Están saliendo todos los grandes capos paramilitares colombianos de sus cárceles en los Estados Unidos por pena cumplida. Salvatore Mancuso no es el único. Han salido también Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, el Mellizo, H. H., el Alemán, Diego Vecino, Julián Bolívar y otros más. ¿Pena cumplida por qué? Por contrabando. Son responsables de millares de asesinatos, de masacres, de torturas, de robos de tierras, de desplazamientos. Pero fueron condenados únicamente por el delito nefando, abominable, de leso Imperio, del narcotráfico: un delito que solo existe porque fue inventado por el Gobierno imperial de los Estados Unidos, cuya sociedad lo había inventado previamente desde la punta de la recepción y el consumo de los narcóticos prohibidos.

Algunos de estos narcoparamilitares vuelven para seguir matando, y, por supuesto, narcotraficando, como lo denunció hace ya más de dos años el entonces vicepresidente, general Óscar Naranjo: “Porque han llegado a recuperar tierras y activos”. Otros, en cambio, prefieren quedarse allá, como testigos protegidos de la DEA, que a cambio de una tajada de sus fortunas les da protección y abrigo. Pero hay al menos dos excepciones: Mancuso y Jorge 40, que han dicho que quieren empezar a hablar.

O seguir hablando. Desecha su oferta el alto comisionado de paz Miguel Ceballos diciendo que hubieran podido hacerlo en sus versiones libres por teléfono, desde sus respectivas cárceles, y no lo hicieron. Jorge 40 no, y su abogado explicó que no lo hacía porque cuando empezó a irse de la lengua asesinaron en advertencia a su hermano Sergio Tovar. Pero Mancuso, al contrario de lo que afirma Ceballos, sí lo ha hecho: hace dos semanas Daniel Coronell, en su columna del portal Losdanieles.com, citó algunas de sus declaraciones referidas en particular a sus charlas de colaboración con el exvicepresidente Francisco Santos (con una mención de pasada al expresidente Álvaro Uribe).Porque en todo caso hay dos, Mancuso y Jorge 40, quienes, a instancias de ese incansable luchador por la paz que ha sido Álvaro Leyva, quieren seguir hablando. Para lo que Leyva llama, en su carta abierta a Mancuso y al exjefe de las Farc Rodrigo Londoño (alias Timochenko), tener “la visión holística de lo ocurrido”. Es decir, la visión total, conjunta, dada por todos los participantes en el conflicto armado. La Comisión de la Verdad, dice Leyva, debe poder así “esclarecer las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo las del Gobierno y los demás poderes públicos, de las Farc-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo”.

A eso responde Mancuso reiterando: “mi compromiso inquebrantable de decir la verdad”. Y, por su parte, Jorge 40 diciéndose decidido: “a contar la parte de verdad que me corresponde”. Y declarando ser “plenamente consciente de lo que ello implica para mí y para mi familia. Por ese motivo pido al Estado colombiano que nos brinde todas las garantías de seguridad para mi regreso. Que no se repita lo sucedido con mi hermano”. A quien asesinaron en el año 2009, en cuanto el recién extraditado Jorge 40 empezó a hablar. Y, en efecto, calló.

En ese entonces, el a la sazón presidente Álvaro Uribe había extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico a los 14 más importantes comandantes de las bandas paramilitares, también llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Su Gobierno dijo que, una vez condenados allá (nunca se consideró la posibilidad de que fueran absueltos, porque aunque muchos narcotraficantes norteamericanos lo han sido –el coronel Hiett, agente de la DEA en Colombia, y su mujer, son un elocuente ejemplo–, nunca se ha dado el caso de que un colombiano haya tenido esa suerte), volverían aquí para ser juzgados y tal vez condenados también por sus atroces crímenes de sangre. Y podrían, de pasada, denunciar a quienes hubieran sido sus cómplices en las filas de la política, las Fuerzas Militares o el latifundio ganadero, palmicultor, etcétera.

Fuimos muchos los que entonces denunciamos la posibilidad, la probabilidad, de que no lo hicieran. Y se quedaran allá. Como tantos otros a quienes por su pronto pago la justicia norteamericana les ha dado allá protección y abrigo. Como efectivamente varios lo han hecho. Y sugerimos la sospecha de que el presidente Uribe los hubiera extraditado precisamente para eso: para que no denunciaran a nadie.Y ahora que algunos quieren hacerlo –al menos dos– resulta que el Gobierno del presidente Iván Duque pone todas las trabas posibles para impedir que vuelvan. Yo no soy abogado penalista: pero me parece que esto, así como la extradición ordenada por el de Álvaro Uribe hace 12 años, constituye un delito de obstrucción de la justicia.