La gran paradoja en las elecciones de 2022 fue que el grueso de los votantes de Petro lo hizo por una promesa de cambio que consistía en “quitarles el poder a las élites políticas y devolvérselo al pueblo”. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: las élites políticas tradicionales afianzaron su poder y surgió una nueva elite, más insaciable y corrompida, que ha llevado el latrocinio a otro nivel. Era previsible; cada propuesta de campaña de Petro implicaba un crecimiento más grande del aparato estatal, y sus electores no se percataron de una verdad axiomática: los estados, en cualquier parte del planeta, son manejados por los políticos. De ahí que, tristemente, esos electores de Petro, en vez de un voto castigo a los políticos, lo que hicieron fue darles un voto de confianza para que aumentaran su ya desmedido poder sobre la sociedad. Esa es la razón por la que hay tantos arrepentidos de Petro, pero también por la que las maquinarias políticas tradicionales se sientan tan a gusto a su lado.

Pero el problema no para en el desmedido poder de los políticos con su consiguiente aumento de la corrupción, el problema se agrava porque ese poder ganado por los políticos se les ha quitado a los ciudadanos. Por ejemplo, aunque Petro acusa a sus predecesores de haberle puesto impuesto a la sopa, quien realmente lo hizo fue él, al grabar alimentos de primera necesidad bajo la excusa de impuesto saludable; esa platica que le saco del bolsillo al ciudadano de a pie, la utilizó, por ejemplo, para crearle un ministerio inútil a Francia Márquez, para que la señora cobrara por ventanilla el voto de confianza de los 800 mil ciudadanos despistados que la apoyaron en las urnas.

Pongamos en cifras el argumento del aumento del poder de los políticos: el gasto público total en Colombia crece de 2022 a 2024 en un 43 %, y crece aún más en la parte discrecional, como son los gastos de funcionamiento, en un 46 %. Y de acuerdo con el presupuesto que sacara el Gobierno por decreto de 523 billones para 2025, el gasto sigue creciendo con 20 billones adicionales. Y mientras los políticos gastan y roban a manos llenas, las empresas o quiebran o no crecen, los ciudadanos pierden sus empleos o no encuentran uno, y cada vez la canasta familiar esta más cara: ese era el cambio.

Pero puede ser peor: el marxismo se trata de eliminar la economía privada y poner al Estado, o sea a los políticos, a cargo de todo, y Petro es un marxista confeso. Ya esas épocas bárbaras cuando unos barbudos bajaban de la sierra triunfantes en la guerra a imponer el comunismo por la fuerza han quedado atrás. Ahora los comunistas tienen un método más sutil pero más seguro: ganar elecciones y desde el poder crecer el Estado hasta extinguir al sector privado, someter a la ciudadanía empobrecida y demoler la institucionalidad democrática para impedir la alternancia de poder; es de manual. Por eso, todo congresista que le apruebe su nueva reforma tributaria está siendo cómplice de la demolición democrática de Colombia.

En 2026, Colombia tiene que unirse en torno a un candidato a la Presidencia, y a unas listas al Congreso que representen genuinamente la voluntad del pueblo de quitarles poder a los políticos y regresárselo al ciudadano. Esa no solo debe ser la consigna para no caer al abismo, sino para ser exitosos como sociedad, pues no existe ningún país en el mundo que haya superado la pobreza gastando más del 30 % de su PIB. Todos los países ricos, que hoy gastan más del 30 % de su PIB, lo hicieron cuando el ingreso per cápita de sus ciudadanos superaba los 23 mil dólares. Nosotros apenas tenemos uno de 6 mil dólares, y ya tenemos un gasto público de 32 % de nuestro PIB.