropiación -un espectro que para muchos sigue rondando- es mencionada en la Carta Política con fuertes resguardos moderadores. No se trata de una decisión que pueda ser aplicada unilateralmente por alguno de los poderes públicos, sino utilizada de manera excepcional en aquellos casos en los que el interés general prime sobre el general en asuntos de utilidad pública.

Para ella se requeriría de una sentencia judicial y de una indemnización previa, y habrá de ser consultada con la comunidad y con los afectados, y que, aun así, quedara sujeta al control de la justicia contenciosa-administrativa. En otras palabras, la expropiación no es una figura que se pueda incorporar a la cotidianidad política y administrativa de la Nación.

El Congreso, representante de un poder delegado, pertenece a todos los colombianos y no a unos pocos sectores. El voto y las reglas de las mayorías tienen un arraigo democrático, es verdad, pero, al igual que generan derechos, imponen responsabilidades. Es así, entre consideraciones, porque la oposición también es un derecho y porque el escrutinio ciudadano no termina el día que la gente acude a las urnas. Hay una comunidad cada día más organizada, pensante y capaz de ejercer el control social frente al ejercicio de los poderes públicos.

No está de más recordar que el Estatuto de la Oposición, cimentado en preceptos constitucionales, establece que el ejercicio de esta permite proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión de gobierno.

Los tiempos calculados para sacar adelante las reformas más importantes anunciadas por el nuevo gobierno parecen perentorios, de acuerdo con los anuncios hechos por quien será el presidente del Congreso. Un año para aprobar la reforma tributaria, la reforma agraria y otras iniciativas sustanciales asociadas al Plan Nacional de Desarrollo podría ser un término apremiante si tenemos en cuenta que todas ellas hacen parte de la matriz del anunciado diálogo social, con la participación de los gremios, de la academia y de las organizaciones sociales.

La prudencia, la ponderación y el buen juicio en el trabajo legislativo son principios útiles para prevenir eventuales desbordamientos que acarrean el riesgo de que el Legislativo termine invadiendo la órbita de otros poderes públicos o desconociendo la jerarquía de las leyes, en cuya cúspide está la Constitución Política.

El nuevo Congreso tiene grandes retos, pero también enormes responsabilidades. Eso no puede perderse de vista.