En los últimos 40 años, Colombia ha tenido varios procesos de paz, algunos más exitosos que otros, pero todos producto del esfuerzo de los diferentes Gobiernos para propiciar desmovilización, desarme y reincorporación de grupos ilegales que en un momento tuvieron alguna motivación política.

El acuerdo con las Farc cumplió seis años y no fue el mejor acuerdo posible, como señalaron los vacíos criticados en el rechazo popular del plebiscito. Sin embargo, el acuerdo existe constitucionalmente, ha recibido apoyo internacional y como sociedad nos corresponde trabajar en su implementación.

Eso hizo nuestro Gobierno y luego de seis años reconocemos que este proceso ha dejado múltiples aprendizajes, entre ellos que la paz de Colombia no es un asunto electoral, tampoco individual del presidente de turno, ni siquiera ideológico, ni puede buscar honores personales.

Vivir en paz es el derecho y el propósito colectivo de toda una nación y de sus instituciones construidas para el largo plazo y no para aplausos ni retaliaciones efímeras. La paz se debe construir responsablemente para las actuales y las generaciones futuras.

Por tanto, en el marco de esta conmemoración, es importante poner en contexto dicho acuerdo, pues con su firma en el 2016 se sobredimensionaron expectativas en la sociedad colombiana y en la comunidad internacional de una paz inmediata, a pesar de que el narcotráfico seguiría gravitando como factor de violencia. Se omitió deliberadamente reconocer que persistían amenazas por parte de grupos armados ilegales, como las disidencias de Farc, el ELN y grupos terroristas y criminales vinculados a carteles internacionales de las drogas.

Nuestro Gobierno en el año 2018 emprendió el reto de la implementación, entre otras, porque ya la Constitución incorporaba el acuerdo, y trabajó para construir instituciones más sólidas, mejor democracia, mayor progreso económico y social e infraestructura en las regiones para avanzar en cerrar brechas inaceptables de nuestro país.

Para alcanzar la paz se requiere el compromiso permanente de acatar el Estado de derecho y acabar con la impunidad de cualquier actor criminal, que tanto daño ha hecho a Colombia, con crímenes de lesa humanidad que han afectado a todos, pero sobre todo a los colombianos más humildes.

Entendimos la perspectiva multidimensional de la paz y, a pesar de las amenazas que persistían, buscamos maximizar recursos y capacidades para implementar el acuerdo, en virtud de lo señalado por la Corte Constitucional. Desde el 2018 se adaptó la institucionalidad para implementar de forma eficaz, verificable y abierta al escrutinio la implementación y se hicieron inversiones aplazadas por décadas en las regiones. Así lo reconocieron repetidamente el jefe de la misión especial y el Consejo de Seguridad de la ONU.

El futuro en paz requiere la decisión indeclinable de defender el Estado de derecho (condición indispensable para la convivencia social) y, por tanto, combatir contundentemente el narcotráfico, el reclutamiento de menores, el terrorismo y la violencia sexual contra personas y poblaciones enteras, y requiere evitar que nuevas negociaciones desconozcan los compromisos del acuerdo del 2016.

Tal como ha manifestado el Dr. Humberto de la Calle, no es consecuente con ese acuerdo que se hagan nuevos procesos de paz con disidencias como la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, que traicionó desde el comienzo lo pactado en La Habana. “Los desertores no pueden entrar en conversaciones con el Gobierno, salvo para el sometimiento a la justicia ordinaria”, ha aclarado De la Calle, y ello es coherente con lo expresado en el acuerdo elevado a rango constitucional.

Estas reflexiones y experiencias nos permiten indicar que, más allá de las múltiples acepciones o eslóganes en torno a la paz, como “Paz total”, “Paz para todos” o “Paz con legalidad”, se requieren todos los componentes y herramientas transversales que la construyen.

El acatamiento a la ley; la reincorporación, atención y reparación de víctimas; el desarrollo rural; garantías de seguridad; lucha contra el narcotráfico; verdad, justicia y garantías de no repetición; desarrollo económico y social en todo el territorio que genere empleos y proyectos de producción que aseguren una vida digna a los ciudadanos deben formar parte de la negociación, asignando de antemano presupuesto y recursos, que es lo que no hizo el acuerdo con las Farc.

De no ser así, estaremos condenando a Colombia a sumirse en más y más violencia, y a renegociar acuerdos con disidencias y más disidencias que se burlan incesantemente del anhelo de paz de los colombianos y de las motivaciones de quienes negocian pensando en ellos más que en la nación.