El pragmatismo ha sido una característica fundamental de la política exterior de Estados Unidos, que históricamente ha maximizado sus intereses nacionales sin importar los ajustes de postura o alianzas contradictorias que deba realizar. Un ejemplo claro es su relación actual con China, su principal competidor económico, con quien mantiene una profunda interdependencia.

Es aquí donde Colombia debe actuar también con pragmatismo, dejando de lado ideologías que, mal manejadas, podrían dañar la oportunidad de abordar temas concretos e importantes. Además, es fundamental corresponder al compromiso de honrar las políticas del gobierno estadounidense, aprovechando toda la experiencia que Colombia tiene en el control del crimen transnacional. Los temas que afectan la seguridad nacional de ambos países incluyen la lucha antinarcóticos, el combate contra el fentanilo y la migración ilegal.

La lucha contra el narcotráfico es, sin duda, el tema más complejo. Con 253.000 hectáreas de coca sembradas y siendo el mayor productor mundial de esta droga a corte de 2023, según el SIMCI, Colombia ha visto un aumento del 50% en la producción de cocaína, alcanzando 2.664 toneladas métricas anuales. Esta situación inquieta al gobierno estadounidense, a pesar de los recursos del Plan Colombia y la ayuda económica que invierte cada año. Aunque la guerra contra el fentanilo será una gran prioridad, el mercado de la cocaína sigue asegurado, especialmente entre consumidores de clase media y alta por su refinación y alto costo.

Considerando que las principales herramientas de la lucha antinarcóticos son la cooperación internacional y la interdicción marítima, por donde se mueve el 90% de la cocaína proveniente de Colombia, es momento de hacer una revisión a fondo del “Acuerdo de Interdicción Marítima” entre Colombia y Estados Unidos, firmado en 1997, así como de la “Ley de Inteligencia Marítima para Interdicción”, que regula las actividades de inteligencia y vigilancia en operaciones marítimas, para identificar posibles mejoras que permitan una mayor eficiencia. En el marco de la “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, también es pertinente evaluar la incorporación de herramientas adicionales para la “persecución en caliente” en aguas internacionales de países de tránsito del contrabando.

Aprovechando la experiencia exitosa de Estados Unidos con los procesos de extradición y sometimiento de narcotraficantes, llego el momento para que Colombia tenga un proceso judicial propio y expedito que incluya rebaja de penas más atractiva que la actual extradición y compensación económica en efectivo o bienes inmuebles con la consecuente entrega de rutas e información de inteligencia para el desmantelamiento de carteles.

En esa misma línea, se debería trabajar en una propuesta binacional con expertos para el diseño de una estrategia integral contra los cultivos de coca, considerando retomar la aspersión aérea, quizás la herramienta más eficaz, pero con químicos más amigables con el medio ambiente. Ajustar la erradicación voluntaria o forzada, inicialmente con un plan piloto en el área   del Micay, por ejemplo, canalizando toda la institucionalidad, la ayuda internacional y el apoyo de las ONG que trabajan en el país. Esta estrategia debe incluir inversión y justicia social para dinamizar la economía local, ofreciendo alternativas más atractivas frente al cultivo de coca, que en muchas ocasiones resulta de la coacción de los grupos armados ilegales sobre los campesinos.

El tema de las drogas sintéticas es de máxima prioridad en la agenda del nuevo gobierno estadounidense, debido a la crisis de salud pública que actualmente afecta a Estados Unidos y muchas ciudades del mundo, incluyendo a Colombia. Las drogas sintéticas, elaboradas en laboratorios a partir de insumos químicos, incluyen las metanfetaminas, el fentanilo y drogas de diseño como el MDMA y el LSD. Según informes de la DEA, la crisis de adicción al fentanilo en Estados Unidos, especialmente en la frontera con México, ha superado incluso a la cocaína como prioridad. Este opioide, 100 veces más potente que la morfina, ha causado una crisis de salud pública sin precedentes en ese país, debido a su bajo costo, alta potencia y efectos devastadores. México es uno de los mayores proveedores de esta droga, señalándose al Cartel de Sinaloa y al Cartel de Jalisco Nueva Generación, con vínculos de crimen transnacional incluso en Colombia.

Si no se implementa una estrategia integral que incluya educación, prevención, control y judicialización, en el corto plazo Colombia podría enfrentar una situación similar a la de las “ciudades del fentanilo” en Estados Unidos. Es imperativo que Colombia alinee su estrategia con los esfuerzos del gobierno estadounidense en esta materia, incluyendo el control de rutas de precursores químicos provenientes de lugares como China, India, Corea del Sur, Rusia, México y Europa, entre otros.

El tercer tema crítico es la migración ilegal, que para Estados Unidos se ha convertido en un asunto de Seguridad Nacional. Todo indica que los países de nuestro hemisferio deberán asumir mayores responsabilidades en el control de este fenómeno, bajo amenaza de sanciones de diversos tipos.

Aquí también hay una oportunidad para Colombia, que es el mayor receptor de migrantes venezolanos en el continente, con una cifra estimada en más de 2,5 millones hasta 2023, desde el inicio del flujo en 2014. Esta situación ha generado un gran impacto en las ciudades colombianas en términos de servicios básicos como empleo, educación y salud. Colombia tiene la autoridad moral para exigir el apoyo de Estados Unidos, Panamá y Venezuela, con miras a regular el tránsito de migrantes y prevenir la trata de personas. Es necesario fomentar corredores humanitarios, mejorar la inteligencia sobre redes de tráfico de personas y educar a los migrantes sobre los riesgos de la migración irregular. Estos esfuerzos deben ir acompañados de apoyo internacional y asistencia humanitaria.

En conclusión, el nuevo gobierno de Estados Unidos representa para Colombia una oportunidad invaluable de renovar su relación estratégica con su aliado más importante, dejando de lado posturas ideológicas en favor de un enfoque pragmático y de beneficio mutuo. Con una mesa de diálogo que priorice la lucha antinarcóticos —particularmente contra las drogas sintéticas— y el control de la migración ilegal; Colombia puede asegurar la continuidad de la cooperación y el respaldo estadounidense en áreas críticas para su estabilidad y desarrollo regional.