El 7 de agosto, durante su discurso de posesión, el presidente Petro se dirigió a todos los colombianos con un mensaje de optimismo y esperanza en torno a la tan anhelada ‘paz total’. Esto no era sorprendente, ya que el presidente venía de un pasado como guerrillero activo del Movimiento 19 de abril (M-19), una organización insurgente que había logrado una oportunidad sin precedentes para negociar con el Estado colombiano. Cumpliendo sus compromisos, el M-19 comprendió que la superioridad de las fuerzas militares del país los había debilitado enormemente y optaron por la vía de la negociación. Su proceso de paz, incluyendo el indulto otorgado por el gobierno de Virgilio Barco, se convirtió en un ejemplo de éxito en la historia de la democracia colombiana, sentando las bases para la entrada de fuerzas alternativas en la política y, años después, la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia.
En su discurso, el presidente Petro expresó su deseo de lograr una paz duradera. Hizo hincapié en la importancia de poner fin a seis décadas de violencia y conflicto armado y comprometerse a cumplir el Acuerdo de Paz, seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y trabajar incansablemente para llevar la paz a cada rincón de Colombia. Este gobierno se autodenominó “el Gobierno de la vida y de la Paz” y prometió ser recordado de esa manera.
Sin embargo, lo que pocos imaginaron es que la búsqueda de esta “paz total” implicaría una cesión de liderazgo, especialmente en lo que respecta a las fuerzas militares, que hoy parecen haber perdido su papel fundamental y se asemejan más a un grupo de exploradores que a la institución que históricamente ha sido el pilar de la democracia colombiana durante más de dos siglos. La jerarquía y la fortaleza de las fuerzas armadas han sido cruciales para mantener la democracia, a pesar de los altibajos que ha enfrentado a lo largo de la historia. Estas fuerzas han llevado a grupos insurgentes como el Ejército Popular de Liberación (EPL), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el M-19 a optar por la vía de la negociación y firmar acuerdos de paz con los gobiernos respectivos.
Sin embargo, la situación actual en torno a la “Paz total” parece ser una entrega completa del país y sus instituciones. Un ejemplo evidente de esto fue el lamentable secuestro del papá de Luis Díaz y de 18 ciudadanos colombianos, que se realizó con la autorización del gobierno, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esto ha generado una sensación de incertidumbre y confusión en la población, ya que el gobierno, en su afán por lograr sus metas políticas, parece haber perdido el rumbo, y los resultados de las elecciones regionales reflejan esta preocupación en la opinión pública.
Si el presidente pretende continuar con el proceso de ‘paz total’ en lugar de una “entrega total”, es imperativo que reconsidere por completo la estrategia de esta política. Esto significa restaurar y fortalecer la autoridad de las fuerzas militares y de policía con el fin de garantizar la protección de los ciudadanos. En la actualidad, muchos de nosotros nos sentimos desprotegidos al cumplir condiciones impuestas por grupos delictivos. Podría entenderse que el gobierno se vea forzado a ceder para lograr avances en las negociaciones, lo cual se asemeja a lo que ocurrió en los acuerdos anteriores con las Farc, una estrategia que ahora parece cuestionable al ceder parte de la institucionalidad del país.
En el proceso actual, nos encontramos negociando con miembros de las Farc que desertaron del acuerdo anterior o no se adhirieron a él debido a desacuerdos con el gobierno o por sus intereses en el narcotráfico y otros negocios ilícitos. Incluso quienes tenían fe en ese proceso, como yo en su momento, ahora perciben que fue una paz ilusoria.
La autoridad desempeña un papel crucial en la sociedad para mantener el orden. En Colombia, al priorizar una política de ‘paz total’ que involucra a todos los grupos delictivos, se ha transformado en una rendición total de la institucionalidad. Esto ha generado una incapacidad para regular las relaciones entre las personas, lo que a su vez dificulta el cumplimiento de las leyes y el mantenimiento del orden. En consecuencia, nuestras fuerzas militares y de policía se ven relegadas a un papel pasivo, lo que contribuye al caos y los conflictos, especialmente en las zonas del país que se han incluido en las negociaciones de paz. Este problema se extiende gradualmente al resto del país, lo que resulta en una falta de protección y seguridad para los colombianos en general.
La entrega total del Estado ha tenido un impacto en las elecciones regionales, donde los aliados del gobierno han sufrido un revés. A pesar de los intentos del presidente de afirmar que cuenta con un gran respaldo de sus aliados en el Congreso, lo cierto es que esto ha sido desmentido por los propios aliados. Como solían decir los abuelos, “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.
A los parlamentarios aliados de la coalición del gobierno de Petro, les queda claro que su futuro político no se presenta prometedor con la entrega total de la institucionalidad que han respaldado desde el Congreso. Dependiendo cada vez menos de sus acuerdos y negociaciones en sus intereses personales para respaldar proyectos de ley que van en contra de la mayoría de los colombianos, su futuro político podría desencadenar resultados similares a los que vivieron sus aliados políticos en las elecciones regionales. Esto tendrá consecuencias en las próximas elecciones al Congreso, a menos que den un giro significativo y dejen de apoyar un gobierno que se encuentra seriamente deslegitimado, incluso por sus propias bases, como lo demuestran los resultados electorales del pasado 29 de octubre.
Es evidente que los miembros del Pacto Histórico, ya sean congresistas o funcionarios del gobierno, parecen estar completamente cegados por su ideología. A pesar de haber perdido más de 8 millones de votos en tan solo un año, continúan respaldando a su presidente como si fuera un Salvador. Es comprensible que mantengan su apoyo, incluso si no están de acuerdo con sus políticas, ya que sus afinidades ideológicas parecen pesar más que la realidad que estamos experimentando como colombianos.
En este contexto, los partidos aliados del gobierno, que han buscado acuerdos con el gobierno por razones burocráticas y otras consideraciones, deben comprender que el pueblo les pasó factura en las elecciones regionales, donde la oposición ganó en la mayoría de las grandes capitales y gobernaciones. Si estos partidos aliados no modifican su rumbo, estoy seguro de que no solo perderán, como sucedió en las elecciones regionales, sino que obtendrán resultados similares en las próximas elecciones al Congreso y presidenciales.
Para seguir el camino que se trazó en las elecciones regionales, es esencial que los líderes elegidos en esas elecciones trabajen en conjunto por regiones y ejerzan presión sobre el presidente Petro y su gobierno para que comprendan la importancia de colaborar con las nuevas realidades regionales. Solo así podremos sacar a flote un país sumido en el caos, que es resultado no solo de una política de “paz total” que se convirtió en una “entrega total”, sino también de políticas sociales que afectan directamente a los colombianos más necesitados, a quienes se prometió beneficiar.