A sombrerazos se quiere acabar con la oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. en el país desconociéndose una experiencia de más de 20 años monitoreando, en terreno, la deshonrosa y sistemática violación de los derechos humanos en Colombia.Aunque aún no existen razones de peso para su eventual abolición, muchas organizaciones denuncian que sus funciones se incorporarían a la Misión de Paz que se creó con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tras el Acuerdo entre el Gobierno y las FARC. Craso error; es cierto que a muchos países en el mundo les molesta que desde afuera se les observe en un asunto tan sensible y específico como los derechos humanos; no les gusta que les hagan reparos sobre violaciones y desmanes que atentan contra los ciudadanos, pero en el caso de Colombia suprimir su presencia en plena implementación de los acuerdos, es delicado. Una cosa es la Oficina en mención y otra muy distinta la Misión de Paz de la ONU que debe garantizar que lo plasmado en los acuerdos se cumpla.Es preciso recordar que no fue fácil que el país aceptara la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU, y que fueron muchos los años de lucha de las organizaciones defensoras de los derechos fundamentales para que esa instancia internacional hiciera presencia en territorio colombiano.Se firmó la paz, sin embargo la protección de los Derechos Humanos, no hay duda, sigue siendo una asignatura pendiente que hay que consolidar; la firma de la paz no garantiza que la violación de esos derechos desaparecerá, al contrario, se incrementará y de eso da testimonio la población más vulnerable que a diario, en las regiones, convive con amenazas de muerte y desplazamientos continuos. Así lo corrobora el último informe de la Oficina cuando expone, por ejemplo, su preocupación por el sistemático asesinato de defensores y líderes sociales (en 2017 van 30).Ese último informe de la Oficina liderada por Todd Hoawland, es mesurado, serio e imparcial y pone el dedo en puntos sensibles que develan la poca firmeza con que el gobierno asume su responsabilidad en materia de derechos humanos. Tras destacar la firma del Acuerdo de Paz, al mismo tiempo evidencia los incumplimientos en la etapa de la implementación; expresa su preocupación por la promoción de altos mandos vinculados a los falsos positivos a brigadier general; y, por supuesto, trasluce su inquietud por la persecución sistemática y el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas y afrocolombianos a manos de grupos armados ilegales.Al parecer, este informe no gustó en la Cancillería y hoy la presencia de Howland es incómoda o siempre lo ha sido. Pero, más allá de Howland, lo preocupante es que el gobierno pretenda socavar la importancia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en el país, porque eso sería abandonar a su suerte la investigación de los asesinatos y graves violaciones de las que han sido objeto inermes ciudadanos en muchas regiones en donde la presencia de la Oficina, porque no decirlo, suplanta la del Estado, que brilla por su ausencia. No me quiero meter con el intrincado mapa burocrático de la ONU, seguramente atiborrado de intrigas y consejas, pero concentrar toda esa responsabilidad en la Misión de Paz de la ONU es quitarle peso a una Oficina con más de 20 años de experiencia que logró ganarse, con confianza y prestigio, la comunidad campesina, indígena y étnica del país.@jairotevi