Seis años después de una columna que escribí en enero del 2017 en El Tiempo, en la que hacía denuncias sobre el comportamiento doloso de Otto Bula en “el mecanismo” de Odebrecht, ya no quedan dudas sobre esa barbaridad que trató de ocultarse por todos los medios. El 10 de agosto de 2023, la SEC y el DOJ confirmaron sobornos por 28 millones de dólares entre 2014 y 2016 en torno a la extensión Ocaña-Gamarra. Corficolombiana aceptó el delito y pagó 60 millones de dólares de multa.
Las ventajas otorgadas con la incidencia de Bula al consorcio Ruta del Sol 2 (Odebrecht, Aval y Solarte) incluyendo la extensión Ocaña-Gamarra, según lo denuncié en la columna, incluyeron reconocer el pago por kilómetro a 17.000 millones de pesos, cuando era a 5.000; pasar a 7 los peajes con una remuneración igual a la de la troncal, subirla todos los años 3 por ciento más que las tarifas básicas, hasta llegar a 15 por ciento de sobrecargo; ampliar la concesión de 20 a 25 años; adelantar vigencias futuras por 90 millones de dólares; garantizar la recuperación del proyecto en 2023 (¡todo para mí, nada para ti!). Si esa recuperación no se daba, entonces la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se encargaría de garantizarlo con utilidad neta de 1.045 billones de pesos. ¡Escandaloso! (https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16801853).
Pregunté en ese momento si acaso Otto Bula era un Aladino con superpoderes para satisfacer, como lo hizo, los descarados deseos de Odebrecht y sus socios.
El delito tuvo un recorrido fluido: el 14 de marzo de 2014, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en cabeza de Luis Fernando Andrade, firmó el otrosí n.º 6 a la concesión n.º 001 de 2010 que plasmó los favoritismos. Por esa adición, que infringía la ley, al considerar a Ocaña-Gamarra una extensión cuando su orientación era transversal a la original, se encartaron 33 funcionarios de la ANI que se suman al exdirector y al asesor Juan Sebastián Correa, relacionado con Bula.
Además, fueron condenados por tráfico de influencias para el torticero propósito ante la ANI –a punta de coimas– los congresistas Ñoño Elías y Musa Besaile y el senador Antonio Guerra de la Espriella también por este y otros delitos al haber presionado, en 2012, el contrato de estabilidad jurídica, que congelaba impuestos al 1 por ciento, para la Ruta del Sol 2.
Odebrecht y sus socios, que se adjudicaron el contrato 001 de 2010, con un cohecho del viceministro García, compraron políticos y funcionarios durante todo el proceso de la Ruta del Sol 2, desde el inicio hasta añadir Ocaña-Gamarra.
La SEC estableció que, en mayo de 2014, antes de aprobar el nuevo esquema, se “pagaron sobornos adicionales” a oficiales del Gobierno de Colombia en forma de “contribuciones ilícitas a campañas”, en la operación Gistic, denunciada por Jorge Enrique Pizano, desoído, fallecido en circunstancias trágicas y no claras en noviembre de 2018, así como su hijo Alejandro.
El 22 de julio de 2014, la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, firmó la resolución 0002127 donde se establecieron las dos estaciones de peajes adicionales en la “transversal Ocaña-Gamarra” y las tarifas a cobrar con los “ajustes” respectivos más el 3 por ciento. Esa conducta le valió, el mes de julio pasado, imputación de cargos por interés indebido en la celebración de contratos al consentir el otrosí que desconocía normas contractuales y un concepto del Consejo de Estado sobre las condiciones para adicionar concesiones. Está en proceso ante la Corte Suprema.
La Fiscalía advirtió el impedimento que Álvarez tenía por haber sido de la junta directiva de la sociedad portuaria con intereses en el puerto multimodal de Gamarra, del que eran accionistas familiares de su pareja. Asimismo, la acusa de que –para “subsanar” las irregularidades– “pidió convocar con prioridad el Conpes”. De hecho, el 2 de octubre de 2014 se expidió el documento 3817 que hace una “Modificación al documento Conpes 3571 importancia estratégica del proyecto vial autopista Ruta del Sol, tramo 2”. Lo firmaron Santos, Vargas Lleras, las ministras Álvarez y Parodi y todo el gabinete y el superministro Néstor H. Martínez, exabogado de la concesionaria, escogido luego como fiscal para controlar daños cuando estalló el bullicio. Cumplió el sucio encargo.
Esta es la verdad.
El Grupo Aval, que entre sus accionistas institucionales tiene aquí a JP Morgan y en Wall Street, en baja porción, a fondos como Vanguard Group y Black Rock, la sacó barata, pero debe una verdad: ¿quién es official 3? ¿Quién es el verdadero Aladino que recibió 3,4 millones de dólares? Si no lo revelan (no lo van a revelar), queda la alternativa del canto de Otto Bula. Como se vio, Aladino todo lo da y todo lo logra.