A manera de apunte cómico, en las calles se dice que el mejor desarrollador de sistemas de información ha sido el “señor Pandemia”, porque las organizaciones, tanto públicas como privadas, en unos pocos meses lograron avanzar en la virtualización de sus procesos que no habían evolucionado en décadas a pesar de los adelantos tecnológicos.
Pues si algo bueno nos dejó la pandemia en Colombia, es que logramos entender que la presencialidad, el papel y los sellos de tinta podían lucir anacrónicos ante la necesidad de aislarnos, pero paralelamente necesitábamos seguir funcionando porque muchas cosas, casi todas, no daban espera.
El mejor ejemplo de esos progresos es la administración de justicia. En unos pocos meses, a pesar de los aislamientos y de la precariedad de la infraestructura tecnológica que sigue padeciendo el Estado colombiano, pero especialmente la Rama Judicial, se logró la virtualización de la justicia con resultados muy positivos y francamente sorprendentes.
Temas como las notificaciones, el otorgamiento de poderes, los expedientes y las audiencias ahora son virtuales. A pesar de que no era el propósito ni estaba en las cuentas de nadie, se han ahorrado recursos incalculables. Muchos juzgados que tenían años de retraso han empezado a “desatorar” expedientes porque la virtualidad ha simplificado los procesos e impide muchas de las malsanas prácticas dilatorias.
Todo eso fue posible gracias al Decreto 806 de 2020, una norma de emergencia, que con buen tino, logró quitar las trabas que impedían la modernización de la justicia. Muchos critican esa norma porque la acusan de ser poco “técnica” y de haber generado vacíos en algunas de las figuras procesales, sin embargo, para lo que estaba pensada funcionó perfectamente. Se lograron reactivar los juzgados, hacerlo virtualmente y administrar justicia en uno de los momentos más críticos de la historia reciente.
En el balance son más los aspectos positivos, tanto, que los pocos defectos han pasado inadvertidos. Incluso, los críticos coinciden en que es mejor seguir contando con la norma actual a no tenerla. Reconocen, tímidamente, que la extinción del Decreto sería un gran retroceso.
Pues bien, hoy todos hemos retornado a la presencialidad, aún así, los juzgados, desde los despachos, siguen funcionando virtualmente con resultados muy positivos. Los abogados solo vamos a las sedes judiciales a lo estrictamente necesario, de hecho, nuestra presencia se ha vuelto hasta cierto punto “indeseable” porque para eso está la virtualidad.
A riesgo de ser reiterativo, debo insistir en que existe una gran preocupación por la vigencia del Decreto “mágico”, porque sus efectos finalizan en junio del presente año; es decir, nos quedan escasos 4 meses para buscar una solución que permita seguir aplicando las normas de excepción, pero esta vez de forma permanente.
En buena hora el Ministerio de Justicia ha convocado a todos los sectores, autoridades y gremios para conformar una comisión que trabaje urgentemente en la redacción de un proyecto de ley que reemplace el Decreto.
El esfuerzo gubernamental, académico y gremial es plausible, mucho; sin embargo, no podemos llamarnos a engaños, estamos a menos de un mes de las elecciones legislativas y el Congreso, en la práctica, solo empezará a “funcionar” en el primer semestre de 2023.
Es decir, pensar en que nuestros honorables congresistas emitan una norma de emergencia y que lo hagan a tiempo puede resultar utópico. Todos debemos apoyar el trabajo de esa comisión y rogar porque sus resultados sean muy rápidos, casi inmediatos; no obstante, creo que ha llegado la hora de empezar a pensar en alternativas. Incluso, parecería claro que permitir que el Decreto 806 pierda su vigencia implica una emergencia judicial, por todo lo que representaría volver a la presencialidad sin contar con las herramientas que tenemos actualmente. Pensar en un nuevo Decreto de emergencia que extienda el actual y apague este nuevo incendio no suena descabellado. La justicia necesita celeridad, hoy más que nunca, pero esta vez para no sucumbir ante sí misma.