Las reiteradas declaraciones del presidente contra la Rama Judicial, órganos de control como la Procuraduría y la Fiscalía, medios de comunicación tradicional y no tradicional, así como las actuaciones de varios miembros de su gabinete y bancada, muestran el talante dictatorial y despótico de Petro y su equipo.

Las retenciones ilegales y secuestros son típicos de regímenes que violan los derechos humanos, práctica que al parecer inicia este gobierno. Pinochet, Putin y ahora miembros del gobierno “del cambio” parecen también recaer en estas conductas. Del relato de la niñera contratada por Laura Sarabia, jefe de gabinete de Petro, se concluye que esta fue torturada psicológicamente, además de presionada para firmar la autorización que habilitaba a miembros del cuerpo de seguridad de Casa de Nariño.

Abogados penalistas concluyen que la señora Marelbys Meza, empleada de Laura Sarabia, también fue víctima de secuestro. La jefe de gabinete además habría incurrido en abuso de función pública, delito sancionado en nuestro Código Penal con pena de prisión de 16 a 36 meses, e inhabilidad de 80 meses para ejercer cargos públicos.

El hurto de un maletín con una suma importante de dinero de la casa de la señora Sarabia, tal como ella posteriormente denunció, no es en ningún caso un asunto de seguridad nacional, es un incidente doméstico, de su esfera personal. Por tal razón, tanto el esquema de protección de Laura Sarabia, como los funcionarios que practicaron el examen de polígrafo a Marelbys Meza estaban inhabilitados para hacerlo. Esto es despotismo y abuso de poder.

La Convención Interamericana para Prevenir y sSancionar la Tortura indica en su artículo segundo que “se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.

La niñera Meza fue sometida a tortura psicológica, la cual es castigada no sólo por la Convención antes mencionada, sino también por una vasta normatividad nacional e internacional. En este caso, debe caer sobre la causante de esta conducta típica, antijurídica y culpable todo el peso de la ley.

Otro caso evidente de abuso de poder son las repetitivas declaraciones del presidente de la República en contra de la Rama Judicial y los órganos de control. Ayer, el Consejo de Estado tuvo que emitir un comunicado a la opinión pública en el cual invitó a todos los ciudadanos y de tentadores del poder público a “evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial”.

Al igual que con la Fiscalía, pareciera que la intención del presidente es generar un ambiente de disputa con las Cortes para luego evitar que estas juzguen a sus familiares o a él mismo. Conductas de su esposa, su hijo y su hermano son actualmente escrutadas por la justicia. A Pedro Castillo, por su actuar despótico, lo están juzgando las Cortes en el Perú, ¿estará viendo el presidente Petro hacia el futuro?

Con relación a los medios de comunicación, el abuso de poder es más que evidente. Con frecuencia el presidente Petro convoca a las bodegas que están a su servicio para que ataquen a todo aquel que publique información con la que no se sienta cómodo. Sus alfiles, también con frecuencia, atacan a la prensa.

No le basta al presidente con querer callar a las Cortes, ya que estas no hacen fallos a su medida. También censura a los medios, por denunciar las irregularidades de su administración. Quiere Petro fungir de demócrata cuando en su actuar es claro que en sus aspiraciones está la destrucción del Estado de Derecho, la democracia y las instituciones.