Cuando se expidieron en Alemania las primeras leyes de seguridad social y luego en Inglaterra al instaurarse los Seguros Sociales, el principio rector fue el de solidaridad colectiva, de ingresos altos a bajos y de jóvenes a mayores. Del apoyo mutuo y del Estado no se puede prescindir para un sistema equitativo y eficaz, pero en Colombia se desechó con la Ley 100 de 1993.
El thatcherismo revirtió grados de bienestar; no obstante, el gasto público social en el Reino Unido y Alemania, como porcentaje del PIB, es del 26,9 y 20,6, mientras en Colombia 13,1 (Ocde, 2019). Como todo régimen pensional exige subsidio estatal, los ingleses reciben el 7,7 por ciento del PIB, los germanos, el 10,3 (Ocde, 2022) y aquí apenas el 1,25 para los pensionados de Colpensiones. Con otro 2,75, se cumple con 200.000 docentes jubilados, 55.000 militares y miles de exfuncionarios.
¿Por qué tan poco gasto público pensional? Con dos regímenes, de Ahorro Individual (Rais) y Administradoras Privadas (AFP) y de Prima Media (RPM) manejado por Colpensiones, se orientó al grueso de los afiliados y cotizantes al primero, donde cada individuo hace su capital. Tiene 17,93 millones inscritos, solo 6,94 pagan aportes, y acumula 358 billones de pesos en 27 años.
Ese dinero se invierte en el mercado financiero con rentabilidades mínimas decrecientes (Saqueo, pág. 218), principalmente por el duopolio de Porvenir y Protección, que devenga una comisión del 7,7 por ciento de cada contribución más el importe del seguro individual que contratan en sus respectivas aseguradoras. Un completo filón. El Rais tiene 247.236 pensionados, que perciben cerca de 4 billones de pesos al año (Asofondos-Superfinanciera, 2022).
Colpensiones cuenta con 6,78 millones de afiliados, apenas 2,7 cotizantes, y cubre 1,5 millones de jubilados con 95 por ciento de sus mesadas inferiores a cinco salarios mínimos. Valen 33,5 billones de pesos anuales pagadas por: 1) contribuciones de los usuarios, 2) bonos pensionales de personas trasladadas del Rais, más de 80.000 al año, y 3) transferencias presupuestales por 11,7 billones de pesos (Colpensiones, Informes de Gestión, 2019 a 2021).
La Ley 100 fracasó, cumplió “parcialmente” (OIT, Casalí-Farné, 2020). Apenas se jubila una de cada cuatro personas en edad de pensión y peor en las mujeres. La Misión de Empleo (2022) dijo: “El Rais no pensiona a la mayoría de sus afiliados, dejándolos desprotegidos para enfrentar la vejez” y que de 2017 a 2019, por cada pensionado, 1,65 personas solicitaron la devolución del ahorro. Para jubilarse con el mínimo deberían trabajar 52 años (idem, págs. 21-22) y el matemático Diego Escobar calcula que en 25 años acopian 39 millones de pesos.
En Colpensiones la cobertura es superior, pues con los requisitos cumplidos se logra el derecho fundamental, pero se alega la desigual distribución de los subsidios, en tanto el monto dado a las pensiones de diez salarios mínimos es nueve veces el de las de uno (idem, pág. 17). En el RPM la pensión es 70 por ciento del último salario y en el Rais del 37,5 (BID, 2014).
“Aumentar la cobertura implica atacar la informalidad” (Econometría-Olivera) en cuya base están la mitad de los ocupados, que ganan menos del salario mínimo (Dane, 2020). Este es el primer problema y refleja el fiasco de la política económica. Muchas propuestas pasan por encima de ese desbarajuste y se alinean o en “formalizar” lo informal –dar una “prestación”– o en cambiar parámetros de edad o tiempo en busca de menos gasto público, como dictaminan los organismos internacionales.
De ahí que ciertas “iniciativas han indicado que el problema principal es fiscal” (idem-Olivera), incluida la de Gustavo Petro, quien para financiar la “prestación” a los desamparados recurriría a porciones del ahorro en el Rais al volverlo “público”, del que extraería, según cálculo de Diego Escobar, 13,49 billones de pesos anuales. Lo enlaza con poner en Colpensiones las cotizaciones de ingresos hasta cuatro salarios mínimos, circunscribe la solidaridad a tal conjunto laboral y de tal modo reducir los subsidios estatales. Las AFP conservarán los usuarios de ingresos más altos. Una carambola que coincide con el plan de tres pilares del Banco Mundial, discriminatorio.
Abogo por restablecer la solidaridad colectiva como fundamento. Con más aportes a los fondos sociales y de garantía mínima; con una reforma tributaria que grave a personas naturales y jurídicas “superricas” (Garay) para planes de empleo y pensión como un derecho derivado, y un menor subsidio a las mesadas de deciles altos para redistribuirlo entre los bajos. Son medidas factibles para virar hacia la colaboración recíproca sin la cual seguirán pensiones miserables bajo la posición dominante de dos AFP –integradas a sus bancos–, que es cuestionada hasta por la Ocde.