Uno de los incumplimientos más significativos y sensibles de los acuerdos de paz es el de la dotación de tierra a campesinos sin tierra o con poca tierra. En los últimos días, el jefe de la Misión de Observación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu; el representante especial de la Unión Europea, Eamon Gilmore y la embajadora en Colombia, Patricia Llombart, en visita al Caquetá con el presidente Duque, se desplegaron en reconocimientos a los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) sin reparar en la grave omisión de no avanzar en la entrega y formalización de la tierra sin la cual los campesinos continuarán en la exclusión y la miseria.La causa estructural principal de esa pobreza es la concentración de la tierra que según el Instituto Agustín Codazzi registra un alarmante Gini de 89.7, donde 0 es igualdad total y 100 la inversa. El 64 por ciento de los hogares campesinos no tiene acceso a la tierra y 4.4 millones son dueños de parcelas demasiado pequeñas para trabajar y sostener a sus familias (IGAC). Las fincas de más de 500 hectáreas pasaron, entre 1960 y 2017, del 29 al 66 por ciento del total como consecuencia del desplazamiento forzado y el despojo que caracterizó a la violencia paramilitar. Con base en el censo agropecuario, Oxfam revela que el 42,7 por ciento de los propietarios de los predios más grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos. Frente a esta realidad, el primer punto del Acuerdo del Teatro Colón sobre reforma rural integral enuncia como meta de largo alcance: “Solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales”. Los firmantes parten del reconocimiento de “que si bien este acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo, no es suficiente por lo cual deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el Estado destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición, entre otros, que brinden bienestar y buen vivir a la población rural —niñas, niños, hombres y mujeres”.Para cumplir estas ambiciosas metas el acuerdo de paz contempla el Fondo de Tierras y el catastro multipropósito, con la obligación de entregar 3 millones de hectáreas a campesinos sin tierra o con poca tierra y de formalizar los títulos de 7 millones de hectáreas más; y la implementación de los PDET en los municipios más afectados por el conflicto armado. Con estas medidas se busca en un plazo de diez años “la erradicación de la pobreza extrema y la reducción en todas sus dimensiones de la pobreza rural en un 50%, así como la disminución de la desigualdad y la creación de una tendencia hacia la convergencia en mejores niveles de vida en la ciudad y en el campo”. Son metas alcanzables si se acompañan de la voluntad política de remover las causas del conflicto social y de la pobreza estructural de los campesinos.Hasta la fecha, la Agencia de Renovación del Territorio ha entregado 600 obras en los 170 municipios PDET, pero ni una sola hectárea de tierra. Con la construcción de casetas comunales, puentes colgantes, parques, cerramientos de escuelas, baños públicos y mejoramiento de vías, entre otras obras, el Gobierno está efectivamente haciendo mejor presencia en los municipios PDET que comprenden el 24 por ciento de los 6.6 millones de habitantes rurales. La pregunta es si en ausencia de lo principal, la tierra, puede impulsarse un desarrollo rural integral y sostenido como el vislumbrado por el acuerdo de paz. La respuesta es negativa. Los planes de desarrollo con enfoque terriotrial PDET sin dotación de tierra al campesino son un placebo.Hecatombe humanitaria. Sigue el baño de sangre. Según Indepaz, a febrero 17 iban 46 líderes sociales asesinados, tras el homicidio de los hermanos Albeiro y Luis Silva en el municipio de Miranda, Cauca el pasado fin de semana.