La supuesta “paz total” nos sigue confirmando que una de las principales banderas del Gobierno Petro es más un pasaporte a la impunidad para criminales y delincuentes que una esperanza de paz verdadera para todos los colombianos. Me sigo preguntando cómo es que pretenden paz, perdón o reconciliación si las víctimas no están en el centro de ningún proceso y si, además, no se están abordando las causas estructurales de la violencia, sino que más bien se están pagando favores y votos.

Esta vez se conoció, gracias a una revelación hecha por SEMANA y a unos hechos notorios confirmados por el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, que existe una presunta red de abogados con un plan siniestro para que algunos capos del narcotráfico puedan infiltrarse como gestores de paz, pagando hasta un millón de dólares para obtener beneficios de la “paz total” de Petro, congelar procesos judiciales y evitar ser extraditados a los Estados Unidos.

Estamos hablando de lobos con piel de ovejas... narcotraficantes y criminales de alto impacto, como alias Ómar, capo de la mafia en Antioquia y comandante de la banda los Pachelly, que pretenden obstruir la justicia y corromper un propósito de paz instrumentalizándolo para sus propios fines.

Como si fuera poco, también se conoció recientemente que jefes de bandas como los Pachelly, el Mesa y el Triana, dedicados a perpetrar homicidios, extorsiones y tráfico de drogas, están intentando hacerse pasar por integrantes de comunidades indígenas para evitar pagar sus condenas en cárceles, ser trasladados a resguardos o enfrentar nuevos juicios según la jurisdicción indígena.

Pero el involucramiento oportunista y profundamente irrespetuoso de los narcotraficantes en los procesos de paz no es algo nuevo en Colombia. Solo por mencionar algunos casos, recordemos cuando el proceso de paz con las Farc tuvo un fuerte revés con la entrada de Gildardo Rodríguez, alias el Señor de la Camisa Roja, y su solicitud de ser trasladado a una zona veredal transitoria para obtener un estatus de libertad transitoria y someterse posteriormente a la JEP.

O el caso del narcotraficante Olindo Perlaza Caicedo, alias Olindillo, quien habría pagado un millón de dólares a Luis Eduardo Carvajal, alias Rambo, de las Farc, para que lo incluyera en la lista de combatientes de esa guerrilla y poder así acogerse a los beneficios del proceso de paz. Recientemente, el jefe del Clan del Golfo, alias Otoniel, solicitó ante la JEP una serie de audiencias, e incluso pidió ser considerado para ingresar en el proceso de negociación que se adelanta con las Farc, con el propósito de cumplir una condena por delitos cometidos en el marco del conflicto armado y no por los delitos de narcotráfico imputados en cortes norteamericanas.

Como vemos, históricamente las negociaciones de paz en el país se han visto manchadas por narcos intentando esconderse bajo el velo de la paz para salir bien librados de los crímenes que deben pagar. Este Gobierno no puede hacerse el inocente frente a este modus operandi de los mafiosos ni mucho menos taparles las patrañas a grandes violadores de derechos humanos en Colombia, a quienes debe exigírseles un sometimiento a la justicia desde el marco legal y constitucional.

Lo dijimos y denunciamos desde el año pasado: Petro pactó un “perdón social” con criminales de La Picota a través de su hermano Juan Fernando Petro y otros de sus aliados con el fin de intercambiar votos a cambio de beneficios jurídicos para narcotraficantes, como el lavado de sus fortunas y la excarcelación. Hoy este Pacto se está materializando bajo el paraguas de la paz.

No se puede estar en contra de la paz, pero tampoco a favor del asalto ilegal al Estado de derecho y a la buena fe de los colombianos. Una negociación a cualquier costo, nada más para pagar favores políticos y mostrar resultados apresurados en un tema que exige plena confianza y amplia legitimidad nacional, nos puede llevar a un punto de no retorno y al fortalecimiento de los grupos armados organizados al margen de la ley, las estructuras criminales y el narcotráfico que las sustenta. Sobre esto último, solo un dato para terminar: con corte al 27 de enero, solo habían sido destruidos 11 laboratorios de drogas. En el mismo periodo de tiempo del año pasado se habían destruido 213.

Que el tiempo de “paz total” no sea un tiempo para que las estructuras criminales movidas por intereses económicos se fortalezcan, mientras la fuerza pública sigue maniatada y la población civil desprotegida.